Empleo público: menos caricaturas, más evidencia

Durante los últimos meses hemos presenciado un prolífico debate respecto al empleo público en Chile. Diversas miradas y cuestionamientos intentan opinar sobre un tema complejo y estigmatizado. Por eso es importante desmitificar algunos puntos.

Según la OCDE, Chile destaca en los primeros lugares (4º, 6º) en eficiencia del gasto público, logrando resultados significativos con un presupuesto más bajo que el promedio, y superando a países como Italia o Alemania. Si ponemos el foco en el empleo público y cómo se articula desde el Servicio Civil, el BID ubica a Chile en el 1° lugar del ranking de Latinoamérica y el Caribe, por segunda vez consecutiva, aumentando en siete puntos respecto al índice de 2014.

En la última Encuesta de percepción de Funcionarios Públicos, de la University College of London y el BID (2023), Chile mejoró respecto de la forma en la que se ingresa al sector público. Al comparar a las personas que ingresaron hace 10 años con quienes lo hicieron hace menos de un año, el porcentaje que se enteró de la oferta laboral a través de un anuncio público subió de 32% a 51%.

En otros países valoran políticas de empleo público de Chile como la Alta Dirección Pública, referente en países de Latinoamérica y Europa como una iniciativa que reduce la discrecionalidad en la selección de directivos públicos y asegura el mérito en los nombramientos de confianza. Y con el objetivo de reducir la arbitrariedad en el ingreso de la mayoría de las personas al Estado, desde 2018 el Servicio Civil ha implementado una norma obligatoria para la Administración Central que obliga a publicar los cargos a contrata y código del trabajo abiertamente a la ciudadanía, implementar procesos de reclutamiento y selección bajo un estándar mínimo, y reportar su cumplimiento cada año. En su primer año de implementación (2018), 49% de quienes ingresaron por una contrata o código del trabajo lo hizo bajo estos estándares, y 51% se acogió a la excepción establecida para necesidades emergentes en el sector salud y cargos de confianza en gabinetes. En 2024, ya un 73% de quienes ingresaron lo hicieron por procesos de reclutamiento y selección públicos, buscando promover la meritocracia en todo el Estado. Hemos avanzado 23 puntos porcentuales en solo siete años. Y otra buena noticia: del 27% restante de casos contratados sin proceso de reclutamiento y selección, más del 95% fueron fundamentados mediante una resolución fundada, firmada por la jefatura de servicio.

Pero además, hace 13 años que en Chile se definen criterios objetivos para la desvinculación de personas a contrata. No está prohibido. Tampoco protegido. Se mantienen las causales de cese del Estatuto Administrativo. Esto, porque desde 2012, cada año se envía una circular que reitera criterios objetivos y fundados para estas desvinculaciones y desde 2018 se creó una mesa de revisión de los despidos de contratas al final de cada año, conformada por la Subsecretaría de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, Servicio Civil, representantes de sindicatos y mesa del sector público. Aún así, el porcentaje promedio de desvinculación de las contratas en los últimos dos gobiernos no supera el 0,5%, y en los últimos cuatro años el 0,4%.

En los países de la OCDE, las políticas orientadas a reducir la arbitrariedad en la contratación y desvinculación en el sector público se sustentan en los principios de mérito, objetividad, debido proceso y buena administración. La OCDE ha señalado que el uso intensivo y discrecional de contratos temporales debilita la profesionalización del servicio civil, afecta la continuidad institucional y erosiona la confianza en el Estado, recomendando establecer criterios claros y verificables para el término o no renovación de estos contratos. En tanto, la Organización Internacional del Trabajo, en el marco del concepto de trabajo decente y del Convenio 158 sobre el término de la relación de trabajo, ha enfatizado que las desvinculaciones deben basarse en causas justificadas, vinculadas a la capacidad o la conducta, y sujetas a procedimientos transparentes y revisables. Estas orientaciones se reflejan en experiencias de países como España, Alemania, Canadá y Reino Unido.

Hablar de empleo público requiere salir de los estigmas de antaño y revisar en detalle lo que ha ocurrido en nuestros país en los últimos años. No es que no haya nada que mejorar, pero tampoco estamos en un escenario catastrófico. Cuidar el Estado, su función e institucionalidad, no solo ayuda a mejorar la confianza de la ciudadanía, sino que permite cuidar las bases de nuestra democracia.