¿Hacer lo mismo?

Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. La frase popularmente atribuida a Albert Einstein cobra una connotación especial en estas fechas, ad portas de la segunda vuelta presidencial y en circunstancias en que, décimas más o menos, ya se puede dar por zanjado el balance económico del Gobierno que está a tres meses de completar su período.

Visto en su conjunto, lo que más llama la atención sobre la performance económica de Chile es que sin mediar crisis económica internacional durante los últimos cuatro años y con un precio del cobre en niveles altos y hasta en cotas récord, la performance macro de Chile ha estado sistemáticamente por debajo del promedio mundial, con tasas de crecimiento que oscilarán entre 0,5% y 2,6%, si es que se confirman los pronósticos para este año.

Un balance definitivamente pobre, más aún si se consideran otras aristas, como el ya crónico problema del desempleo que lleva tres años sobre 8%, unas cuentas fiscales repetidamente deficitarias, con altos niveles de deuda pública respecto del PIB y una incapacidad para reconstituir los sistemas de defensa ante crisis que se crearon, con un Fondo de Estabilidad Económica y Social (FEES) que en 2022 estaba en niveles en torno a los US$ 7.500 millones y que hoy, tras haberse realizado retiros sin que mediara una crisis, a octubre pasado tiene un valor de mercado 50% menor al registrado hace casi cuatro años, es decir de US$ 3.800 millones.

Súmese a lo anterior que, según la Comisión Nacional de Productividad, la economía no evidencia mejoras en su capacidad de generar valor, lo que restringe espacios para sostener un desarrollo futuro sobre bases sólidas; que tras los discursos sobre la importancia de la I+D, la inversión efectiva en este campo no da muestras de mejorar; que la inversión en infraestructura va a la zaga de las necesidades; y que tras aplazar para después de las elecciones las recomendaciones de actualización para la medición de la pobreza, en poco tiempo más este indicador bajo la nueva metodología multidimensional se ubicaría por sobre 22%, en lugar del 6,5% que da la revisada forma de medir que rige hoy.

Este estado de cosas es lo que explica por qué la economía está hoy a la cabeza de las preocupaciones ciudadanas, por qué las expectativas de los agentes económicos no se deciden a instalarse en el terreno del optimismo y por qué todo apunta a que lo que viene requerirá actuar frente a esta desafiante realidad con nuevas estrategias y renovadas energías.

Los pasos dados en estos años han sido insuficientes. La Ley de Permisos Sectoriales es un avance, pero su impacto concreto no será instantáneo ni desamarra por completo el nudo gordiano de las inversiones; el pacto fiscal y la consolidación de las finanzas públicas son mociones de orden que no cambian paradigmas; la reforma de pensiones saca un tema polémico de la agenda y puede ir con los años inyectando más profundidad al mercado de valores, pero también tiene externalidades; las 40 horas semanales, aprobadas con una aplastante mayoría, también representan un desafío mayor, sobre todo a la luz de los impactos sobre el mercado del trabajo que están teniendo las nuevas tecnologías y la IA.

¿Quiere decir que estas medidas carecen de importancia? No, para nada. Tienen valor y pueden dar un punto de apoyo, pero la evidencia muestra que han sido incapaces de hacer un cambio sustantivo en la capacidad de la economía de crear riqueza.

De hecho, ante esta realidad no han sido pocas las agendas procrecimiento que desde el sector empresarial y la academia se han presentado a los líderes políticos a lo largo de los últimos años. Se han expuesto en foros públicos, se han entregado en reuniones directas y, últimamente, se han reforzado en encuentros con los candidatos. Y, muy probablemente, se reiterarán y renovarán tras los resultados de la segunda vuelta.

Cambios que mejoren la competitividad tributaria del país con menores tasas de impuestos corporativos y un retorno al sistema integrado; una agenda que permita activar en forma acelerada los miles de millones de dólares en inversiones que están en condiciones de ponerse en marcha; reforzar y complementar la consolidación y el desmantelamiento de la densa trama de permisos que aún persisten; mayores certezas regulatorias para los inversionistas por un plazo de dos años; y actualizar y ejecutar en forma decidida el plan de concesiones, con foco en infraestructura regional, digital e hídrica. Esas son algunas de las prioridades relevadas y que podrían ser consideradas en forma proactiva por las nuevas autoridades, de modo de lograr resultados distintos a los del último tiempo (y, por cierto, mejores) gracias a que se dejó de hacer lo mismo, una y otra vez, sin producir cambios significativos en el país.