El Senado chileno rechaza el intento de inhabilitar a Diego Pardow para ejercer cargos públicos

El Senado ha rechazado este martes el intento de inhabilitar a Diego Pardow, exministro de Energía del Gobierno de Gabriel Boric, para ejercer cargos públicos o de elección popular durante cinco años debido a su responsabilidad política en la trama de errores en los cálculos de las tarifas de la luz, que provocaron que los chilenos pagaran un sobreprecio en sus boletas mensuales entre 2024 y 2025. Tras una sesión de más de siete horas, se ha salvado de la sanción con votos del oficialismo y algunos de la oposición en contra de los dos libelos acusatorios.

Pardow, militante del partido oficialista Frente Amplio, salió del ministerio de Energía el 16 de octubre, luego de que el presidente Boric le pidió la renuncia al cargo. El abogado, de 44 años, fue parte del círculo más cercano del mandatario de izquierda, incluso antes de ser secretario de Estado fue asesor presidencial para realizar seguimiento a la agenda gubernamental, un puesto de extrema confianza en el que estuvo seis meses. Fue, además, coordinador programático de la campaña presidencial de Boric en 2021.

El futuro político del abogado quedó en manos del Senado después de que la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del exministro el pasado miércoles. Sergio Bobadilla, diputado de la UDI, un partido de la derecha tradicional, expuso en la sala del Senado que, aparentemente, se llevó a cabo una “maniobra de reserva para ocultar la inoperancia de las autoridades” al no informar sobre la equivocación en el cálculo de los costos de la electricidad cuando fue detectado. “Es un insulto para los chilenos. Es evidente que la ciudadanía tenía derecho a saber de este error, porque no era el bolsillo de las empresas o el bolsillo del Estado el que se estaba viendo afectado, sino que el bolsillo de millones de chilenos", dijo.

La acusación constitucional fue interpuesta por la oposición unas tres semanas antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre, donde los candidatos Jeannette Jara, representante de la izquierda y militante del Partido Comunista, y el ultraconservador José Antonio Kast, pasaron al balotaje del 14 de diciembre. Algunos de los senadores que rechazaron inhabilitar al abogado, como el socialista Alfonso de Urresti, mencionaron una columna del académico Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, publicada el lunes en El Mercurio, para justificar su voto. El artículo de opinión señalaba que al exministro “se le reprochan actos que, desde el punto de vista legal y reglamentario, no estaban bajo su control. Y si se pretende que debieron estarlo, se lesiona la autonomía técnica de los reguladores que es parte fundamental de un Estado moderno y una economía de mercado”.

Una de las mayores inquietudes de Pardow era quedar impedido de volver a dictar clases en la Universidad de Chile —donde enseñó por primera vez en 2008— si el Congreso determinaba que no podía ejercer funciones públicas. Tras salvarse, el frenteamplista recordó que su padre fue académico en esta casa de estudios y también un exonerado (despedido por razones políticas) en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). “Cuando hablamos que nuestras instituciones mejoran, yo hoy tuve el espacio que él no tuvo, de presentar argumentos, de ofrecerle a personas que piensan distinto una perspectiva de qué era lo justo”, dijo.

El libelo acusatorio constó de dos capítulos. Uno de los apartados apuntó a que el exministro habría incumplido los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa al establecer las tarifas del sistema eléctrico chileno vigentes desde el 1 de enero de 2024, lo que derivó en pagos en exceso. Este fue rechazado con 28 votos en contra, 17 a favor y una abstención.

El otro capítulo responsabilizaba a Pardow de supuestamente infringir el principio de probidad debido a que no habría actuado oportunamente tras la autodenuncia de Transelec después de que esta empresa detectara un error de cálculo de los precios de las cuentas de la luz, el cual comunicó al ministerio de Energía a fines del año pasado.

El caso se complicó después de que se supo que la pareja de la exautoridad, la abogada Carolina Iñiguez, fue parte de un estudio jurídico que defendió a Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), lo que fue interpretado por algunos parlamentarios como un posible conflicto de interés, lo que fue refutado por Pardow. El abogado Francisco Cox, que defendió al exministro, dijo que la acusación en su contra es inédita: “Nunca me había tocado que se arrastrara a la familia en esto, se dice que no declaró un conflicto de interés que no existe. Es lamentable hacerse cargo de hechos que no están en la acusación”.

Pero, finalmente, este capítulo de la acusación también fue desestimado con 21 votos en contra, 21 a favor y tres abstenciones.