Voto obligatorio: el factor clave de la presidencial chilena

La primera aclaración que hacen los politólogos cuando analizan lo que puede ocurrir en las elecciones presidenciales y parlamentarias chilenas del 16 de noviembre es que no se pueden comparar con ninguna otra. Por primera vez, todos los mayores de 18 años están obligados a acudir a las urnas, arriesgando una multa si no lo hacen. Eso quiere decir que, mientras los últimos mandatarios fueron elegidos en comicios donde participaron unos siete millones de votantes, la mitad del padrón electoral, -Gabriel Boric salió electo con el 55,8% de los votos-, esta vez son 15,8 millones los que deberán sufragar. De ellos, 880.000 son extranjeros que residen en Chile al menos desde hace cinco años. La gran incógnita, entonces, es a quién apoyará este cuantioso bolsón de electores, compuesto principalmente de jóvenes y de sectores populares, que eran los que no participaban cuando el voto era voluntario. Los sondeos revelan que, sin sentirse necesariamente parte del clivaje izquierda-derecha, las candidaturas de la oposición al Gobierno de Gabriel Boric serían las que captarían a los nuevos votantes.

Desde el plebiscito constitucional de septiembre de 2022, donde un 62% rechazó el texto liderado por la izquierda más dura, todas las elecciones se han realizado bajo el sistema de inscripción automática en los registros electorales y voto obligatorio. Después del fracaso del primer plebiscito, el Partido Republicano, de la extrema derecha, salió victorioso en la elección de consejeros de 2023. Luego, la mayoría de los chilenos votó en contra de la propuesta constitucional que lideraron las derechas y en la elección municipal del año pasado ninguna coalición arrasó, pero el país se inclinó por líderes de la centroderecha. En los consejeros regionales, las derechas obtuvieron un 51% de los cupos. Con estos resultados, los expertos concluyeron que el votante obligado es diverso, pragmático, y que no votan según un marco ideológico, sino que basado en sus preocupaciones, que hoy son la seguridad, el control migratorio y el crecimiento económico, banderas que tradicionalmente han enarbolado las derechas, especialmente la extrema.

Estas elecciones presidenciales se celebran en un contexto de desafección política y agotamiento electoral -han habido seis comicios en los últimos cinco años-, lo que se ha visto reflejado en un ambiente de campaña más descafeinado que las anteriores. El 24% de los chilenos se identifica con la derecha, su mayor histórico, según la encuesta del Centro de Estudio Públicos (CEP), un 36% con el centro y un 20% con la izquierda. Otra cifra que ha alcanzado su máximo es el respaldo a que, en algunas circunstancias, un régimen autoritario puede ser preferible (23%). Por su parte, las instituciones en las que menos confían son los partidos políticos (4%) y el Congreso (8%).

De acuerdo al promedio de las últimas encuestas publicadas antes de la veda, vigente de acuerdo a la legislación chilena 15 días antes de la elección, llegan como favoritos la candidata de la izquierda, Jeannette Jara (28,5%), y el republicano José Antonio Kast (19,9%), de la extrema derecha. El libertario Johannes Kaiser se ubica en el tercer lugar, con un 15,6%, quien superó en las últimas semanas a Matthei, que figura cuarta (14,1%). Un alcance que hacen los politólogos es que los votantes obligados pueden estar subrepresentados en los sondeos, ya que al estar desafectados de la política, tienen menor interés en participar en las encuestas.

Un sondeo que puede dar luces sobre el comportamiento del nuevo votante en las presidenciales es el de Panel Ciudadano UDD. Entre los votantes habituales, el porcentaje de apoyo a Kast, Kaiser y Matthei es muy parejo, en torno al 15%. Consultados los “obligados”, el republicano se dispara a un 27%. Esto demuestra que, si el voto fuese voluntario, la duda de qué candidatura de las derechas pasará a segunda vuelta sería muchísimo mayor. En el caso de Jara, la encuesta arroja un 34% de apoyos entre los habituales y un 15% en los obligados. En un balotaje entre Kast y Jara, en ambos casos gana el ultraconservador, pero con mucha mayor amplitud entre los nuevos electores. Sin embargo, entre los obligados que no saben por cuál de los dos votarían (Jara o Kast), la cifra es de casi un tercio.

Cristián Valdivieso, director de la encuestadora Criteria, señala que el nuevo electorado -aunque apunta que la mayoría ya ha votado seis veces obligatoriamente- está desafectado de la política, pero que eso no implica apatía. Tiene sus motivaciones, solo que no le hace sentido la política actual. En un reciente estudio de Criteria sobre polarización, identificaron que un 28% de quienes llaman “resignados”, no se sienten parte ni representados por ninguno de los relatos dominantes en la conversación política (Estado, mercado, identidad, autoritarismo, nacionalismo, igualdad).

“Al no creer en la clase política”, señala el analista, “potencialmente se desafecta más de la democracia, se identifica más con quienes desafían a los políticos tradicionales. La mayoría son jóvenes que buscan posturas más radicales, que hoy están en las candidaturas de la oposición. Es un votante que podría haber votado por Boric en 2021 y hoy podría estar con Franco Parisi o Kaiser. Pero no es un voto duro”. En eso coincide la investigadora Kathya Araujo, que los llama “votantes infieles”. “El sentimiento más extendido en la sociedad es de apolítica y desapego. Y eso, con el voto obligatorio, se oculta. Parece que todos están interesados en la elección, pero muchos no lo están”, decía esta semana en La Segunda.

La candidatura que resulte electa y llegue a La Moneda en marzo de 2026 lo hará con el número de votantes más alto de la historia chilena. Valdivieso pone el acento en que eso puede hacer creer al ganador o ganadora que esa es su base de apoyo, sobre todo si la derecha consigue -como se vislumbra- mayoría en el Congreso. Pero lo que debe recordar quien resulte electo es que triunfó gracias a un matrimonio de conveniencia con un porcentaje importante de un electorado pragmático, y que se pueden divorciar el 12 de marzo, un día después de asumir la Presidencia, si las cosas se complican.