Una nueva ola de homicidios en Santiago de Chile revive el debate sobre el papel de los militares en el combate contra la delincuencia

Una ola de 22 homicidios en apenas 10 días en distintos puntos de la Región Metropolitana de Santiago ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de las Fuerzas Armadas en la crisis de seguridad. El gobernador de la capital chilena y cercano a la centroizquierda, Claudio Orrego, ha defendido este domingo que la sociedad no puede normalizar “tanto muerto en la calle con tanta bala” y que no se explica por qué se le pide cooperación a la comunidad, a los municipios, pero a las Fuerzas Armadas, “que tienen equipamiento, tecnología e inteligencia no les pidamos ayuda”. Este llamamiento al involucramiento de los militares en el combate contra la delincuencia se suma al de alcaldes que llevan meses abogando por lo mismo.

La Pintana, un municipio al sur de Santiago y uno de los más vulnerables de la capital, se ha visto fuertemente afectado por esta nueva ola de homicidios, sumando siete crímenes en los últimos 10 días. “Pasamos una de las semanas más violentas de las que tenga memoria La Pintana”, escribió este lunes la alcaldesa de la comuna, Claudia Pizarro, ex militante de la Democracia Cristiana, un partido de centroizquierda, en la red social X (ex Twitter). “Quiero insistir en pedirle a nuestro Gobierno de Chile que no nos vuelva a abandonar. Tenemos derecho de vivir en paz”, agregó.

Consultada por un posible despliegue de los militares en las calles, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha dicho este domingo en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile que “como Gobierno nunca hemos visto como algo negativo pensar en las Fuerzas Armadas como un recurso que puede apoyar la estrategia de seguridad” y aseguró que “siempre ha estado disponible el Gobierno a evaluar esa posibilidad”. La secretaria de Gobierno precisó que esta medida solamente se puede ejecutar si se declara Estado de Emergencia en la Región Metropolitana y aseguró que “ni los militares, ni las fuerzas policiales consideran que esto sea una buena idea”.

La alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao, se preguntó en conversación con Teletrece por qué los militares no colaboran con toda la tecnología que tienen a su disposición como sus drones y sus helicópteros. “Cómo no va a ser posible que puedan ocupar lo que tienen para enfrentar una guerra para hoy luchar contra el crimen organizado y colaborar con las policías y la Fiscalía”, señaló. La declaración de Leitao se suma a otras voces que han presionado al Gobierno a incorporar a las Fuerzas Armadas en su combate contra el crimen organizado, como el alcalde de Maipú, Tomás Vonadovic, del Frente Amplio de Boric, y uno de los políticos mejor evaluados. Otras figuras del oficialismo, como la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos; la de San Miguel, Erika Martínez; y el edil de San Bernardo, Cristopher White, han pedido lo mismo. Desde la oposición, se han manifestado a favor de la medida el alcalde Germán Codina de Puente Alto, Rodolfo Carter, de La Florida, y Cristóbal Lira de Lo Barnechea, entre otros.

La presión por una nueva estrategia del Gobierno para contener la violencia aumenta a medida que se acercan las Fiestas Patrias, que este año contarán con cinco días de festejos, desde el miércoles 18 de septiembre hasta el domingo 22. “Estoy preocupado por la semana del 18, porque no es un fin de semana largo, es una semana completa de festividades y en consecuencia tenemos que dar señales claras de que estamos pegando al crimen organizado donde más le duele”, advirtió Orrego, la autoridad que buscará la reelección en las elecciones municipales y de gobernadores que se celebrará en octubre. Leitao apuntó que es una tendencia que la mayor cantidad de delitos, como homicidios ligados a riñas, están vinculados al consumo de alcohol y se producen entre jueves y domingo. “En el último tiempo, estos homicidios han ocurrido durante fines de semanas largos y nos hace pensar que en estas Fiestas Patrias lo más probable es que este tipo de delitos pudiese aumentar”, señaló.

La última encuesta Cadem, correspondiente a la cuarta semana de agosto, dio cuenta que las medidas más importantes para los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia son una reforma procesal penal (47%), aumentar la cantidad de carabineros y mejorar su equipamiento y preparación (40%) y, en tercer lugar, que los militares puedan colaborar en tareas de seguridad ciudadana (37%). Por otra parte, solamente un 22% de los consultados cree que Carabineros está preparado para enfrentar el crimen organizado y un 70% opina que no están bien equipados para cumplir sus tareas.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS Chile y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.