La justicia chilena congela los bienes del alcalde comunista Jadue, avaluados en 549 millones de pesos

El Tercer Tribunal de Garantía de Santiago ha congelado este jueves los bienes patrimoniales del alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa y delito concursal en el marco de la investigación del caso farmacias populares. La empresa de insumos médicos Best Quality, que presentó una querella por estafa en contra de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), liderada por Jadue, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitaron a la justicia chilena que prohibiera al imputado celebrar actos y contratos con sus bienes, avaluados en 549 millones de pesos chilenos (unos 585 mil dólares). La solicitud aceptada por el juzgado pretende asegurar la existencia de bienes suficientes ante una eventual reparación o indemnización.

La defensa del alcalde, que solicitó al juzgado revertir la prisión preventiva, presentó este miércoles una solicitud urgente de revisión de las medidas cautelares en contra de su representado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el escrito, firmado por varios abogados, piden que el organismo con sede en Washington que discuta las medidas antes del 18 de julio, con el objetivo de evitar que el militante comunista cumpla 45 días en prisión preventiva y se vea obligado por ley a abandonar su cargo en Recoleta.

El patrimonio del excandidato presidencial –que perdió en una primarias en 2021 ante el actual presidente, Gabriel Boric–, consiste en tres departamentos, dos casas, la copropiedad de un negocio y un vehículo MINI Countryman Cooper. Los bienes serán cautelados hasta una eventual condena. La magistrada Katherine Román ha explicado esta mañana que “la defraudación solo respecto a la empresa Best Quality asciende a una suma aproximada a los 1.000 millones de pesos (un millón de dólares). Si a ello le sumamos el perjuicio causado al fisco, que alcanza alrededor de 300 millones (unos 320.000 dólares), más las multas asociadas a los ilícitos incurridos en perjuicio del fisco, estos debieran llegar a una suma aproximada de más de 2.000 millones de pesos (unos dos millones de dólares)”.

La defensa de Jadue apelará la decisión: “En el estado en que se encuentra la investigación, los supuestos que harían procedente estas medidas no concurren, ni siquiera está definido que exista perjuicio y cuál es su monto”, expresaron.

Desde el pasado 3 de junio, el alcalde cumple prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber por considerarse un peligro para la sociedad. El arquitecto y sociólogo está formalizado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco, delito concursal y estafa, delitos ocurridos, según el Ministerio Público, durante su gestión en la pandemia cuando estaba a la cabeza de la Achifarp.

Tres años de investigación

La investigación del Ministerio Público en contra de Jadue arrancó hace tres años. La empresa de insumos médicos Best Quality presentó una querella por estafa en contra de Achifarp, y afirmó estar al borde de la quiebra porque había realizado importaciones que no le habrían pagado: acusó una deuda cercana 1.000 millones de pesos (casi un millón de dólares).

La Fiscalía también investiga otras aristas, luego que un vendedor Best Quality presentara una autodenuncia en la que señaló que se le pidió un bono adicional para que se les mantuviera también como proveedores del municipio de Jadue. Ese bono fue en insumos médicos y, según la Fiscalía, fueron entregados a la sede de Recoleta del Partido Comunista.

La Achifarp es un organismo que Jadue creó en 2016 y que hoy está en proceso de liquidación judicial por los hechos en investigación. El alcalde impulsó la asociación un año después de que emprendiera uno de sus proyectos estrellas, la farmacia popular de Recoleta, una iniciativa a la que se sumaron 170 municipios del país y que consiste en lograr precios más bajos en medicamentos para los habitantes de las comunas.

Jadue está siendo investigado junto a cinco de sus colaboradores, entre ellos el exsecretario ejecutivo de Achifarp, José Matías Muñoz Becerra –quien también está en prisión preventiva–, por realizar maniobras para ocultar a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares los complejos estados financieros de la organización gremial, lo que se consideró como “operaciones abusivas”. En 2020, durante la pandemia, compraron miles de insumos médicos –mascarillas, guantes, termómetros y pecheras desechables–, por la que organización pagó más de mil millones de pesos. Los productos fueron entregados a Achifarp, pero gran parte quedó sin uso y guardado en bodegas, según el Ministerio Público. Además, se contrajeron millonarias deudas con proveedores, que derivaron en “un contexto general de morosidad”.

Según dijo la fiscal Herrera en la audiencia de formalización de cargos, la campaña presidencial de Jadue de 2021 se produjo en paralelo a los hechos por lo que hoy se lo investiga, y cuestionó por qué el alcalde no alertó en esa época de la compleja situación financiera a los miembros de Achifarp. Herrera acusó que, al ser precandidato presidencial, a la vez que postulante a la reelección en la municipalidad, “era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas que habían realizado en la Achifarp durante el año 2020″.

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