Cronología de la tropezada relación diplomática entre Chile y Venezuela

En mayo de 2023 el Gobierno de Gabriel Boric envió una clara señal de acercamiento al régimen de Nicolás Maduro. Tras cinco años sin embajador chileno en Caracas, la Administración de izquierdas designó al socialista Jaime Gazmuri, de 80 años, para reforzar unas relaciones diplomáticas que, si bien no estaban rotas, se consideraban debilitadas. El nombramiento de quien fue senador por 20 años –entre 1990 y 2010–, con una valorada experiencia diplomática, fue bien recibido. Desde entonces, sin embargo, una serie de desencuentros han hecho tambalear el vínculo, hasta llegar al punto de llamar a consultas al embajador.

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, resumió este jueves las relaciones con Venezuela así: “Durante algunos meses buscamos establecer un clima político de relaciones, sin embargo, ese clima ha tenido en las últimas semanas un giro radical”.

Aquí una cronología de los episodios diplomáticos más sonados desde que Gazmuri llegó a la embajada chilena en Caracas.

El vuelo de repatriación frustrado

En noviembre de 2023, el Gobierno de Gabriel Boric tenía previsto expulsar a 60 inmigrantes venezolanos que habían entrado de forma ilegal o que habían cometido un delito en Chile. El vuelo en una aerolínea comercial, que estaba dedicado especialmente a la repatriación, estaba programado para despegar un viernes. La Policía de Investigaciones (PDI), a cargo del operativo, entregó los nombres al consulado venezolano en Santiago, como indica el procedimiento y cuando estaban ultimando los detalles del viaje, la Administración de Boric informó que el vuelo “no fue autorizado”, por lo que se harían gestiones diplomáticas al más alto nivel para destrabar la operación. El Ejecutivo después aseguró que fue el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela el que no otorgó el permiso requerido para ingresar a su espacio aéreo, quitándole la responsabilidad al régimen de Maduro. Las declaraciones en La Moneda, de todas formas, fueron poco claras y quedó un gusto amargo

Caso Canserbero: “En Chile no toleramos la xenofobia”

Ocho años después del aparente suicidio del rapero venezolano Canserbero, la Fiscalía venezolana reveló en diciembre de 2023 que fue asesinado a puñaladas por su representante, la chilena María Natalia Amesquita. Ella y su hermano Guillermo Améstica asumieron su responsabilidad en los homicidios del cantante y del bajista Carlos Molnar en enero de 2015, en Venezuela. El fiscal venezolano Tarek William Saab dijo que “a pesar de tratarse de dos ciudadanos chilenos” se le estaban respetando sus derechos. “¡Qué diferente hubiese sido si dos venezolanos hubiesen matado a Víctor Jara! No me lo quiero imaginar. Si por estar unos venezolanos en Chile, a veces caminando por una plaza, les entran a palo, los persiguen. Una xenofobia antivenezolana brutal”, añadió. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió que respetaban la actuación de la justicia en otras naciones y que esperan que “eso sea lo que ocurra en todos los países”, sin distinción de nacionalidad. “En Chile no toleramos la xenofobia”, añadió.

La negación del Tren de Aragua

El canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, Yván Gil, declaró esta semana que el grupo criminal internacional Tren de Aragua es “una ficción mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente como lo hicieron en su momento con el cartel de los Soles” y que existen vídeos de personas “con acento chileno y peruano” que afirman ser parte de la organización. Las declaraciones impulsaron al presidente Gabriel Boric a llamar a consultas al embajador socialista Jaime Gazmuri. El mandatario chileno sostuvo que las declaraciones de Gil “son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto para quienes han sido víctimas de esta organización y para sus familias, y lo tomamos como un insulto también a los Estados que han sido víctimas del Tren de Aragua”. El Tren de Aragua ha cometido en distintas regiones de Chile delitos como tráfico de migrantes, explotación sexual de mujeres migrantes, homicidios, extorsiones, torturas y, entre otros, tráfico de drogas.

El crimen del opositor Ojeda

La Fiscalía chilena apuntó este viernes a que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, exteniente opositor al Gobierno de Nicolás Maduro y refugiado político en Chile desde 2018, tuvo un móvil político y fue orquestado desde Venezuela. A Ojeda, de 32 años, tres hombres lo secuestraron el 21 de febrero en su departamento en Santiago, donde vivía con su esposa y su hijo. Las policías dieron con su cadáver 10 días después, enterrado a 1,40 metros de profundidad, en un asentamiento irregular en la zona poniente de Santiago de Chile. Hasta ahora ha habido solo un detenido –un menor de edad de 17 años– y la Fiscalía ha dicho que otros dos implicados están en territorio venezolano. El Gobierno de Boric ha exigido a Caracas que colabore en la investigación y extraditen a los dos supuestos autores para que respondan ante la justicia chilena. La ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió que le demandarán a Venezuela que cumpla sus responsabilidades. “Y no lo hacemos cándidamente”, añadió.

La muerte del teniente de Carabineros Sánchez

El miércoles por la noche el teniente Emmanuel Sánchez fue asesinado a tiros al intentar frustrar un asalto en Quinta Normal, en Santiago de Chile. Cuatro personas —tres hombres venezolanos y una mujer colombiana— fueron detenidas por su eventual participación en el crimen. Uno de los implicados, el venezolano Julio César González, quien fue abatido durante el enfrentamiento, mantenía una orden de expulsión desde hace cuatro años. Ingresó a Chile en 2019 por un paso no habilitado. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que para deportar a un ciudadano de Venezuela a su país, “no solo se requiere encontrarlo, sino también tener autorización del Gobierno venezolano para entrar a su espacio aéreo y que el Gobierno venezolano previamente haya corroborado su identidad”. Añadió que, a pesar de que el Ejecutivo chileno ha hecho esfuerzos para lograr esa coordinación y llevar adelante el proceso de expulsión, “esa colaboración ha sido débil del Gobierno venezolano”.

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