Un vuelo de repatriación frustrado a Venezuela tensiona al Gobierno de Boric

La frustrada operación del Gobierno de Gabriel Boric para expulsar a 60 inmigrantes venezolanos, que entraron de forma ilegal o que han cometido un delito en Chile, ha complicado a La Moneda. El vuelo en una aerolínea comercial, que estaba dedicado especialmente a la repatriación, estaba programado para el viernes. Tras el fiasco que ha encendido el debate político a menos de tres semanas de un plebiscito constitucional, que se celebrará el 17 de diciembre, La Moneda ha anunciado este lunes que solo cuatro de los venezolanos han logrado ser repatriados y que se espera que otros cuatro lo hagan en las próximas horas. Los tropiezos del procedimiento le han servido a la oposición de derechas para emplazar al Gobierno de Boric en un tema especialmente sensible para la Administración de izquierdas, que en las últimas semanas ha endurecido el tono frente al control de la inmigración irregular.

El Ejecutivo tenía previsto que los 60 venezolanos abandonaran Chile el pasado viernes. La Policía de Investigaciones (PDI), a cargo del operativo, entregó los nombres al consulado venezolano Santiago, como indica el procedimiento. Cuando estaban ultimando los detalles del viaje, sin embargo, el Gobierno chileno informó que el vuelo “no fue autorizado”, por lo que se harían gestiones diplomáticas al más alto nivel para destrabar la operación, según dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá. Tras una serie de declaraciones contradictorias, el Ejecutivo aseguró que fue el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela el que no otorgó el permiso requerido para ingresar a su espacio aéreo. “No hubo negativa del Gobierno venezolano, sino que para que el vuelo pueda materializarse, éste tiene que tener una autorización de un órgano técnico”, apuntó Luis Thayer, director nacional de Migraciones, en medio de las críticas de la derecha por el fallido despegue.

De los 60 venezolanos expulsados, 48 tenían órdenes judiciales por haber cometido un delito y permanecerán en la cárcel hasta que el Gobierno coordine un nuevo vuelo de repatriación. Los otros 12 contaban con órdenes administrativas por ingreso irregular, que son decretadas por el Poder Ejecutivo. Cuatro de los 12 han sido repatriados este lunes en vuelos comerciales y se hará lo propio con otros cuatro en las próximas horas. La portavoz del Gobierno, la ministra Camila Vallejo, sostuvo que están pendientes los cuatro restantes, porque interpusieron un recurso judicial que implicó la paralización de sus expulsiones. Como las leyes chilenas impiden retener a un inmigrante sin papeles por más de cinco días, muy probablemente ellos ya están libres, explican desde el Ejecutivo chileno.

Este episodio ha complicado al oficialismo chileno, en un momento político especialmente delicado: el 17 de diciembre, 15 millones de chilenos acudirán a las urnas para definir el futuro de una nueva propuesta de Constitución. Redactada por las derechas, quienes apoyan el nuevo texto aseguran que se trata de una Carta Fundamental que ayudará a combatir la inseguridad pública, la principal prioridad de los chilenos, según distintas mediciones. De acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, dada a conocer hace algunos días, un 69% de los chilenos se manifiestan muy de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. En Chile, hay unos 12.000 migrantes que tienen órdenes de expulsión. La oposición a Boric pide que se ejecuten antes del término de 2023.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, de la extrema derecha, que impulsa con fuerza la opción para que se apruebe la nueva propuesta de Constitución, a propósito del lío del avión hizo una dura crítica al Gobierno de Boric: “La pregunta que muchos se hacen es ¿dónde está el piloto?”, en una clara referencia a la falta de conducción que, según él, permitió que el vuelo se frustrara.

El caso del vuelo fallido ha dado alas a la oposición para poner en tela de juicio el trabajo de dos de las principales figuras del Gobierno en materia de seguridad y que tienen en sus manos la política migratoria: la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, ambos de la izquierda moderada. Está previsto que este martes la ministra Tohá, el subsecretario Monsalve y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, acudan al Congreso donde probablemente les pidan explicaciones sobre lo ocurrido.

La polémica llega cuando el Gobierno de Boric ha endurecido su discurso de su política migratoria. El mandatario lanzó la semana pasada una amenaza a las personas que se encuentran en situación irregular y no han realizado el trámite de empadronamiento, una política que fue impulsada por su Administración y que está destinada a poder conocer sus identidades: “Vamos a buscarlas, vamos encontrarlas y las vamos a expulsar”. El presidente de izquierdas añadió que quien no realice el proceso de documentación, “se presume sospechoso”.