La policía chilena interviene tomas de terrenos irregulares en medio de la crisis de seguridad en Santiago

La crisis de seguridad que afecta a Santiago de Chile ha tenido como foco principal las llamadas tomas, denominación que reciben las barriadas informales de la ciudad, desde donde se han denunciado la ocurrencia de múltiples delitos. La policía chilena ha intervenido durante este jueves una serie de terrenos ocupados de los municipios de Maipú, Santiago, Cerrillos, La Florida y Pudahuel, donde concretó algunos desalojos tras detectar múltiples actividades ilegales. El presidente chileno de izquierdas, Gabriel Boric, ha destacado este tipo de acciones y ha dicho que se trata de un “tema prioritario” para conseguir la tranquilidad de los ciudadanos ante la delincuencia.

Uno de los operativos de la jornada se realizó en el municipio de Maipú, al poniente de Santiago. Los funcionarios de Carabineros llegaron directamente hasta la población Vicente Reyes, el mismo lugar en donde fue encontrado el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado a mediados del pasado mes de febrero. En el lugar, donde habitan más de 600 familias en condiciones de extrema vulnerabilidad, se desbarató una vivienda que era usada como prostíbulo y discoteca ilegal. También se logró el decomiso de bebidas alcohólicas, las que se habrían vendido de manera irregular. En total, 13 casas han sido desalojadas y demolidas. Esta es la segunda acción policial que se hace en esta barriada, ya que el martes la policía chilena realizó un control que dejó a dos personas detenidas y a 74 ciudadanos extranjeros reconducidos para la revisión de su situación migratoria.

El alcalde del populoso municipio, Tomás Vodanovic, ha dicho que el objetivo de la intervención no era la erradicación de la barriada, sino que el desalojo de los sitios en donde se estaban registrando los actos delictuales. Además comentó que una casa que no era parte de la demolición fue afectada, por lo que se trabajará con el Ministerio de Desarrollo Social para entregar una solución a los afectados. “El trabajo que estamos haciendo es la recuperación del espacio, el desalojo de vivienda y la reubicación de dichas familias. Sabemos que aquello va a tomar más tiempo, más trabajo, porque es una toma que ustedes mismos han podido percibir, en la cual habitan más de 600 familias y eso se tiene que coordinar con distintas instituciones del Estado y es un trabajo que va por etapas”, ha detallado.

Las intervenciones también se extendieron hacia La Florida, otro de los grandes municipios de la Región Metropolitana, específicamente a la Toma Dignidad. Hasta ese lugar llegó el alcalde Rodolfo Carter, un independiente de la derecha tradicional, que junto a personal municipal concretó un decreto de desalojo de la barriada, que está ubicada cerca de la Quebrada de Macul, un sitio que fue declarado como zona de exclusión por riesgo aluvional por un gran aluvión ocurrido en 1993. La autoridad fue recibida a golpes y gritos por parte de los habitantes, que se negaron a retirar sus pertenencias.

Todas estas acciones han sido valoradas por el presidente Gabriel Boric. “Mientras estamos conversando aquí, se está llevando adelante un operativo en la comuna de Maipú, en una toma, donde ya se han tenido resultados importantes”, ha dicho el mandatario durante la ceremonia del promulgación de la ley de Seguridad Privada, en el Palacio de La Moneda. El gobernante también destacó el allanamiento de un inmueble tomado que estaba ubicado en el barrio Yungay, a pocos metros de su residencia en el municipio de Santiago. “Se está trabajando con mucho énfasis porque sabemos que este tema es prioritario y que la sensación de inseguridad implica una restricción en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía se siente insegura, sale menos a la calle, las mujeres tienen más temor de desplazarse en el espacio público, las plazas se vacían. Y cuando la ciudadanía retrocede, la delincuencia avanza”, expresó.

La ola de desalojos no ha contado con un respaldo transversal. El alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia, ha cuestionado que estas acciones realizadas en Maipú y Cerrillos —municipios vecinos a su localidad— no cuenten con un plan de reubicación de personas, lo que generaría una movilidad irregular de las familias. “Creo que es un error de proporciones”, ha escrito en su cuenta de X (antes Twitter).

Estas medidas se han concretado dos días después de que el alcalde Vodanovic, que es parte del Frente Amplio, la coalición progresista originaria del presidente Boric, se reuniera con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el Palacio de La Moneda para coordinar los esfuerzos en materia de seguridad. Tras el encuentro, el jefe municipal de Maipú propuso el despliegue de militares en los puntos más conflictivos de la ciudad, una solicitud que fue respaldada por los alcaldes de otras comunas y de distintos signos políticos, pero que desató la controversia al interior del oficialismo y de la izquierda.

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