La nueva institucionalidad de la educación pública: seis fallas de los SLEP que se repiten en todo Chile

Un paro docente que se extendió por casi 80 días en la región de Atacama, en el norte chileno, encendió las alertas en octubre pasado: algo no estaba funcionando bien en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la nueva institucionalidad que reemplaza a los municipios en la responsabilidad de entregar educación pública en Chile.

Cerca de 30 mil alumnos no recibieron educación durante los casi tres meses en que se extendió la huelga de los profesores de Atacama en protesta por la mala infraestructura en las escuelas y la falta de apoyo pedagógico. Los problemas ya habían sido identificados a través de las 24 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. Ahora, un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) vuelve a poner de manifiesto las deficiencias que se arrastran a cinco años desde que empezó a implementarse el nuevo sistema público de educación.

Los SLEP se crearon en 2017 durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) a partir de la ley de Nueva Educación Pública en Chile, un renovado sistema de gobernanza que ponía fin a la municipalización de la educación estatal iniciada en la dictadura de Augusto Pinochet. La regulación determinó que los municipios irían traspasando paulatinamente la administración de los colegios, unos 5 mil establecimientos equivalentes al 35,4% de toda la matrícula del país, a estos nuevos servicios locales. El proceso culminaría en 2025 con la creación de 70 servicios locales de educación pública.

Sin embargo, los problemas de Atacama retrasaron los planes. Los cuestionamientos hacia la nueva institucionalidad generaron resquemores en el Congreso para aprobar el presupuesto de educación de 2024. Finalmente, tras varios tiras y aflojas, el Ejecutivo se comprometió a aplazar hasta 2027 la entrada en régimen de la Nueva Educación Pública.

Hasta la fecha, existen 27 SLEP en funcionamiento desde la nortina región de Atacama hasta la sureña de Los Lagos, de los cuales 11 administran establecimientos traspasados desde los municipios. Según la Dirección de Educación Pública, el organismo dependiente del Ministerio de Educación y encargado de coordinar el trabajo de los nuevos servicios, a la fecha han sido traspasados cerca de 650 establecimientos educacionales de 41 comunas con una matrícula aproximada de 184.000 estudiantes.

El problema es que, hasta ahora, la promesa de mejorar la calidad de la educación pública no se ha cumplido. Según los resultados del la prueba Simce 2022 –la prueba de evaluación de aprendizajes que se aplica desde 1968 en el país sudamericano–, no se observan avances en los resultados de alumnos de cuarto grado, que estudian bajo el nuevo sistema (ver tabla).

Un problema de gestión

Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP y autor del estudio, explica que se trata de una situación “sumamente compleja”. “Nadie esperaba que de la noche a la mañana tengamos mejoras significativas en la calidad de la educación, pero desde un punto de vista integral, cuando uno ve que hay temas administrativos y burocráticos que desenfocan el rol de los servicios locales, es bastante probable que no logremos revertir los resultados”, dice.

El estudio del CEP busca identificar los principales problemas en el sistema como un insumo para abrir la discusión sobre mejoras a la ley de Nueva Educación Pública. Es un documento que toma como base la información generada en las auditorías realizadas por Contraloría, en los informes del Consejo de Evaluación de los SLEP desde 2018 a 2022 y del debate legislativo que dio origen a la nueva regulación donde, señala, se advirtieron algunas de las deficiencias que hoy salen a la luz.

A partir de ese análisis, el CEP detalla seis grandes fallas del sistema que son necesarias de corregir: el diseño de la política, la gestión pedagógica, la gestión de la infraestructura, el equipamiento y de los recursos educativos, la administración financiera, la gestión del personal y la participación y vinculación con las comunidades educativas.

En el primer punto plantea que, pese a que la implementación de los SLEP ya lleva cinco años, “aún enfrenta dificultades para integrarse y coordinarse de manera efectiva dentro de todo el ecosistema educativo”. Explica que esto se debe a “regulaciones ambiguas relacionadas con las responsabilidades y tareas de los equipos, sobre todo en lo relativo al apoyo técnico-pedagógico”. También señala que el hecho que sean entidades del Estado sujetas a los ciclos presupuestarios anuales, genera problemas de poca flexibilidad en el uso de los recursos. Asimismo, hace hincapié en los extensos territorios que debe cubrir cada servicio y las diversas necesidades que existen entre una escuela y otra, en particular las rurales.

Más sala de clases y menos burocracia

La gestión pedagógica es quizás una de las deficiencias más preocupantes. La burocracia y los desafíos administrativos han dejado atrás la planificación, ejecución y evaluación del proceso educativo en las salas de clase. “Un aspecto preocupante es que la carga administrativa excesiva parece ser un obstáculo, especialmente para los jefes de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógica (UATP)”, explica el informe, que de todas formas señala que en las últimas evaluaciones se ven ciertas mejoras en estos temas.

La infraestructura, uno de los puntos fuertes levantados por los docentes de Atacama, sigue siendo un obstáculo para la educación de calidad. La burocracia de los presupuestos y en la toma de decisiones impide avanzar de manera rápida en las urgencias de equipamiento que tienen las escuelas. Pero también se observan problemas heredados de la administración municipal que, indica el informe, deben ser considerados un desafío de Estado para disminuir las barreras en la puesta en marcha de cada SLEP.

Las falencias referidas a los recursos financieros se evidencian en la sobredotación, burocracia y rigidez para administrar los presupuestos. El CEP cita un estudio de la consultora ClioDinámica, que ya en 2021 detectó una exceso de funcionarios traspasados desde los municipios a los nuevos servicios “lo que resulta financieramente insostenible”.

Respecto a la gestión de personal, el estudio deja en evidencia las dificultades para atraer personas preparadas para dirigir los SLEP, principalmente en las regiones más remotas. Y también irregularidades en los concursos públicos que han salido a la luz como el caso del SLEP de Magallanes, donde el sindicato de trabajadores de la corporación municipal de Punta Arenas denunció una serie de anomalías en el proceso de selección del personal administrativo.

Como último punto, el documento detalla que los mecanismos de participación que incluyó la ley de Nueva Educación Pública –los comités directivos, integrados por padres, municipio y gobierno regional; y los Consejos de Educación Pública, que incluye a miembros de la comunidad educativa–, no se han formado dentro de los plazos establecidos y que existen dudas sobre la efectividad de su rol.

Para Izquierdo, lo ocurrido en Atacama no fue aislado y refleja que pueden generarse futuros problemas en otros SLEP: “Lo de Atacama fue el cóctel perfecto y, si bien es difícil tener una situación tan dramática, uno se hace la pregunta de si ese cóctel el día de mañana puede estar alojado en otra región y si la institucionalidad va a estar preparada para enfrentarlo”.

En esa línea, el economista hace un llamamiento a revisar la ley de Nueva Educación Pública. “En un momento en que el Parlamento le pide al Ejecutivo generar una pausa en la implementación de los servicios locales, a raíz de las deficiencias detectadas, debemos aprovechar para reformar y mejorar ley de servicios locales y no seguir parchando año a año las falencias, porque el problema va a ir in crescendo en la medida que se vayan implementado nuevos servicios”, apunta el autor del estudio.