Las cinco crisis que debe atajar el Gobierno de Boric

El rechazo a la propuesta constitucional con 55% de los votos en contra puso fin al segundo intento de Chile por cambiar su Carta Magna. El presidente Gabriel Boric dijo tras conocer los resultados el domingo por la noche que el resultado no suponía “ni celebración ni arrogancia”. “Pelota al piso, humildad y trabajo”, sostuvo desde el Palacio de La Moneda. Y es que entre el hastío constitucional que impera tras cuatro años de debate político en torno a la ley de leyes, existe consenso en que la ciudadanía quiere que el Ejecutivo se dedique a resolver los problemas más urgentes y cotidianos. La Administración de izquierdas, que tiene poco más de dos años para intentar sacar adelante algunas de sus grandes reformas, debe responder a al menos cinco grandes crisis.

Una nueva delincuencia, más violenta y desconocida

Chile vive una profunda crisis de seguridad ante la irrupción de una nueva delincuencia, más violenta, con un aumento en el uso de armas de fuego en homicidios y el avance del crimen organizado. También han subido los secuestros que, entre 2016 y 2020 variaban de seis a ocho anuales en la Región Metropolitana de Santiago, pero al pasado noviembre llegaban a 45 solo este año. Las autoridades asocian la nueva criminalidad a las bandas nacionales, que están más armadas, como a las extranjeras, cuyos miembros han ingresado al país por pasos no habilitados, como el Tren de Aragua. La inseguridad es la primera preocupación de los chilenos. El miedo a ser víctima de un delito llegó al 30%, el máximo histórico desde el 2000, según un informe de la Fundación Paz Ciudadana, mientras que la que la percepción de inseguridad alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años, arrojó la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. La Administración de Boric ha impulsado una ley contra el crimen organizado y, ante la urgencia el Ministerio Público ha tenido que crear una unidad especial, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

Un terremoto educativo agravado por la pandemia

Los peores resultados del Simce –la prueba de evaluación de aprendizajes– en una década, el ausentismo y la deserción escolar (más de 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo entre 2021 y 2022) y problemas en la infraestructura, entre otros, ha supuesto un terremoto educativo en Chile. Además, la violencia y el acoso en los colegios aumentó un 40% entre 2020 y 2022, hasta rozar los 6.000 casos graves, según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras. Una de las mayores problemáticas es la de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la nueva institucionalidad que se encuentra en etapa de implementación para reemplazar a los municipios en la responsabilidad de entregar educación pública. Un grupo de profesores de colegios SLEP de Atacama realizó este año una huelga de más de 90 días para protestar contra la infraestructura y la falta de apoyo en términos pedagógicos. Casi 30.000 alumnos arriesgaron perder el año por la huelga. Tras el escándalo, el Congreso definió en su ley de presupuestos 2024 que los municipios podrán extender su facultad para no concretar el traspaso a los SLEP que les correspondía el próximo año.

La posible quiebra de las aseguradoras privadas de salud amenaza al sistema público

Dos fallos de la Corte Suprema tienen contra las cuerdas al sistema de salud. El primero, de noviembre de 2022, obligó a las isapres -las aseguradoras privadas de salud, donde se atiende el 17% de la población-, a devolver de forma retroactiva los cobros excesivos que habían realizado a sus afiliados y ajustar el valor de sus planes. El segundo fallo, del 10 de agosto de 2023, fijó que las aseguradoras podían cobrar un precio máximo por el paquete de Garantías Explícitas en Salud (GES), un conjunto de beneficios que deben proveer por ley a sus afiliados. Las isapres han alertado que ejecutar ambas sentencias podría llevarlas a la quiebra. En lo inmediato, las consecuencias del fallo GES, que ya empezó a ejecutarse, es lo que más preocupa a las aseguradoras. Según sus cálculos, desde el próximo enero sus ingresos caerán un 13% mensual, con lo que, han alertado, no alcanzarán a cubrir los gastos de sus afiliados. La eventual quiebra de las empresas de seguros de salud privados impactaría a todo el sistema. Sus afiliados se verían obligados a migrar a Fonasa, el asegurador público, que no tiene capacidad para acoger a los cerca de tres millones de beneficiarios de isapres.

Una economía estancada hace diez años

Hace 10 años que la economía chilena está estancada. Entre 2014 y 2023 Chile ha crecido en promedio 1,9% al año, lejos del promedio de 4,8% registrado entre 2004 y 2014. Y el panorama futuro no se ve auspicioso. Según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el país registrará este año un crecimiento nulo y en 2024 se espera que llegue a 2,5%. Otras estimaciones, como la del Fondo Monetario Internacional (FMI), proyectan que será más cercano al 2%. Retomar la senda del crecimiento y mostrar cifras contundentes se ha transformado en un imperativo, pero hay variables que hoy atentan contra ese anhelo. La falta de acuerdos para avanzar en las reformas de pensiones y en el pacto fiscal que incluye una adecuación tributaria genera incertidumbre en el empresariado, a lo que se suma la excesiva burocracia para obtener permisos para levantar obras de infraestructura. Recuperar la productividad y fomentar una mayor competencia también son parte de la ecuación. El Gobierno de Boric, que no tenía la agenda del crecimiento en el centro de sus prioridades, hoy se está poniendo al día. Hace una semana anunció un gabinete del crecimiento económico, compuesto por sus ministros sectoriales vinculados al área para dar una señal al mercado y generar políticas que apuntalen la actividad.

Dos millones de personas sin vivienda digna

En Chile (19 millones de habitantes), unas 650.000 familias no tienen una vivienda digna, lo que afecta a más de dos millones de personas. La profunda crisis habitacional empuja a unas 150 personas todos los días a instalarse en asentamientos irregulares. Casi 114.000 hogares –un tercio de ellos migrantes– habitan sitios con alcantarillado deficitario y acceso informal a agua potable y electricidad, cuatro veces más que en 2011, según el centro de estudios de Techo Chile. El Gobierno de Gabriel Boric se ha puesto como meta la construcción de 260.000 viviendas en los cuatro años de Administración, hasta 2026. Hasta mediados de este año se habían entregado unas 65.000 casas, cerca de 130.000 estaban en ejecución y 75.000 estaban listas para iniciar su edificación. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, está en una situación compleja desde que estalló el caso Convenios, una trama de traspasos de recursos públicos a fundaciones privadas ligadas principalmente al oficialismo de Boric. La oposición de derecha ha pedido insistentemente su salida por las responsabilidades políticas, ya que le achaca no haberse percatado de las irregularidades que comenzaron, precisamente, en una repartición de su cartera en el norte del país.