La Fiscalía chilena investiga la difusión judicial de los nombres de 57 testigos protegidos en un juicio al Tren de Aragua

La Fiscalía chilena ha abierto una investigación penal a raíz de la polémica decisión que tomó Héctor Barraza, juez de garantía de Arica, ciudad ubicada en el extremo norte de Chile a 1.600 kilómetros de Santiago, quien resolvió entregar las identidades de 57 testigos protegidos, entre ellos policías encubiertos, a la defensas de 44 integrantes de Los Gallegos, una fracción de la mega banda venezolana El Tren de Aragua que opera en esa zona del país sudamericano. Ha sido una determinación en momentos en que el clan está siendo enjuiciado por delitos como homicidios, secuestros, extorsiones y, entre otros, tráfico de personas con fines de explotación sexual de adolescentes y mujeres migrantes.

Si bien su origen es en Venezuela, el Tren de Aragua tiene presencia, además de Chile, en Colombia y Perú. En el caso del país sudamericano, la mega banda fue detectada por la Fiscalía en 2019 y ha sido catalogada como crimen organizado. Hoy sus brazos se han extendido al menos a cinco regiones, pero es en Arica donde Los Gallegos han provocado mayor conmoción por el grado de violencia que emplean en sus delitos. En junio pasado, el Ministerio Público confirmó que los cadáveres de dos hombres que fueron desenterrados el 25 de mayo, en el sector de cerro Chuño en Arica, fueron sepultados vivos y luego tapados con cemento. Son dos homicidios que han sido atribuidos, precisamente, a Los Gallegos.

El magistrado Barraza tomó la decisión en una audiencia de cautela de garantías el miércoles 13 de septiembre y, tras su determinación, la Fiscalía Regional de Arica, que dirige el fiscal Mario Carrera, tomó dos medidas: el resguardo de los testigos, a quienes sacó de la ciudad y, además, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica, que resolvió acoger una orden de innovar. Es una medida judicial que implica que, hasta que no se resuelva el fondo -la próxima semana- queda paralizada la determinación del magistrado. Sin embargo, los nombres de los 57 testigos ya se encontraban en manos de nueve abogados, que son parte de la Defensoría Penal Pública, que representan a los imputados.

“Estamos sorprendidos, porque va en contra de todo lo que como sociedad y sistema de justicia debemos a las víctimas en materia de protección”, dijo el fiscal Carrera al anunciar la presentación del recurso por la decisión de Barraza.

Ha sido el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien tomó la determinación de abrir una investigación penal. De acuerdo con un comunicado emitido la noche del 14 de septiembre, la indagatoria “buscará determinar si se han cometido delitos relacionados con la entrega de información confidencial”. Y designó al fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, para liderar las pesquisas. El persecutor es, de 2022, quien coordina a nivel nacional todas las pesquisas relacionadas con el Tren de Aragua.

Arancibia señaló que su designación es “a fin de esclarecer los hechos y circunstancias por las cuales el Tribunal de Garantía de Arica entregó información reservada que contiene la identidad de los testigos que actúan en la causa dirigida contra la banda criminal Los Gallegos”.

La resolución del juez ha sido ampliamente criticada por las autoridades del Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric. Además, su resolución se produjo una semana después de que se hiciera público que la Fiscalía de Chile mantiene abierta una investigación por amenazas de integrantes del Tren de Aragua a un grupo de jueces y fiscales, una situación inédita en el país sudamericano.

La ministra del Interior de Boric, Carolina Tohá, ha dicho que la entrega de los nombres de los testigos es “de una máxima preocupación para quienes trabajan día a día en combatir el crimen organizado” y que “esta decisión es como un balde de agua fría”. “Son investigaciones complejas donde se está persiguiendo grupos criminales muy violentos y donde la legislación requiere entregar condiciones de protección a quienes actúan como testigos en estos casos”, agregó.

También se pronunció el ministro de Justicia Luis Cordero: “Lo sucedido con la revelación de la información de testigos protegidos y de agentes que tienen esa condición, es extremadamente grave”. Y agregó que “esta no es una investigación cualquiera, es una investigación de crimen organizado compleja, donde es muy relevante los testimonios y la intervención de la policía en su interior”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha anunciado que el Ejecutivo estudia la presentación de un recurso en la Corte Suprema por la decisión del juez. “Nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente”, señaló.