Los seis pilares del pacto fiscal anunciado por Gabriel Boric para retomar la agenda tributaria y recaudar 8.000 millones de dólares

El presidente de Chile, Gabriel Boric, informó, a través de una cadena nacional, los principales lineamientos del pacto fiscal que busca recaudar 8.000 millones de dólares. Es una suerte de hoja de ruta con diversos compromisos en materia de impuestos, transparencia del gasto público, incentivos a la formalización y mecanismos para impulsar ...

El presidente de Chile, Gabriel Boric, informó, a través de una cadena nacional, los principales lineamientos del pacto fiscal que busca recaudar 8.000 millones de dólares. Es una suerte de hoja de ruta con diversos compromisos en materia de impuestos, transparencia del gasto público, incentivos a la formalización y mecanismos para impulsar el crecimiento (el indicador Mensual de Actividad Económica de junio, informado hoy, registró una caída de 1% respecto del mismo mes de 2022). Lo hizo a las 11 de la mañana en horario chileno -una hora poco usual para las cadenas nacionales- y desde un pasaje en el sector de San Luis, en el popular municipio de Independencia, en la capital.

El documento del pacto fiscal es fruto de más de 30 conversaciones que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su equipo han realizado en los últimos meses y contiene seis ejes que fueron detallados por el presidente Boric. El primero se refiere a establecer 12 principios para un sistema tributario moderno. El segundo punto tiene que ver con las prioridades del gasto. El mandatario mencionó el aumento de las pensiones, en particular la Pensión Universal Garantizada (PGU), mecanismo creado en los últimos meses del Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) para complementar las pensiones del 10% de personas de menores ingresos, y que aumentaría hasta los 250.000 pesos chilenos, cerca de 300 dólares, para lo que destinará 1,2% del PIB.

Boric aseguró que otra de las urgencias será dotar de mayores recursos a la salud, en especial para la reducción de las listas de espera para cirugías, el fortalecimiento de la atención en los consultorios (0,9% del PIB) y un sistema de cuidados de niños y adultos mayores (0,3% del PIB). Una cuarta prioridad será dotar de mayor financiamiento a la seguridad pública y la prevención del delito (0,3% del PIB). Todos estos elementos implicarán un gasto fiscal de 2,7% del PIB, alrededor de la mitad de los 8.000 millones que pretende recaudar el nuevo pacto fiscal.

El mandatario no hizo mención a la condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado y al pago de la deuda histórica de los profesores, dos de las iniciativas que había incluido en su Cuenta Pública ante el Congreso el pasado 1º de junio, lo que despertó las alertas del empresariado, que no ven estos temas como prioritarios.

La tercera línea del pacto fiscal de Boric propone “estructurar el esfuerzo tributario en dos iniciativas, mejorando la eficiencia de la fiscalización y del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como una reforma de la tributación a la renta, tanto de empresas como de personas, en la perspectiva de elevar el aporte de las personas de mayores ingresos”. Asimismo, aclaró el presidente, se propone un nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño. “Queremos que las pymes crezcan, para lo que se entregarán mecanismos para facilitar su formalización y crecimiento”, agregó.

Empujar el crecimiento

En materia de productividad y formalización de la economía, el pacto fiscal busca empujar con fuerza el crecimiento a través de inversión en estos dos ejes y de un impulso al crecimiento sostenible, lo que está contenido en 38 iniciativas, similares a las planteadas a principios de julio por el ministro Marcel a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el principal gremio empresarial chileno. En ese punto se incluirán también 17 iniciativas para reducir la informalidad, que incluirán sanciones e incentivos. Adicionalmente, se creará un grupo de trabajo con economistas para calcular el aporte que el mayor crecimiento puede hacer el PIB.

Otra de las propuestas se refiere a acelerar el tranco de los permisos para concretar las grandes inversiones que requiere Chile en diversas materias, en particular para transformar su matriz energética. “Buscamos fortalecer los incentivos de las empresas en investigación y desarrollo para aprovechar las tremendas oportunidades en minería, litio, energías renovables e hidrógeno verde”, mencionó el mandatario.

Boric, como quinto punto, planteó la necesidad de mejorar la transparencia en la gestión pública, lo que se concretará a través de una agencia de calidad de las políticas públicas. “No vamos a permitir que la corrupción se instale en esta patria. Aquí es caiga quien caiga, no habrá ningún tipo de perdonazo”, puntualizó el presidente, cuya coalición, el Frente Amplio, ha protagonizado el Caso Convenios, catalogado como “corrupción” por el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Como último eje, el mandatario señaló que se realizará un seguimiento de los compromisos. “Esperamos mejorar las herramientas y esperamos que todos los sectores puedan concurrir a este pacto”, añadió.

Un contexto adverso

Con esta propuesta, el mandatario chileno busca cumplir una de sus promesas de campaña –fundamental para financiar su programa, como recordó en su discurso del pasado 1º de junio– y dar un golpe de timón para recuperar la agenda pública. Lo hace en un momento complejo para su Administración, luego de dos derrotas electorales: el triunfo del Rechazo a la propuesta de nueva Constitución del 4 de septiembre del año pasado y la amplia mayoría obtenida por el Partido Republicano, de la derecha conservadora, que obtuvo el 35% en las elecciones del Consejo Constitucional que redacta una nueva Carta Magna. Esta presentación se realiza medio del Caso Convenios, que ha impactado de lleno en la promesa de probidad de la nueva izquierda y que ha abierto el debate respecto del uso de los recursos públicos.

En ese escenario, no resulta evidente si logrará sacar adelante un acuerdo para un alza de impuestos, en un Parlamento donde el oficialismo no tiene mayoría y donde parte de la oposición congeló las conversaciones con el Gobierno tras el Caso Convenios. Lo señaló el académico liberal, David Gallagher, a EL PAÍS, la semana pasada: “El Caso Convenios ha sido fatal para la reforma tributaria. El argumento de que el Estado necesita más ingresos tributarios para solventar gastos sociales se subvierte si se ven que esos ingresos se malversan y terminan en manos de militantes de un partido”.

Por esta misma razón, la actual Administración tuvo que abandonar su plan inicial: luego del rechazo de la idea de legislar en marzo pasado por la Cámara de Diputados -era el primer trámite de la reforma–, buscaba insistir en el Senado durante julio. Así lo había adelantado el propio presidente Boric. Pero a dos meses de ese anuncio, las conversaciones con los diferentes sectores políticos y con los empresarios no llegaron a puerto, lo que obligó al Gobierno a cambiar de estrategia y enfocarse en el corto plazo en las medidas que sí puedan generar consensos.

“Esta es una propuesta más amplia y sustantiva de la que muchos imaginamos en un comienzo”, afirmó el mandatario, quien aclaró que no insistirán en el Senado con el proyecto de reforma tributaria: “Hubo muchos que nunca quisieron dialogar, “ustedes saben bien quiénes son”. Lo dijo en referencia directa a los sectores de la oposición con los que no se han logrado acuerdos en esta materia. “No podemos estar en la trinchera ni en la pelea chica”, agregó Boric, que hizo un llamamiento a nuevos sectores políticos a sumarse a las conversaciones. “La voluntad de diálogo prevalecerá, a pesar de que algunos no quieran sentarse a la mesa”, acotó.

Dos proyectos de ley

La iniciativa actual pretende recaudar 8.000 millones de dólares y será enviada al Congreso en dos proyectos de ley: uno que será presentado este año enfocado en la fiscalización de la evasión y elusión -con lo que esperan recaudar 2,7% del PIB- y otro que apuntará a aumentar el impuesto a la renta y a las empresas, que se pospondrá para marzo de 2024. “El pacto fiscal considera aportes al crecimiento, reforma al Estado, fortalecimiento de fiscalización tributaria e impuestos a las personas de mayores ingresos para financiar gastos sociales que son urgentes y que no pueden ser absorbidos con los recursos ahora disponibles”.

El mandatario adelantó que se espera iniciar “en el corto plazo la discusión legislativa de las primeras iniciativas para impulsar el crecimiento y elevar la calidad del gasto, así como para fortalecer la fiscalización tributaria”, ambas preocupaciones del empresariado y de la oposición y en las que es menos complejo lograr acuerdos. Diferente será el escenario del proyecto que buscar aumentar impuestos a las empresas y a las personas, donde hasta ahora, la actual Administración no ha encontrado terreno fértil.