La restauración conservadora de los Republicanos

Esta semana los partidos representados en el Consejo Constitucional han presentado sus enmiendas o modificaciones al anteproyecto de Constitución que se está elaborando en Chile. El partido de extrema derecha (Partido Republicano) optó por el camino de agudizar las contradicciones, sugiriendo una restauración conservadora. Contrariamente al tenor conciliador y moderado de las primeras semanas en el órgano deliberativo, las propuestas –en palabras de sus propios autores– lo que buscan es reforzar la “identidad política” de ese partido.

¿Cuál es esta identidad? Se trata de una identidad política que no es nueva y se ha venido elaborando desde la década de los 70. Ella combina valores conservadores tradicionales (patria, nación, tradición), con una defensa férrea del mercado, anti-estatismo, anti-política, y el establecimiento de un poder de seguridad autónomo. Por ejemplo, propone como deber para los chilenos el honrar la patria, “defender la soberanía y contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El incumplimiento de estos deberes será sancionado por la ley” (Art. 13 Nº 74). Reinstalan el debate sobre el aborto al proponer que “se protege la vida del niño que está por nacer y la maternidad” (Art 16 Nº 3). Asimismo, reducen el rol de los tratados internacionales indicando que ellos deberán ser interpretados de acuerdo a la Constitución vigente (Art 5 Nº 29).

Desde el ámbito de la libertad económica proponen que “la ley no podrá, en caso alguno, establecer tributos que graven el patrimonio de las personas” (Art. 16 Nº 231), además de dejar exenta de pago de impuestos o contribuciones a la vivienda principal de las personas. Reafirman los derechos de los particulares sobre las aguas que “otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” (Art. 16 Nº 260). En materia de derechos sociales, lo más llamativo es la constitucionalización de los actuales sistema privados de salud y de pensiones. En el primer caso, se señala que las personas podrán elegir la entidad prestadora de salud y la entidad que le entregue la cobertura a dichas prestaciones sea estatal o privada. En el segundo, propone que los cotizantes puedan elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales garantizando la propiedad sobre ellos. Así, se cierra la puerta a cualquier negociación de establecer un fondo solidario o común que se estaba negociando en el Congreso Nacional en estos precisos momentos.

En términos políticos, sugieren reducir la Cámara de Diputados que, dados los actuales niveles de desconfianza social hacia los partidos y parlamentarios, se trata de una propuesta muy popular. En materia de seguridad, además de establecer un capítulo propio para las Fuerzas Armadas y la Seguridad Pública, proponen que la ley de Presupuestos de modo inédito y como no pasa en ningún otro sector de la administración pública, “deberá asegurar el financiamiento de las capacidades operacionales” tanto de las fuerzas de orden público como de las instituciones castrenses. Proponen crear una policía de frontera dependiente del Ejército y reviven el concepto de seguridad nacional que había sido abandonado en el anteproyecto.

La propuesta de Republicanos contiene algunas otras medidas extremas y que apelan a preocupaciones coyunturales. Por ejemplo, señalan que los extranjeros que ingresen al territorio nacional de modo clandestino serán expulsados de modo inmediato. En el caso de extranjeros que cometan un crimen y sean condenados a presidio efectivo “deberán cumplir la pena carcelaria en el país de origen, cuando corresponda, y en caso de cumplir la pena en nuestro país serán inmediatamente expulsados” (Art. 16 Nº 274). Es decir, la propuesta llega al absurdo de mandatar a otros Estados que hagan cumplir penas de cárcel.

¿Por qué optaron por este camino? Lo primero que debemos entender es que se trata de enmiendas que tienen un sentido puramente electoral. El Partido Republicano está en una abierta competencia con la UDI y Renovación Nacional y, por lo tanto, lo que hace es apelar a un votante duro de derecha. El sector ahora moderado de derecha enfrenta el dilema de sumarse a esta restauración conservadora o distanciarse de ella para generar una identidad propia.

Las enmiendas que serán discutidas en los próximos meses deben ser entendidas como artefactos electorales que muy probablemente para un experto o experta de derecho podrían parecer ridículas, absurdas. Sin embargo, muchas de ellas se convertirán en caballitos de batalla de la política electoral para atraer votantes que día a día sienten temor por la delincuencia, no quieren más inmigrantes, desean no pagar impuestos, y perciben a los políticos como ladrones que buscan aprovecharse de fondos de pensiones que les pertenecen. La restauración conservadora exacerba el individualismo, radicaliza los sentimientos nacionalistas y dinamiza una batalla cultural centrada en un nosotros versus un ellos. Aquí no hay espacio para los acuerdos, el entendimiento o el consenso.

En esta historia, el progresismo, el Gobierno de Gabriel Boric y la izquierda son meros espectadores, pues nada de lo que hagan impactará en las decisiones del Consejo Constitucional. No tienen los votos para alterar nada de lo que se discuta allí. Ellos clamarán por un gran acuerdo por probablemente no estarán dispuestos a aceptar una Constitución que consagre en su texto a las isapres y las AFPs (las administradoras privadas de las pensiones).

No cabe duda que los protagonistas y tal vez los mayores responsables del éxito o fracaso del proceso serán la UDI y RN que deberán decidir si abrazar a la extrema derecha en su cruzada restauradora y populista o marcar distancia e intentar volver a la ahora tan añorada democracia de los consensos que fue tan característica del Chile de los 90.