Dos realidades vitales para la modernización del campo

Elena Rodríguez representa dos realidades de Andalucía que en muchos aspectos son una sola: es agricultora, propietaria de una plantación de 23 hectáreas de naranjas ecológicas en Sevilla y es mujer. El sector agrícola representa el 6,7% del PIB regional y en él la presencia y la visibilidad de las mujeres, se lamenta Rodríguez, es ínfima. “Oficialmente, solo el 12% de las explotaciones está en manos de agricultoras, pero en realidad es más del 50%”, advierte.

Rodríguez creció en el campo. Su abuela, farmacéutica de profesión, adquirió unos terrenos que luego siguió cultivando su padre,...

Elena Rodríguez representa dos realidades de Andalucía que en muchos aspectos son una sola: es agricultora, propietaria de una plantación de 23 hectáreas de naranjas ecológicas en Sevilla y es mujer. El sector agrícola representa el 6,7% del PIB regional y en él la presencia y la visibilidad de las mujeres, se lamenta Rodríguez, es ínfima. “Oficialmente, solo el 12% de las explotaciones está en manos de agricultoras, pero en realidad es más del 50%”, advierte.

Rodríguez creció en el campo. Su abuela, farmacéutica de profesión, adquirió unos terrenos que luego siguió cultivando su padre, de 81 años y aún en activo. Ella y su marido compraron en el 2000 varias fincas en Mairena del Alcor, Carmona y El Viso del Alcor, en la provincia de Sevilla. Mientras Rodríguez trabajaba en la administración, su marido era quien se encargaba de explotar las tierras al por mayor, hasta que el 1 de noviembre de 2016 ella tomó las riendas del negocio. “Apliqué mis conocimientos de marketing, creamos nuestra marca, empezamos a vender online y apostamos por el cultivo ecológico”, explica. Ese fue el comienzo. Ahora organiza jornadas de puertas abiertas y biorutas donde los visitantes pueden recolectar ellos mismos las naranjas. Producen entre 600 y 700 toneladas que exportan en un 98% fuera de Andalucía. “Solo el 2% se queda en la región, aquí no hay concepto de cultivo ecológico”, indica.

Rodríguez aboga por la necesidad de modernizar los cultivos, un empeño que comparten la mayoría de propietarios jóvenes, pero que se encuentra con uno de los principales lastres del sector: el caos administrativo. “Si tú recibes fondos europeos para poder cambiar o modificar tus productos, te encuentras con que el Ayuntamiento no te autoriza porque la tierra no es de regadío, pero la Confederación del Guadalquivir sí, la Junta también…”, explica. “Este es un proceso que implica meses y meses, un tiempo que no nos podemos permitir. Si no se destina la subvención a la finalidad para la que te lo han concedido, lo pierdes”, señala.

Para esta empresaria, la uniformidad de los trámites entre las Administraciones es una de las principales lacras del sector que dificultan y ralentizan la necesaria modernización del campo andaluz. Otra, que ella sufre de manera personal, es la discriminación de la mujer rural. Pone como ejemplo la escasa visibilidad de la mujer en la Política Agrícola Común, PAC. “En el caso de las tierras compartidas en régimen de cotitularidad, la mujer no puede gestionar nada por su cuenta, se necesita que el titular masculino también firme, casi que como con Franco”, explica. Este tipo de discriminación está siendo estudiada en Europa, pero hasta 2022 no va a poderse introducir la modificación.

En Andalucía, el 18,7% de la renta agraria procede de ayudas públicas y la región es la principal receptora de fondos de la PAC en España (el 28% del total recibidos, según datos de 2016). Rodríguez reconoce el valor de esas subvenciones sin las que los cultivos tradicionales como el algodón, el trigo y últimamente el olivar tras el veto arancelario de EE UU no podrían sobrevivir, pero es partidaria de un mayor control por parte de la Junta para evitar que los agricultores pasivos que no se dedican de manera directa a los cultivos perciban ayudas sin preocuparse luego, sostiene, del rendimiento de sus tierras. “Se hacen inspecciones a varios pueblos en cada provincia, ahora van a incluir drones y tecnología vía satélite. Eso debería aplicarse a escala regional, pero implica mucho personal en el terreno de los que la Consejería no dispone de medios humanos”, se lamenta.

Más allá de los condicionantes para recibir los fondos de ayuda europeos, la mujer rural se encuentra con un problema mayor: la conciliación. “La mujer no solo está en el campo, tiene que realizar las tareas domésticas, atender a los hijos, la conciliación es imposible”. Desde que se ha hecho cargo del negocio de las naranjas Rodríguez también ha experimentado la discriminación: “Cuando empecé, un cliente que trató conmigo la venta de una partida, dijo que el precio solo lo iba a cerrar con mi marido. Si vas a una finca y opinas sobre un cultivo, te miran como a un bicho raro”.