Las defensas tratan de desacreditar el informe de Hacienda sobre Sito Miñanco

El perito ha admitido que “no captaron fuentes de financiación” del narcotraficante en la inmobiliaria San Saturnino

El narco Sito Miñanco, en un momento del juicio.ÓSCAR CORRAL

La tercera sesión del juicio por blanqueo contra Sito Miñanco y otros cuatro acusados, entre ellos su exmujer y una hija, presuntos testaferros del narcotraficante en la inmobiliaria San Saturnino en la que se habría blanqueado diez millones de euros, se ha centrado este martes en desacreditar el informe de la Agencia Tributaria sobre el que se ha basado la acusación de la fiscalía.

Los cinco abogados han sometido al perito de Hacienda a un duro interrogatorio, hasta el punto que el presidente del tri...

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La tercera sesión del juicio por blanqueo contra Sito Miñanco y otros cuatro acusados, entre ellos su exmujer y una hija, presuntos testaferros del narcotraficante en la inmobiliaria San Saturnino en la que se habría blanqueado diez millones de euros, se ha centrado este martes en desacreditar el informe de la Agencia Tributaria sobre el que se ha basado la acusación de la fiscalía.

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Los cinco abogados han sometido al perito de Hacienda a un duro interrogatorio, hasta el punto que el presidente del tribunal, Xosé Xoán Barreiro, pidió que rebajasen el “tono vehemente” y comentarios de “desprecio” al trabajo realizado por el testigo. Según este, la investigación de Prado Bugallo se inició en 2006, en el contexto de la Operación Suntuarias contra el blanqueo del narcotráfico, cruzando información de la base de datos sobre sociedades patrimoniales de la Agencia Tributaria.

Las defensas han tratado de desmontar las tesis del investigador argumentando que este se había basado en meras conjeturas, sin comprobar otros registros oficiales, datos contables o bancarios que demostrasen que los ingresos de la familia Prado y los activos de la inmobiliaria procedían del narcotráfico. El perito Ángel Gallástegui, que formaba parte de un equipo de especialistas en detectar patrimonios injustificados en la provincia de Pontevedra, principalmente en Vilagarcía y Cambados, ha calificado de “incoherente” las rentas declaradas de los acusados con el patrimonio que tenían y que por eso los investigaron. Además ha dicho que la sociedad no era operativa sino patrimonial, que “responden al perfil de las que blanquean dinero” porque solo se dedican a adquirir patrimonio inmobiliario sin apenas obtener ingresos de la actividad.

Pero el inspector también ha reconocido que en esta investigación “no captaron fuentes de financiación” provenientes de Sito Miñanco en la inmobiliaria de su exmujer. Y ha admitido que la relación del acusado con la empresa “era de dominio público y notorio que existía”, aunque no tenían pruebas de ello, sólo que fue administrador-gerente de la sociedad desde su constitución en 1985 hasta junio de 1987.

Gallástegui también ha reconocido a preguntas de las defensas que la investigación no fue “exhaustiva” para determinar la procedencia del dinero con el que compraron los activos inmobiliarios, sobre todo los más recientes, para hacer una urbanización en Montalvo (Sanxenxo). Se trata de una parcela valorada en 1,2 millones de euros que se iba a urbanizar con los permisos del Ayuntamiento, un proyecto que fue parado al inicio de esta investigación y embargados los terrenos con carácter preventivo.

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El abogado de Prado Bugallo ha recordado que la comparecencia del perito en el juicio era crucial para las defensas porque no habían tenido oportunidad de contrarrestar sus informes durante la instrucción. También ha incidido en que "no existe ninguna evidencia de que el patrimonio de las señoras acusadas provenga" de su defendido. “El perito ha dicho que sus informes eran parciales y dio una serie de explicaciones que ratifican que este juicio no se tenía que haber celebrado porque no se sostiene y toda la acusación ya fue archivada en otra causa”, ha afirmado el letrado. La vista quedará vista para sentencia el próximo lunes con el interrogatorio de otros peritos y el informe final tanto del fiscal, Jesús Calles, como de los cinco abogados de la defensa.

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