Los educadores, al límite por la crisis de los menores ‘sin papeles’

El educador social se siente olvidado. Si el sistema de protección a la infancia ya se encontraba tensionado, la situación de emergencia por la llegada masiva de menores migrantes sin referentes familiares ha colmado el vaso. Según el sindicato UGT, entre el 25 y el 50% de las plantillas de los centros públicos está sistemáticamente de baja, ya sea a causa de agresiones o por estrés o ansiedad. El Govern promueve que se contrate a otros perfiles profesionales para cubrir las bajas, pero el Colegio de Educadores...

El educador social se siente olvidado. Si el sistema de protección a la infancia ya se encontraba tensionado, la situación de emergencia por la llegada masiva de menores migrantes sin referentes familiares ha colmado el vaso. Según el sindicato UGT, entre el 25 y el 50% de las plantillas de los centros públicos está sistemáticamente de baja, ya sea a causa de agresiones o por estrés o ansiedad. El Govern promueve que se contrate a otros perfiles profesionales para cubrir las bajas, pero el Colegio de Educadores Sociales ha salido al paso. Alerta de que no es que no haya educadores, sino que la precariedad en el sector disuade a los candidatos.

La crisis por la llegada de menores extranjeros no acompañados (mena) no se explica solo por los números. Detrás de cada uno de los 2.156 jóvenes que, a fecha de 15 de septiembre, han llegado a Cataluña en lo que va de año (en todo 2017 fueron 1.489), hay una historia particular: desde el periplo migratorio hasta las expectativas frustradas de empezar a trabajar, pasando por el desarraigo familiar y la estancia, como primer lugar de acogida, en comisarías y espacios inadecuados. A esto se le suman casos de problemas de salud mental o de drogodependencia. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) defiende que la atención debe ser individualizada, pero la realidad es muy distinta cuando no se crean plazas de acogida al mismo ritmo que se genera la demanda.

El último informe del Síndic de Greuges alerta de que los centros sufren sobreocupación (en algunos casos se supera en un 30% las plazas contratadas) y de que los nuevos centros de acogida no siempre respetan los estándares de calidad. En lo que más coinciden el Síndic, los sindicatos y los educadores es que el principal problema es que se lleva a los menores migrantes a centros de protección no especializados o cuya función no es la de gestionar la primera acogida. Esto compromete el trabajo de los educadores con los mena, pero también con los demás menores tutelados.

Ante la situación de emergencia, los educadores sociales van muy buscados. En la bolsa de trabajo de la Facultad de Educación y Trabajo Social Pere Tarrés - URL, por ejemplo, ha aumentado un 90% la demanda. “Se busca un perfil muy especializado, que tenga experiencia en duelo migratorio, que conozca el idioma...”, explica Gisela Riberas, vicedecana de ordenación académica. Fuentes del departamento de Asuntos Sociales explican que han podido cubrir las plazas con profesionales gracias a la contratación de mediadores e integradores.

El vicepresidente del Colegio de Educadores Sociales muestra un rotundo desacuerdo con la contratación de otros profesionales. “Es una falacia que el sistema esté velando por el interés superior del menor”, asevera Lluís Vila. La opinión del colegio profesional es que la falta de recursos y la contratación de otros profesionales que no son educadores “desprestigia el oficio”. “El sistema está desprestigiado, y llueve sobre mojado. Es tal el deterioro, con una rotación excesiva de personal, unas ratios que no se respetan, unos proyectos educativos que no son adecuados y unas ofertas de trabajo precarias, que los educadores no quieren trabajar”, asegura. Vila pone el acento en que el conjunto de los educadores sociales supera las 10.000 personas, y que la falta de profesionales de la que adolecen algunos centros solo se explica porque las condiciones precarias de las ofertas, no hacen atractivo el trabajo.

El convenio marca que los graduados del sector deben cobrar entre 1.474 y 1.644 euros al mes. Pero Vila dice que algunas de las entidades gestoras (que operan en el 80% de los centros) se acogen a otros convenios y pueden llegar a rebajar el salario un 20%.

Los sindicatos lamentan que al sistema de protección a la infancia no se le trate como a otras áreas, y no se reconozca la dificultad y el riesgo de unos profesionales que, sin una buena planificación, se ven abocados al conflicto constante con los menores tutelados, y a menudo tienen que pedir la actuación de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. La llegada de los mena, explican los sindicatos, solo ha intensificado una realidad existente. En julio pasado, dos motines en un CREI de Esparraguera pusieron de manifiesto las consecuencias de la falta de personal y de planificación.

“No se están cumpliendo los protocolos de prevención de riesgos. Es importante no criminalizar a los mena: al haber un aumento importante de las llegadas, lógicamente hay un aumento de los problemas, pero ya existían”, afirma Rafi Redondo, de CC OO. “Una emergencia como esta es inasumible”, dice Vila, “y la respuesta, o la hacemos en paralelo a un proceso de revisión del sistema, o lo pagaremos caro”.