El juez ve indicios de delito en la actuación del exalcalde de Moraleja

El juez ha admitido a trámite la querella del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio contra su exalcalde, Carlos Estrada (PP), con un auto de 1 de febrero en el que abre diligencias previas por los presuntos delitos apuntados por este: delitos de falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude en la obtención de subvenciones.

El equipo de gobierno socialista de Moraleja de Enmedio (5.000 habitantes), que sustituyó a Estrada tras las elecciones municipales de 2015, presentó una querella ante el...

El juez ha admitido a trámite la querella del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio contra su exalcalde, Carlos Estrada (PP), con un auto de 1 de febrero en el que abre diligencias previas por los presuntos delitos apuntados por este: delitos de falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude en la obtención de subvenciones.

El equipo de gobierno socialista de Moraleja de Enmedio (5.000 habitantes), que sustituyó a Estrada tras las elecciones municipales de 2015, presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero contra él y dos exempleados públicos. El Ayuntamiento sospecha que se obtuvieron irregularmente certificados de estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, a pesar de que entre los años 2008 y 2015 la deuda del pueblo con ambos organismos alcanzó los nueve millones de euros. Durante ese periodo, la Comunidad de Madrid (PP) dio a Moraleja de Enmedio ayudas por más de cinco millones de euros.

Estrada está imputado en el caso Púnica, en la que se le investiga por una presunta mordida que habría recibido tras la firma de un contrato de eficiencia energética firmado con la empresa Cofely (una de las principales investigadas en la trama). El juez llegó a detener a Estrada.

El mismo juzgado, aunque con una juez al frente, también se ha pronunciado respecto a otra querella presentada por el Consistorio de Moraleja contra la exinterventora del pueblo, Beatriz Mata, y un empresario. Asimismo se apunta falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos. La magistrada encargada del caso indica en un auto de 1 de febrero pasado que podría existir “una infracción penal”, motivo por el que abre diligencias previas.

En este caso, la denuncia del Ayuntamiento se debe a una factura presuntamente ficticia de 35.164,24 euros por un contrato informático. El Consistorio detectó una “aparente manipulación del sello de registro de entrada y alteración en la letra de la persona que supuestamente lo registró”. Además, en los archivos municipales no consta que se efectuase expediente alguno de contratación, puntualizan desde el Consistorio.

Estrada dejó al pueblo con una deuda de 38 millones de euros a la que los socialistas tenían que hacer frente con un raquítico presupuesto de cuatro. Una misión imposible. En septiembre del año pasado, el Ayuntamiento anunció que había conseguido financiar su deuda a largo plazo y desbloquear el agujero con Seguridad Social y Hacienda. De esta forma, han podido acceder a subvenciones.