100 abogados para defender a los investigados por el referéndum

La ofensiva judicial para detener el referéndum del 1 de octubre por la vía penal ya tiene respuesta. Drets, una entidad catalana de especialistas en derecho, asegura que dispone de un centenar de "abogados voluntarios" que defenderán a los encausados por organizar la consulta. El "ambicioso operativo jurídico de defensa" está orientado, sobre todo, a defender los intereses de los particulares y las empresas que puedan verse afectados por colaborar ...

La ofensiva judicial para detener el referéndum del 1 de octubre por la vía penal ya tiene respuesta. Drets, una entidad catalana de especialistas en derecho, asegura que dispone de un centenar de "abogados voluntarios" que defenderán a los encausados por organizar la consulta. El "ambicioso operativo jurídico de defensa" está orientado, sobre todo, a defender los intereses de los particulares y las empresas que puedan verse afectados por colaborar con el referéndum ilegal previsto por el Gobierno catalán.

La iniciativa de Drets llega después de que la fiscalía haya emitido una instrucción, dirigida a todos los cuerpos policiales (Policía, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra) en la que insta a perseguir cualquier acto preparatorio del 1-O, lo que incluye a autoridades, funcionarios y también a particulares que actúen "en connivencia" con ellos.

Drets es una entidad sin ánimo de lucro que actúa "contra la catalanofobia y en defensa de la sociedad catalana". Junto a otras tres entidades -Juristas por la Independencia, Colectivo Praga y la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona- ha movilizado a un grupo de 100 abogados que "estarán disponibles las 24 horas del día" para que "todos los posibles citados o detenidos" por la justicia reciban asesoramiento. La entidad ha habilitado incluso un número de teléfono para atender consultas de urgencia.

Además de la asistencia de los abogados, Drets ha publicado un "protocolo de actuación" para ciudadanos "que sean requeridos por la policía como testigos, investigados o detenidos". Y lo mismo para las empresas que "puedan ser víctimas de registros policiales". La semana pasada, la Guardia Civil registró una imprenta de Constantí (Tarragona) que, supuestamente, había impreso las papeletas para el referéndum.

El protocolo, publicado en la página web de la entidad, recuerda, entre otras cosas, que un detenido tiene derecho a no declarar, a ser asistido por un abogado y a hacer una llamada telefónica a la persona que desee. En el caso de los registros, subraya que la policía solo puede entrar en un domicilio con orden judicial o con el consentimiento del propietario, y que éste tiene derecho a estar presente en el registro.