Ingenieros gallegos denuncian bajas temerarias en contratos públicos ambientales

El 99% de los contratos de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil solo se basan en criterios económicos sin valorar los técnicos, afirma Ageinco

El presidente de la Confederación Hidrográfica, Francisco Marín, segundo por la izquierda, durante un acto oficial en abril.

La Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Ageinco) denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil vulnera la normativa en la adjudicación de tres contratos públicos en Pontevedra y A Coruña en los que únicamente se valoran criterios económicos y no técnicos.

La denuncia pone el foco en la baja temeraria de estas licitaciones, contrataciones de servicios por debajo de su precio real objetivo, así como en la formulación...

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La Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Ageinco) denuncia que el Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil vulnera la normativa en la adjudicación de tres contratos públicos en Pontevedra y A Coruña en los que únicamente se valoran criterios económicos y no técnicos.

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La denuncia pone el foco en la baja temeraria de estas licitaciones, contrataciones de servicios por debajo de su precio real objetivo, así como en la formulación incompleta e injustificada de los pliegos de condiciones, entre otras prácticas administrativas que, asegura, “atentan contra la economía de mercado”.

Las presuntas irregularidades, según los ingenieros galllegos, se habrían cometido en la adjudicación de dos proyectos de asistencia técnica, uno de ellos a la dirección de obras del colector del río Veiga, en Guitiriz, con un presupuesto de 84.110 euros, y el otro en relación a la restauración hidrológico-forestal y mejora de la colectividad en varios cauces de la cuenca Miño-Sil en la provincia de Pontevedra, con un coste de licitación de 52.473 euros.

El tercero de los concursos bajo sospecha se refiere al plan de vigilancia ambiental y trabajos de coordinación de seguridad y salud en relación a la ejecución de las obras del proyecto actuación medioambiental en la ría de O Pedrido, concretamente en la playa de Sada (A Coruña), que en su primera fase tiene un presupuesto de 291.107 euros.

Ageinco asegura que “el 99% de las obras licitadas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil se basa única y exclusivamente en criterios económicos”, siendo así la única confederación de España que utiliza esta práctica de la subasta sin valorar las condiciones técnicas de los proyectos, lo que supone “un perjuicio para la estructura empresarial gallega".

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La asociación exige la anulación de los pliegos de condiciones de los concursos y la redacción de unos nuevos porque, dicen, “suponen un agravio comparativo respecto a otras confederaciones” por lo que han denunciado estos hechos ante la Dirección General del Agua.

La secretaria de esta organización, Marta Gallego, también ha denunciado que en multitud de ocasiones las empresas no pueden desarrollar sus trabajos en las condiciones técnicas acordadas. “La Administración debe predicar con el ejemplo y no ser la primera en incumplir la normativa vigente", ha incidido Gallego en un comunicado difundido por Ageinco.

En el caso del concurso del Ministerio de Medio Ambiente, la asociación asegura que en el pliego de condiciones del proyecto de A Coruña también prima el precio por encima de otros criterios, por lo que se vulnera la normativa europea que establece como premisas de la adjudicación la “cualificación” y “valoración profesional” del equipo humano.

Ageinco ya denunció en octubre pasado el contrato de una empresa de Alicante para la redacción del proyecto de urbanización del parque logístico industrial de Salvaterra-As Neves a mitad de precio de su valor real por parte de Zona Franca.

Los ingenieros advirtieron que el precio ofertado no era adecuado al mercado, al no cubrir la totalidad de los costes ni deja un margen industrial mínimo. Además criticaron la competencia desleal en contratación de estudiantes en prácticas a través de ayudas y becas, así como la de profesionales sin tener en cuenta el convenio colectivo nacional.

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