Competencia rechaza por restrictiva la regulación de pisos turísticos en Galicia

El organismo amenaza a la Xunta con llevarla a los tribunales si no cambia una norma que "desalienta a los operadores” e impide “precios competitivos”

Turistas en la playa de As Catedrais, en Lugo.kike para

La primera regulación de pisos turísticos de Galicia, aprobada el pasado enero, se ha topado con su primer problema de calado poco antes de entrar en vigor. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechaza varios artículos del decreto de la Xunta porque considera que impone limitaciones y requisitos excesivos tanto a las empresas como a los particulares que quieran arrendar un alojamiento por temporadas. Según Competencia, la norma, que llega en un momento en el que empiezan a extenderse los servicios online y d...

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La primera regulación de pisos turísticos de Galicia, aprobada el pasado enero, se ha topado con su primer problema de calado poco antes de entrar en vigor. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechaza varios artículos del decreto de la Xunta porque considera que impone limitaciones y requisitos excesivos tanto a las empresas como a los particulares que quieran arrendar un alojamiento por temporadas. Según Competencia, la norma, que llega en un momento en el que empiezan a extenderse los servicios online y de economía colaborativa, “desalienta a los operadores” e impide que los usuarios se beneficien de “precios competitivos”.

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Con la temporada estival a la vuelta de la esquina y miles de propietarios preparándose para cumplir los nuevos requisitos, la CNMC señala varias medidas que el Gobierno gallego debería modificar porque son “obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva”. En relación con las viviendas que alquilan particulares, que hasta ahora carecían en Galicia de regulación específica, la comisión censura que se permita a los Ayuntamientos limitar su número en determinadas zonas o edificios y que se prohíba el arrendamiento por habitaciones. Además, según este organismo regulador, la Xunta obliga a quienes quieran empezar a alquilar un piso por este régimen una serie de “cargas adicionales que no superan el análisis de necesidad y proporcionalidad”, entre ellas el pago de tasas, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil y el alta en un registro, así como un “catálogo de requisitos y servicios mínimos abiertamente discrecional”. Las exigencias para las empresas que arrienden apartamentos o casas a turistas son también “exagerados”, señala Competencia, incrementan los costes y “limitan su libertad de autoorganización”.

La comisión envió a la Xunta el pasado 7 de abril un requerimiento previo en el que le pide al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que modifique varios artículos del Decreto 12/2017. “Es un paso previo con el que se quiere evitar interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”, afirma la CNMC en un comunicado, en el que subraya que la Administración gallega “está a tiempo de modificar o anular las restricciones injustificadas” y “favorecer a los consumidores y usuarios”.

Esta es la tercera vez que la CNMC se opone a normas que restringen el sector de viviendas de uso turístico. El organismo, que también ha puesto pegas a la regulación de Canarias, ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anule la disposición que prohibía en esta comunidad alquilar las viviendas de uso turístico por estancias inferiores a los cinco días. La Autoridad Catalana de la Competencia (ACC) también censuró el decreto de la Generalitat de Cataluña por considerarlo excesivamente restrictivo.

La CNMC sostiene que sus críticas a estas normativas van en línea con la “necesidad” que defiende la Comisión Europea “de no introducir requisitos de acceso al mercado injustificados, innecesarios y desproporcionados”. Las medidas introducidas en el sector de los alojamientos turísticos en Galicia, añade, “elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado”, “desalientan a algunos operadores” y reducen “el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios”.

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