El nuevo plan de salud mental refuerza la atención a la infancia
El anteproyecto de la Ley del Voluntariado prevé mecanismos de flexibilización de la jornada laboral
La atención a los menores como eje prioritario en el nuevo plan de Salud Mental presentado este martes en el Consejo de Gobierno andaluz de la Consejería de Salud. Un documento con vigencia hasta 2020 en el que se establecen los trastornos de la infancia y los sectores vulnerables en el centro de las políticas para trabajar en la mejora de la accesibilidad de los servicios. Desde la puesta en vigor de este tercer plan, los menores de 18...
La atención a los menores como eje prioritario en el nuevo plan de Salud Mental presentado este martes en el Consejo de Gobierno andaluz de la Consejería de Salud. Un documento con vigencia hasta 2020 en el que se establecen los trastornos de la infancia y los sectores vulnerables en el centro de las políticas para trabajar en la mejora de la accesibilidad de los servicios. Desde la puesta en vigor de este tercer plan, los menores de 18 años podrán acudir a las unidades de salud mental más cercanas tras una primera valoración del pediatra, un servicio implantado para fomentar la detección precoz, el tratamiento y la recuperación de las personas. A los 14 años surgen la mitad de los problemas de salud mental que aparecen a lo largo de la vida, informa la consejería.
Entre las medidas, se ha llegado a un acuerdo con Educación para implantar programas escolares de infantil a secundaria en la que se introducen herramientas de inteligencia emocional. "El III PISMA (como se llama el plan) busca también mejorar la detección de situaciones de abuso, desprotección y abandono de menores, y pondrá en marcha programas de prevención destinados a la población infantil y adolescente en situación de riesgo", se lee en la información remitida por Salud.
El documento prevé también reducir un 10% el consumo de ansiolíticos y antidepresivos en la población andaluza ante el 25% de ciudadanos que sufre ansiedad y depresión. "Alrededor de 250.000 personas son atendidas cada año en las Unidades de Salud Mental Comunitaria de Andalucía", ha apuntado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, tras el Consejo de Gobierno sobre este plan, que ha contado con la participación del movimiento asociativo.
"La estrategia promueve un plan regional de investigación en salud mental que incorpore proyectos de investigación de carácter multicéntrico y líneas de investigación epidemiológica, priorizando las enfermedades mentales en la infancia y adolescencia, la prevención del suicidio, los resultados en salud sobre la recuperación en las personas con trastorno mental grave, el desarrollo de intervenciones con las TIC y el uso de herramientas psicológicas, incorporando la perspectiva de género", añade la consejería.
"Nos congratulamos de tener esta herramienta, que nos da soporte social y sanitario para que se puedan considerar ciudadanos de primera", declara Concepción Cuevas, presidenta de la Federación Andaluza de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Feafes), que destaca que echa de menos más atención en prisiones o más tratamiento para el trastorno de límite de personalidad. "Las cárceles se están llenando de presos que necesitan tratamiento sanitario y social y que deben ser tratados en comunidad, en otro tipo de centros. Al estar privados de libertad, no podemos trabajar con ellos", apunta Cuevas.
Por otro lado, en el Consejo de Gobierno de este martes también se ha presentado el anteproyecto de la Ley de Voluntariado, que regulará la participación de los menores, incorporará las modalidades de acción vinculadas a las nuevas tecnologías y marcará los límites entre las tareas de voluntariado y las laborales. "En estos tiempos de crisis se ha llamado voluntariado a muchas cosas. Tienen que quedar claros los extremos de cada ámbito para que no se dé la duda", ha declarado la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, en San Telmo.
Entre las novedades destaca también que no se podrá despedir a los trabajadores que desarrollen estos servicios. "La nueva ley impedirá que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la extinción de contratos por cuenta ajena. Recoge además la posibilidad de establecer mecanismos de flexibilización de la jornada laboral que permita a los trabajadores participar en estas actividades", informa la Consejería de Igualdad.