Cifuentes mantiene al diputado Ortiz investigado por los jueces

Cristina Cifuentes (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid, mantendrá en su puesto de diputado a Daniel Ortiz hasta que no haya un “auto formal de investigación”, según anunció ayer la mandataria regional.

Estas declaraciones se produjeron tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) había hecho público pocas horas antes un auto donde detallaba que iba a investigar a Ortiz por haber favorecido supuestamente a la empresa Cofely con un contrato de 73 millones cuando era alcalde de Móstoles (entre 2013 y 2014) a cambio de un soborno de 746.000 euros.

Cifuentes confí...

Cristina Cifuentes (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid, mantendrá en su puesto de diputado a Daniel Ortiz hasta que no haya un “auto formal de investigación”, según anunció ayer la mandataria regional.

Estas declaraciones se produjeron tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) había hecho público pocas horas antes un auto donde detallaba que iba a investigar a Ortiz por haber favorecido supuestamente a la empresa Cofely con un contrato de 73 millones cuando era alcalde de Móstoles (entre 2013 y 2014) a cambio de un soborno de 746.000 euros.

Cifuentes confía, no obstante, en que el juez instructor pueda dar carpetazo a la causa, una situación improbable debido a los indicios que ha recogido el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que ahora han pasado a la jurisdicción del TSJM, el tribunal competente debido a que Ortiz es aforado.

“Hay que esperar a que el juez instructor decida si practica nuevas actuaciones, si archiva la causa o si decide finalmente investigarle”, concretó ayer Cifuentes.

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, advirtió a la presidenta que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid supone que Ortiz se encontrará “formalmente imputado en cuestión de días y tendrá que dimitir”, porque así lo recoge el punto primero del acuerdo de investidura firmado entre la formación de Albert Rivera y el Partido Popular. “Lo contrario pondría en riesgo el pacto y sería de una gran irresponsabilidad por parte del PP”, concretó. El PP y Ciudadanos solo suman un diputado más que el resto de la oposición (PSOE y Podemos).

La Sala de lo Civil y Penal del TSJM indica en el citado auto que de la exposición razonada enviada por el juez Eloy Velasco “se deducen hechos que razonablemente permiten deducir indicios acreditativos de la realidad de los hechos”.

El documento expone que “se han detectado presuntos actos de corrupción en beneficio de la mercantil Cofely España, con ánimo de lucro personal como contrapartida tanto de este regidor del Ayuntamiento, como de su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y su hermano Mario”. Continúan los jueces explicando que estos se erigieron como intermediarios representantes en las negociaciones del “cobro de dádivas, actuando activamente por parte de Cofely los responsables del Departamento Comercial”.

El auto del TSJM señala también que, según dicha exposición razonada, Ortiz “participó activamente” en el proceso de adjudicación “recabando información del avance de la fase de licitación, presionando continuamente a empleados públicos y autoridades municipales, prevaliéndose de su posición como alcalde”.

Los magistrados afirman que presionó sobre todo al concejal promotor David Sánchez Rey, “llegando incluso a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación”.

Los magistrados sospechan que se creó “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación” y que remitieron “subrepticiamente” a Cofely “documentos confidenciales de oferta de los competidores”. Siempre según los jueces, Cofely, con estos datos, detectó fallos en la oferta competidora (Fulton), con lo que fue descalificada

Los magistrados consideran, por tanto, que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de fraude contra la Administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones, además de cohecho.

En el mismo auto de admisión de la competencia, se ha designado como instructora de la causa, entre los miembros de la misma Sala, a la magistrada Susana Polo García, quien determinará la persona que, junto al aforado, “deben figurar en esta causa como investigados por su participación conexa con los hechos imputados a Daniel Ortiz”, dice el auto.

José Manuel Franco, portavoz adjunto socialista de la Asamblea, “lamenta” la situación creada debido al “goteo continuo de casos de presunta corrupción” que se están dando en la Comunidad de Madrid. En su opinión, es una situación que afecta de forma “estructural” al PP y que no se arregla con dimisiones ni con cambios de personas. “Hay que ir a las causas”, puntualiza. En este caso concreto, además, se trata de un diputado que iba en la lista de la presidenta, por lo tanto, no estamos hablando “de nuevo ni viejo PP, sino del que lidera Cifuentes”.

La presunta implicación del señor Ortiz en el mayor pelotazo de la trama Púnica “es un secreto a voces”, ha criticado José Manuel López, portavoz de Podemos. Para su partido, lo ocurrido durante años en el PP “no es una “sucesión de hechos aislados”, al contrario, “es la mayor trama de corrupción con epicentro en el PP”. En cuanto al nuevo equipo de Cifuentes, ha puntualizado que aunque solo una décima parte de los sumarios judiciales fueran ciertos “estaríamos ante un caso que inhabilitaría al PP para dirigir las instituciones”.

Voto particular

El documento cuenta con un voto particular formulado por el magistrado Jesús María Santos Vijande, quien comparte la asunción de la competencia acordada en la resolución, pero considera que el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6 debió remitir mucho antes a este tribunal la exposición razonada.

Por su parte, Ortiz mantendrá su acta en la Asamblea de Madrid porque “no está investigado” y “la única novedad” es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado su competencia para determinar si lo hace o no, según señalaron a Efe fuentes parlamentarias del grupo popular.