Salud destina 200 millones al año a actividad privada en Barcelona
Un informe municipal revela que el Departamento aumentó un 25% la contratación al hospital privado Sagrat Cor durante la crisis
La privatización de la sanidad en Barcelona toca a todas las áreas asistenciales, desde hospitales hasta centros sociosanitarios. Un informe encargado por el Ayuntamiento de Barcelona sobre la privatización del sistema sanitario en la ciudad revela que el Departamento de Salud destina más de 200 millones de euros anuales (el 10% del presupuesto global destinado a asistencia sanitaria) a contratar actividad a centros con afán de lucro. Solo en el ámbito hospitalario, Salud aumentó un 25% la contratación al ...
La privatización de la sanidad en Barcelona toca a todas las áreas asistenciales, desde hospitales hasta centros sociosanitarios. Un informe encargado por el Ayuntamiento de Barcelona sobre la privatización del sistema sanitario en la ciudad revela que el Departamento de Salud destina más de 200 millones de euros anuales (el 10% del presupuesto global destinado a asistencia sanitaria) a contratar actividad a centros con afán de lucro. Solo en el ámbito hospitalario, Salud aumentó un 25% la contratación al hospital privado Sagrat Cor durante los años de la crisis. "Hay que reforzar la presencia pública para dar el mejor servicio", alentó este viernes la alcaldesa, Ada Colau,durante la presentación del estudio.
A su llegada al gobierno municipal, el equipo de Colau encargó dos informes para evaluar la situación de la sanidad en Barcelona y la presencia del capital privado en la red de atención pública. La Universidad Pompeu Fabra se encargó de estudiar, a través de entrevistas a altos cargos, los mecanismos que favorecen las privatizaciones mientras que, con datos de la Agencia de Calidad y Evaluaciones Sanitarias (AQuAS), técnicos del Ayuntamiento analizaron el estado y evolución del sistema sanitario entre 2009 y 20014. Los resultados obtenidos cristalizan la penetración del ánimo de lucro en la sanidad pública: desde el 4% de la actividad hospitalaria hasta el 100% del transporte sanitario están en manos de operadores privados.
La realidad de Barcelona es un reflejo de lo que ocurre en toda Cataluña y de la esencia del modelo sanitario catalán: en asistencia hospitalaria, el ánimo de lucro es más residual, mientras que en salud mental o sociosanitarios, su presencia es hegemónica. "Era importante tener estos estudios porque pensamos que la privatización amenaza el derecho a la salud. Con elementos altamente privatizados no podemos garantizar los principios de transparencia, equidad o sostenibilidad del sistema", ha argumentado la comisionada de Salud, Gemma Tarafa. Según el informe, el 10% de la atención primaria y el 20% de los servicios de salud mental están en manos de entidades privadas con ánimo de lucro.
Sin embargo, Tarafa ha mostrado especial "preocupación" por la situación de otras líneas asistenciales menos definidas en el espacio, por ejemplo la rehabilitación o el transporte sanitario. El 55% de las terapias de rehabilitación se contratan a entidades privadas con afán de lucro y el 100% del transporte sanitario no urgente de la ciudad (21 millones) o la oxigenoterapia (siete millones) están también privatizadas. En total, todo este conglomerado de contrataciones a grupos empresariales asciende a más de 200 millones al año.
Para revertir estas privatizaciones, Tarafa ha avanzado un paquete de medidas que deberán consensuar, en buena medida, con los responsables del Departamento de Salud. Dentro de su margen de maniobra, la comisionada de Salud ha explicado que reabrirán 150 camas del sociosanitario Centre Forum, propiedad del consorcio público Parc Salut Mar, para frenar el trasvase de pacientes que se van a centros con ánimo de lucro.
Además, Tarafa ha lanzado un mensaje al consejero de Salud, Toni Comín. Aunque ha celebrado su decisión de sacar de la red hospitalaria pública a centros con afán de lucro, la comisionada municipal ha ido un paso más allá y ha propuesto "hacer expansiva la medida a otras áreas". Tarafa abre así la puerta al debate de excluir también de la salud mental y el sociosanitario a operadores privados, una maniobra mucho más compleja dada la alta presencia de centros de este tipo en el sector. "No se hará de la noche al día pero tenemos que hacer un proceso de transición. Y en este proceso hay elementos que no pueden esperar más, como la rendición de cuentas o la transparencia", ha señalado Tarafa.