Los inspectores desaconsejaron ceder escuelas e institutos para el 9-N
La Fiscalía cree que la consejera Rigau mintió al afirmar que no se habían dado instrucciones a los directores de instituto
“No deberíais permitir el uso de las instalaciones de vuestro centro si no recibís instrucciones concretas, por escrito, del órgano competente”. Es uno de los mensajes que los inspectores de Enseñanza enviaron a los directores de escuelas e institutos públicos antes de la consulta sobre la independencia organizada por el Gobierno catalán el 9 de noviembre. En las cartas, los inspectores les advierten de posibles responsabilidades y les recomiendan que se queden al margen.
Esos y otros docum...
“No deberíais permitir el uso de las instalaciones de vuestro centro si no recibís instrucciones concretas, por escrito, del órgano competente”. Es uno de los mensajes que los inspectores de Enseñanza enviaron a los directores de escuelas e institutos públicos antes de la consulta sobre la independencia organizada por el Gobierno catalán el 9 de noviembre. En las cartas, los inspectores les advierten de posibles responsabilidades y les recomiendan que se queden al margen.
Esos y otros documentos internos fueron enviados por un alto responsable del Ministerio de Educación el pasado 25 de mayo a la Fiscalía, que impulsó la querella contra el presidente catalán, Artur Mas, por desobediencia. El TSJC investiga a Mas, a la vicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por organizar la consulta alternativa pese al veto del Constitucional. Tras el no del TC, las cartas fueron aún más contundente: “No podéis autorizar la utilización de vuestro centro para este proceso, salvo que recibáis instrucciones concretas”.
Una de las cartas revela que, el 16 de octubre, los responsables de Enseñanza en Barcelona y comarcas celebraron una reunión con directores de instituto. “En esa reunión recibieron instrucciones verbales para la utilización de sus centros (...) en el proceso participativo”, señala un inspector, quien recuerda que pese a la “demanda verbal” de Enseñanza la “competencia de autorizar el uso social de los centros” corresponde a los directores.
El fiscal del caso considera que los documentos “contradicen directamente” la respuesta que Rigau dio a la Fiscalía negando que se hubieran dado “instrucciones, sugerencias o comunicaciones verbales o escritas” a los directores.