La fiscalía pide hasta 12 años por una estafa a 200 olivareros
La Abogacía del Estado contempla un único delito continuado de alzamiento de bienes
La Fiscalía de Jaén solicita penas de entre dos y 12 años de prisión para las 14 personas que están siendo juzgadas acusadas de la estafa a unos 200 olivareros de Jaén y Córdoba en la campaña 2001-2002. El juicio del llamado caso Iniosa, el nombre de la aceitera que tenía su sede en Porcuna (Jaén), llega a su recta final después de casi medio mes de sesiones.
La fiscalía, en su informe de conclusiones, considera “ac...
La Fiscalía de Jaén solicita penas de entre dos y 12 años de prisión para las 14 personas que están siendo juzgadas acusadas de la estafa a unos 200 olivareros de Jaén y Córdoba en la campaña 2001-2002. El juicio del llamado caso Iniosa, el nombre de la aceitera que tenía su sede en Porcuna (Jaén), llega a su recta final después de casi medio mes de sesiones.
La fiscalía, en su informe de conclusiones, considera “acreditada” la existencia de una “estafa” y un “engaño conformado” a unos 200 olivareros. A su juicio, a la mayor parte de los cosecheros se le ofreció condiciones ventajosas para que entregara su cosecha a Iniosa. Esto determinó que los trabajadores optasen por dicha empresa que, a cambio, les entregó pagarés asociados a cuentas sin fondo.
La fiscalía pide 12 años para Luis G. B., y otros 10 años para el considerado cerebro de la trama, Enrique F. I. Mientras que para M. J. B., colaborador del artífice, pide ocho años. Para el resto de acusados, las penas solicitadas son de dos y tres años. Por su parte, la Abogacía del Estado contempla un único delito continuado de alzamiento de bienes, al tiempo que advierte una serie de “operaciones concatenadas para lograr la despatrimonialización” de la sociedad mercantil.
Los afectados interpusieron en 2003 una querella contra Iniosa y estimaron el fraude en 20 millones de euros, al incluir también la descapitalización de las instalaciones de la firma aceitera. Según la Guardia Civil, se trata de una trama empresarial creada para descapitalizar a la empresa quebrada dejándola sin ningún patrimonio con el que pudiera haber respondido ante sus acreedores.