El Sergas dejó de ingresar 7,5 millones por no facturar a las mutuas

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) dejó de facturar 7,5 millones de euros por asistencias reclamables a terceros entre 2010 y 2012. El grueso de esas facturas no cobradas corresponde a servicios prestados a mutuas y aseguradoras privadas y en menor medida al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El informe de fiscalización del Sergas realizado por el Consello de Contas revela que la facturación de 2011 fue de 18,5 millones de euros en el concepto de “varios y particulares”, en su mayoría (un 75%), correspondiente a contingencias cubiertas por las aseguradoras privadas que, en un ...

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) dejó de facturar 7,5 millones de euros por asistencias reclamables a terceros entre 2010 y 2012. El grueso de esas facturas no cobradas corresponde a servicios prestados a mutuas y aseguradoras privadas y en menor medida al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El informe de fiscalización del Sergas realizado por el Consello de Contas revela que la facturación de 2011 fue de 18,5 millones de euros en el concepto de “varios y particulares”, en su mayoría (un 75%), correspondiente a contingencias cubiertas por las aseguradoras privadas que, en un porcentaje muy elevado, “aplicaron supuestos de incapacidades temporales” que en realidad no lo eran “escapando al control del Sergas”.

El órgano fiscalizador de la Xunta sostiene que facturaciones englobadas en el concepto de incapacidades temporales se referían a asistencias por cardiopatías isquémicas y accidentes cardiovasculares. A esta pérdida de ingresos del Sergas en favor de las aseguradoras privadas hay que sumar otros 10,6 millones por asistencias sanitarias prestadas a pacientes que inicialmente fueron atendidos en un centro y derivados a otros de la red pública y a los que “por error” no se les facturó. Estas actuaciones del Sergas generan un “importante impacto económico” para las arcas públicas, sostiene Contas, para precisar que ahora se intenta solucionar mediante un “procedimiento de regularización” que permita recuperar las cantidades adeudadas.

El defecto en estas facturaciones fue detectado después de que, a comienzos de 2010, la Inspección de Servicios Sanitarios de Pontevedra diseñase un programa de detección de los impagos. El éxito en la detección de anomalías motivó que el programa se incorporase en 2011 al plan de prioridades sanitarias para el trienio 2011-2013. El Consello de Contas considera imprescindible que se implanten “los oportunos mecanismos de control que permitan identificar cualquier hecho facturable” así como los traslados de pacientes entre centros.

En las alegaciones al informe el Sergas minimiza su responsabilidad. Afirma que las prestaciones que no facturó en los casos de accidentes de trabajo de pacientes de mutuas no escaparon en realidad al control de los centros sanitarios sino que en el momento en que fueron atendidos, los pacientes “tenían la consideración de enfermedad común”.

Contas insiste en que, ateniéndose a la normativa en vigor, los servicios de salud deben reclamar el servicio prestado a los terceros obligados al pago de la asistencia sanitaria, “incluido el transporte, la atención urgente, especializada o primaria, la prestación farmacéutica, ortoprotésica y de rehabilitación en los supuestos previstos”.

No es la única deficiencia en la gestión que recoge el informe de fiscalización. También alerta sobre prácticas contables que han inflado el presupuesto. Así, detalla que durante el ejercicio económico de 2011 Sanidade duplicó las facturaciones por asistencias: primero las daba por recaudadas en el presupuesto del Sergas, contabilizándolas como ingresos y posteriormente, cuando las cobraba, las computaba como transferencias. Contas estima que en el año 2011 la sobrevaloración del presupuesto mediante la utilización de esta fórmula fue de 2,4 millones de euros que alcanzan los 10,4 millones de presupuesto ficticio del servicio público de salud si se incluyen las anualidades desde 2008.

El organismo de control de la Xunta detalla, además, que existen derechos pendientes de cobro por 89 millones de euros que el servicio sanitario público computa en sus partidas aunque corresponden a ejercicios ya cerrados, con lo que difícilmente se podrán recuperar. Y añade que existen saldos que llegan a superar los 12 años de antigüedad sin que hayan sido regularizados. Junto a ello, alerta de las discrepancias entre la información que refleja la liquidación presupuestaria del Sergas con respecto a la que aportan la Consellería de Facenda y la contabilidad de los propios centros.

A este respecto, el Consello de Contas recomienda depurar “el importante volumen de derechos reconocidos pendientes de cobro” de ejercicios cerrados con el fin de obtener “una información contable no distorsionada” y un “reflejo presupuestario adecuado a la efectividad de los derechos pendientes”.