Mas emprenderá acciones legales para recuperar los ‘papeles de Salamanca’

La Generalitat interpondrá acciones legales y apelará a organismos internacionales para conseguir que los llamados papeles de Salamanca que reclama desde hace años vuelvan a Cataluña y a manos de sus propietarios. Así lo ha acordado el Gobierno de Artur Mas este martes. Se trata de una acción como ...

La Generalitat interpondrá acciones legales y apelará a organismos internacionales para conseguir que los llamados papeles de Salamanca que reclama desde hace años vuelvan a Cataluña y a manos de sus propietarios. Así lo ha acordado el Gobierno de Artur Mas este martes. Se trata de una acción como respuesta a la decisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de retener parte la documentación reclamada que permanece en el Archivo General de la Guerra Civil, actualmente Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca; unos documentos que han de volver como consecuencia de la ley estatal 21/2005 de 17 de noviembre. El acuerdo da vía libre al consejero de Cultura, Ferran Mascarell, para que actúe en este sentido. La junta de portavoces del Parlament aprobó ayer una declaración —sin la firma del PP y Ciutadans— exigiendo la devolución.

En el centro de Salamanca queda pendiente una parte considerable de los documentos confiscados a partir de 1939. Una cifra en la que no se ponen de acuerdo Ministerio y Generalitat. A saber: 546 cajas con documentos, 4.139 libros, 259 carteles, y 408 objetos, entre láminas, mapas, banderas, panfletos y tarjetas postales. Por su parte, la Generalitat reclama 300 cajas y 3.000 libros. Una diferencia que viene marcada por la utilización de terminología diferente: Fondos en el caso del Ministerio y cajas por parte de la Generalitat.

La protesta de la Generalitat viene tras el acuerdo del Patronato del Archivo de Salamanca del 18 de junio de devolver tan solo 238 cajas, 350 libros, 10 carteles y 27 objetos. La razón, según se explicó desde el Ministerio, viene por aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2013 en la que se establecía que los documentos que no acabaran en manos de sus dueños, deberían volver a un centro estatal.

Santi Rodríguez, diputado del PP catalán, acusó al Ejecutivo catalán de incumplir la legalidad al recordar que la ley obliga a la Generalitat a hacer las veces de mediadora y a retornar al Estado los documentos si no da con sus legítimos herederos. “Francesc Homs [portavoz del Gobierno catalán] no dice la verdad. O es un mentiroso compulsivo o un indocumentado”, afirmó. La Generalitat alega que el proceso no ha acabado, y que ya ha retornado a sus legítimos dueños el 80% de los documentos y se han identificado a muchos del del 20% restante.

Tras conocer la decisión tomada por el Ministerio, Mascarell aseguró que se "impugnará el acuerdo e interpondrá un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa” y recordó que es la Generalitat la encargada de buscar a los propietarios según la ley de restitución. Días después, en declaraciones a Europa Press, el consejero explicó que los servicios jurídicos de la Generalitat ya estudian cómo llevar el asunto a instancias internacionales.

El próximo 5 de julio la Comisión de la Dignidad, entidad social que desde hace años ha reclamado el retorno de los 'papeles' ha organizado un acto de protesta coincidiendo con el 75 aniversario de la marcha de los últimos vagones con documentos (con 35.000 kilogramos de papel) requisados, camino de Salamanca. El acto es a las 12 del mediodía junto al monumento de Mistral de Montjuïc.

El Gobierno también aprobó ayer otra medida polémica: el impuesto que grava a las operadoras de internet con un canon (0,25 euros por conexión de datos) para financiar el sector audiovisual. Las previsiones del Gobierno son que con este impuesto se recauden 20,5 millones de euros al año que se destinarán para fomentar la producción audiovisual. AMETIC, la patronal de las operadoras, emitió un comunicado el pasado lunes en el que aseguró que en caso de que se aprobara la tasa, las empresas afectadas iniciarán acciones legales tendentes a su anulación. La otra medida aprobada ayer es un código de buenas prácticas para la contratación pública. Entre otras medidas se pone coto a la tramitación de expedientes por la vía de urgencia y solo se hará de forma “excepcional”.