El TSXG autoriza el concurso para ampliar el hospital de Ourense
El proceso, que implica la privatización de algunos servicios, estaba paralizado por Hacienda
El concurso de 225 millones de euros para ampliar el hospital de Ourense, que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pretendía financiar privatizando varios servicios no sanitarios en favor de la empresa qe resulte adjudicataria de las obras, enfila camino hacia el máximo órgano judicial del Estado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que en marzo tumbó el concurso por incumplir la legislación en materia de contratación. Y fuentes de la asoc...
El concurso de 225 millones de euros para ampliar el hospital de Ourense, que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pretendía financiar privatizando varios servicios no sanitarios en favor de la empresa qe resulte adjudicataria de las obras, enfila camino hacia el máximo órgano judicial del Estado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha suspendido la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, que en marzo tumbó el concurso por incumplir la legislación en materia de contratación. Y fuentes de la asociación de empresas de limpieza de Pontevedra consultadas confirman que llevarán la privatización de servicios del hospital ourensano al Tribunal Supremo.
El TSXG afirma que la paralización y la convocatoria de un nuevo concurso generaría “perjuicios económicos” a la Administración pública, que podría verse abocada a sufragar indemnizaciones o a la pérdida de fondos europeos, y también perjuicios a los usuarios de los servicios sanitarios que “tendrían que continuar recibiendo atención hospitalaria en condiciones más incómodas y menos seguras”. De esta forma, el máximo tribunal gallego hace suyas las quejas del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que en su recurso judicial denunció los “daños irreparables” que produciría la paralización de una privatización que gestionará la multinacional Ferrovial. Pero los empresarios pontevedreses aseguran que esa privatización de todos los servicios no sanitarios (energía, seguridad, limpieza o seguridad) bajo un mismo concurso, impide la libre concurrencia empresarial a la convocatoria pública y tras un auto del TSXG que “no les sorprende”, ya tienen preparado un recurso ante el Supremo.
La Xunta de Galicia vinculó la ampliación del complejo sanitario a este macroproceso privatizador, ya que Ferrovial, la única empresa que llegó al final de la convocatoria, será prestamista de la Administración gallega al tener que aportar de su bolsillo, 14 millones de euros para las obras de ampliación en las que no participará, ya que fueron adjudicadas a otra constructora.
El camino escogido por el Sergas para ampliar el hospital ourensano ha sufrido traspiés del primer minuto. Inicialmente se convocó un concurso de 150 millones por 10 años que quedó desierto a pesar del interés mostrado por una docena de empresas. A continuación se intentó adjudicar mediante un procedimiento negociado, pero tampoco salió adelante. En el tercer asalto, la Xunta anunció un concurso de 225 millones que extendía la concesión a 15 años y que concedía cómodos plazos para aportar los 14 millones destinados a las obras de ampliación, plazos anteriormente inexistentes que relajan las exigencias económicas de la adjudicataria de servicios. Tras la anulación del procedimiento acordada por el Ministerio de Hacienda y el pronunciamiento del TSXG levantando esa anulación, será el Superior el que decida la legalidad de un proceso que, de nuevo, podría ser paralizado de forma cautelar hasta la resolución definitiva del alto tribunal del Estado.