Las cajas actuaron sin transparencia ni ética, acusa la comisión del Parlament

Un año después de su constitución, la comisión parlamentaria que ha investigado la gestión de las cajas de ahorro catalanas nacionalizadas cerró ayer su actividad con un documento de conclusiones que carga contra esas entidades, en especial por haber incurrido en excesos que provocaron el fin del modelo catalán de cajas. El texto, en su mayoría pactado por CiU y ERC, constata la “irresponsabilidad”, la “ausencia de criterios éticos” y “falta de transparencia” de las cajas en la comercializació...

Un año después de su constitución, la comisión parlamentaria que ha investigado la gestión de las cajas de ahorro catalanas nacionalizadas cerró ayer su actividad con un documento de conclusiones que carga contra esas entidades, en especial por haber incurrido en excesos que provocaron el fin del modelo catalán de cajas. El texto, en su mayoría pactado por CiU y ERC, constata la “irresponsabilidad”, la “ausencia de criterios éticos” y “falta de transparencia” de las cajas en la comercialización “masiva e inadecuada” de participaciones preferentes. La comisión enviará las conclusiones y las comparecencias a la fiscalía por si quiere incorporarlas a los procesos judiciales que tiene abiertos.

La comisión de las cajas de ahorros será recordada por la sandalia que se sacó el diputado de la CUP David Fernández en la comparecencia del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o por el trato que se dispensó a la última cúpula de Caixa Penedès, a quien el representante de ICV-EUiA, Josep Vendrell, tachó de “chorizos de americana y corbata”. Un año de comparecencias, sin embargo, ha dado material de sobras para las conclusiones. Para el diputado de CiU Ferran Falcó, la comisión ha sido incluso demasiado larga. “La condena a la cúpula de Caixa Penedès ha llegado antes de que concluyéramos”, afirma Falcó, quien dice que la comisión ha sido un “escaparate” por el que han pasado quienes han hundido las cajas.

El documento de conclusiones es blando para unos y va más allá de lo que debería para otros, pero recoge las principales causas que llevaron a las cajas al desastre y los principales abusos que estas cometieron con sus clientes. Aunque el grueso fue acordado por CiU y ERC, el texto final incluye algunas propuestas del PSC, PP e ICV-EUiA. La CUP, en cambio, se desmarcó de la totalidad del documento. La diputada socialista Alícia Romero insiste, aun así, en que la clave es que el trabajo de la comisión llegue a la fiscalía.

• Preferentes. Las entidades nacionalizadas despacharon 3.341 millones en productos híbridos. Las conclusiones destacan la “ligereza” y el “descontrol” en la venta de esos productos híbridos y señalan que los mercados secundarios estaban organizados por las propias entidades financieras. La comisión constata también que no se informó “suficientemente” a sus clientes del producto y señala que en algunos casos incluso se convirtieron depósitos de ahorro en “productos especulativos sometidos a riesgo. Sin asumirlo como propio, el documento recuerda que se habla del caso de las preferentes como “estafa” y que por parte de “algunas entidades financieras” se produjo incluso una “actuación premeditada”.

• Sueldos. Otro de los asuntos que ha abordado la comisión por haber suscitado mayor controversia social ha sido el de los sueldos y las dietas de la alta dirección y el consejo de administración. La útima cúpula de CatalunyaCaixa antes de que fuera nacionalizada, por ejemplo, está siendo investigada por el juez por las elevadas retribuciones y cuatro exdirectivos de Caixa Penedès han sido condenados por haberse asignado pensiones millonarias. La comisión considera que la política retributiva de los directivos era “inadecuada” y que las retribuciones de los miembros de los consejos se asignaron sin transparencia. Además, la comisión admite que hubo “influencia de los partidos” en el nombramiento de representantes de los órganos de gobierno.
• Error de estrategia. El documento de conclusiones pone de manifiesto que, a tenor de lo expuesto por los comparecientes en la comisión, las cajas de ahorros cometieron varios errores comunes. En general, se cometieron excesos con el ladrillo, con las salidas fuera del territorio de origen —también a través del negocio inmobiliario— y recurriendo a los mercados internacionales de capital. La mayoría de las entidades, además, concedieron hipotecas con pocas garantías y, además, se reprodujo un problema en el gobierno de las entidades: los consejos estaban poco profesionalizados, lo que provocó que el poder se concentrara en manos del director general.
• Hipotecas. Se dispensaron hipotecas, según el documento, con pocas garantías, pero también se produjeron “malas prácticas en contratos” que “contenían cláusulas abusivas que configuraban un claro desequilibrio entre las partes”.
• CatalunyaCaixa. La entidad que alumbró la fusión de las cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona adolecía de varios problemas que se arrastraban antes de 2008. Uno de ellos era la “estrecha vinculación” entre los departamentos de riesgos y el comercial, de modo que el primero dependía del segundo. En la práctica, era la historia del zorro vigilando las gallinas. Eso explica la “excesiva exposición” de la entidad al mercado inmobiliario. El documento destaca las “dimensiones desproporcionadas” del grupo promotor Procam, que incluso efecutó inversiones en Polonia y Portugal que no fueron evaluadas “de forma prudente”. La entidad, además, recurría a las emisiones de deuda para poder llevar a cabo su estrategia de expansión mediante la concesión de préstamos hipotecarios. Ese esquema se reproducía en Caixa Tarragona, donde el 70% del activo correspondía al sector inmobiliario (el 50% a hipotecas y el 20% a crédito a promotores) Por último, el texto atribuye “falta de rigor” en la entidad a la venta de participaciones, cuyos tenedores han llevado a la Agencia Catalana de Consumo al menos 16.000 reclamaciones.
• Unnim. La entidad que fundaron las cajas de Sabadell, Terrassa y Manresa también pecó de una “excesiva exposición” al ladrillo con una cartera de viviendas de más de 2.000 millones de euros y de créditos hipotecarios de 5.000 millones de euros. De las tres entidades de Unnim, Caixa Sabadell era, según el documento, la que más había confiado su cuenta de resultados al sector inmobiliario mediante la participación en varias sociedades del sector. Las cajas comarcales, además, se lanzaron a una rápida expansión en Cataluña y el resto de España. Cada mes abrían tres oficinas, de modo que el negocio en la zona de origen se fue encogiendo. De nuevo, el pez que se muerde la cola: las entidades se fueron de su comarca, se lanzaron al ladrillo para crecer y, al final, se olvidaron de la industria, la actividad más vinculada a su territorio y con la que mejor hubieran capeado el temporal.
• Caixa Penedès. Los exdirectores generales de la entidad, condenados por las pensiones multimillonarias que se asignaron a cargo de la entidad, rechazaron declarar en la comisión. Ello hace que los diputados no hayan contado con suficiente información para valorar el declive de la antigua caja de ahorros.
• Caixa Laietana. La comisión pone de relieve que la “actuación y gestión” de la entidad está “fuertemente marcada” por la venta de preferentes, llegando a afectar a más de 15.000 personas. “Se ha constatado una práctica generalizada de comercialización no adecuada” de preferentes y deuda subordinada. Entre las deficiencias en su comercialización, las conclusiones resaltan que se burlaron los resultados de los test de conveniencia a clientes o se ofrecían como si se tratara de un depósito a plazo.
• Responsables exógenos. El documento señala fallos en el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta última, sostiene el texto, “no fue capaz de garantizar una comercialización adecuada de los productos híbridos de capital” entre minoristas, mientras que el Banco de España no fijó “suficientemente” las políticas de riesgo que hubieran evitado el desastre. A instancia de ICV-EUiA, el Parlament reprueba a quienes rechazaron acudir a la comisión, entre ellos, el ministro Luis de Guindos, los extitulares de Economía Elena Salgado y Pedro Solbes o el gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez.