Euskadi se remite a Madrid para fijar el pago de la multa de 30 millones
Erkoreka recuerda que la tramitación es competencia del Gobierno de España y “ni se ha iniciado”
El pago de la multa por las denominadas vacaciones fiscales sigue presente en el debate político pero una semana después de conocerse la sanción de 30 millones impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE no se ha dado un paso para cumplir con la sentencia. De hecho, este martes, el Ejecutivo vasco volvió a mirar hacia Madrid habida cuenta, según su portavoz, Josu Erkoreka, de que “según el ordenamiento jurídico” debe ser el Gobierno de E...
El pago de la multa por las denominadas vacaciones fiscales sigue presente en el debate político pero una semana después de conocerse la sanción de 30 millones impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE no se ha dado un paso para cumplir con la sentencia. De hecho, este martes, el Ejecutivo vasco volvió a mirar hacia Madrid habida cuenta, según su portavoz, Josu Erkoreka, de que “según el ordenamiento jurídico” debe ser el Gobierno de España quien tramite el expediente sobre el caso y el Consejo de Ministros el que decida “cómo se produce la responsabilidad y si procede o no repercutirla a otra institución”. De momento, el expediente “ni se ha iniciado”, ha recordado Erkoreka
A pesar de que la decisión se adoptó en Euskadi, la interpretación de Erkoreka alberga la esperanza de que no pudiera ser atribuida a las diputaciones forales, desde donde se instó, precisamente, a la devolución de las cantidades reclamadas por la UE. La sentencia condena a España como Estado miembro por no haber adoptado todas las medidas necesarias para recuperar las ayudas ilegales concedidas en los noventa a empresas de Euskadi, conocidas como vacaciones fiscales.
En el ámbito institucional, pendientes todavía de resolver las posiciones sobre cómo se acometerá el pago de la multa impuesta por Europa, desde Gipuzkoa (Bildu) sitúa la responsabilidad política en el PNV, que gobernaba las diputaciones cuando se concedieron las ayudas, aunque al mismo tiempo se apuesta por una solución “solidaria y equilibrada”, acordada entre las cuatro instituciones representadas en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF).
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, reconoció que “no es momento de iniciar una gresca” sobre el reparto de la multa de 30 millones, a la que consideró una “tragedia para toda la ciudadanía vasca”.
A su vez, la candidata a las elecciones europeas por UPyD, Maite Pagazaurtundua, afirmó ayer que “hay que pedir responsabilidades políticas a quienes gobernaron entonces las instituciones forales” y criticó a quienes pretenden “zafarse” de estas responsabilidades haciendo un discurso “patriótico de baja estofa”, dijo.
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