La aplicación del 25% de castellano, suspendida temporalmente
El TSJC permite a cinco colegios aplazar la medida hasta que resuelva los recursos
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido dejar en suspenso la obligatoriedad de aplicar el 25% de clases en castellano en cinco aulas de otros tantos centros escolares, decretada por el mismo tribunal en enero, hasta que no se hayan resuelto los recursos presentados. A principios de abril el tribunal ya comunicó a uno de los centros afectados la suspensión de la medida y ayer trascendió que la decisión ha sido extendida al resto de colegios.
A raíz de una denuncia de varias familias, este mismo tribunal había dictaminado a finales de enero que cuatro colegios conc...
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido dejar en suspenso la obligatoriedad de aplicar el 25% de clases en castellano en cinco aulas de otros tantos centros escolares, decretada por el mismo tribunal en enero, hasta que no se hayan resuelto los recursos presentados. A principios de abril el tribunal ya comunicó a uno de los centros afectados la suspensión de la medida y ayer trascendió que la decisión ha sido extendida al resto de colegios.
A raíz de una denuncia de varias familias, este mismo tribunal había dictaminado a finales de enero que cuatro colegios concertados y un instituto público debían garantizar que el castellano también fuera vehicular en las aulas. Y para asegurarse que esto fuera así, el TSJC fijó —hasta ahora ninguna resolución judicial lo había hecho— un porcentaje mínimo en español. El tribunal también responsabilizaba a los directores de su aplicación y les daba un mes para implantar el 25% en las aulas denunciadas.
Pero el mandato no se ha llegado a ejecutar y el intrincado proceso judicial se ha dilatado. Las direcciones de los colegios y las AMPA solicitaron personarse como parte afectada, cosa que el juez aceptó. Y así pudieron recurrir la medida y solicitar la suspensión cautelar hasta que no se resuelvan los recursos. Por su parte, Convivencia Cívica Catalana, que gestiona las denuncias de las familias, también recurrió la suspensión ante el TSJC.
La Fundación Escuelas Cristianas, que agrupa los centros concertados afectados por los autos, celebra prudentemente el aplazamiento. “Hemos conseguido que la presión que había sobre los centros para cambiar el régimen lingüístico haya desaparecido porque se daba muy poco tiempo para aplicar la medida, solo un mes. Ahora no deben hacer nada hasta que se resuelva todo. Es una buena noticia pero no presupone ninguna deicision final”, tercia Carles Armengol, secretario de la entidad.