El PP frena una investigación sobre el fiasco de Alimentos Lácteos

La sociedad impulsada por la Xunta supuso un fracaso que consumió ocho millones de euros

El Parlamento de Galicia no investigará el fiasco de Alimentos Lácteos, el proyecto estrella de la Xunta en la pasada legislatura para crear un gran grupo y aprovechar las instalaciones y parte de la plantilla de Leche Pascual en Outeiro de Rei que acabó arruinado y con el despido de 80 trabajadores que ya venían de un ERE anterior.

La sociedad impulsada por la Xunta de Galicia (que llegó a tener representante en el consejo de administración) supuso un fracaso sin remedio que consumió ocho millones de euros de dinero público, arruinó dos marcas (Deleite y Muu) y dejó colgados a cientos ...

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El Parlamento de Galicia no investigará el fiasco de Alimentos Lácteos, el proyecto estrella de la Xunta en la pasada legislatura para crear un gran grupo y aprovechar las instalaciones y parte de la plantilla de Leche Pascual en Outeiro de Rei que acabó arruinado y con el despido de 80 trabajadores que ya venían de un ERE anterior.

La sociedad impulsada por la Xunta de Galicia (que llegó a tener representante en el consejo de administración) supuso un fracaso sin remedio que consumió ocho millones de euros de dinero público, arruinó dos marcas (Deleite y Muu) y dejó colgados a cientos de ganaderos que aportaron 5,7 millones de euros en entregas de leche para una ampliación de capital en forma de créditos participativos cuando la sociedad ya estaba hundida.

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Uno tras otro, los representantes de la oposición responsabilizaron al PP del desastre por colocar al frente de la gestión a dos buenos conocidos del partido (Arcadio López, teniente alcalde del PP en el Gobierno de A Pastoriza (Lugo) y a la vez secretario de Alimentos Lácteos y Eugenio Montero, teniente alcalde del PP en el municipio coruñés de Touro). Ambos están imputados por un juez que les acusa de haber cobrado indebidamente 236.000 euros en unos sueldos expresamente prohibidos por los estatutos de la sociedad que solo amparaba salarios de los directivos cuando la empresa estuviera en números verdes (desde su inicio hace cuatro años nunca ganó dinero).

El BNG, AGE y el PSdeG reclamaron insistentemente una comisión parlamentaria que indague sobre el origen de la ruina y el destino de los “casi nueve millones de euros de dinero público” evaporados. El PP, por boca de su diputada Isabel García Pacín, acusó a todos esos grupos de tener como único interés “atacar al Gobierno y poner en duda el modelo cooperativista”. Los 39 votos de la mayoría popular tumbaron la iniciativa.

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