Un buque insignia que oscurece

La empresa de energía fotovoltaica Isofotón lo ha sido todo en el ámbito mundial en tecnología solar, pero en los últimos meses solo es sinónimo de malas noticias. La última ha sido la decisión de la Junta de llevar a la Fiscalía por presunta estafa los incumplimientos de la compañía en las condiciones pactadas para la concesión de un préstamo público. La denuncia la ha hecho pública el consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antoni...

La empresa de energía fotovoltaica Isofotón lo ha sido todo en el ámbito mundial en tecnología solar, pero en los últimos meses solo es sinónimo de malas noticias. La última ha sido la decisión de la Junta de llevar a la Fiscalía por presunta estafa los incumplimientos de la compañía en las condiciones pactadas para la concesión de un préstamo público. La denuncia la ha hecho pública el consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que ha reconocido “dificultades” de comunicación entre todos los actores implicados en un problemático escenario. Tanto entre la firma y los trabajadores, como entre la empresa y el Gobierno andaluz. Isofotón está en proceso concursal y ha aplicado un ERE que ha afectado a más de la mitad de la plantilla.

Paralelamente a esta acción penal, continúa abierto el expediente administrativo iniciado por la Junta para que la empresa devuelva los 8,4 millones de euros del crédito concedido en 2012 para un plan de reactivación acordado con el gigante Samsung que no se ha ejecutado.

Isofotón, tras conocer el paso que ha dado la consejería, ha defendido que la gestión del préstamo (realizado por la empresa Soprea) fue adecuada y se hizo conforme a la ley. La compañía, además, ha asegurado que no tiene constancia de ningún expediente de devolución de las ayudas y que el proyecto para la nueva línea de producción continúa.

El Gobierno andaluz pretende que la Fiscalía determine si en la actuación de Isofotón, —del Grupo Affirma—, existen indicios de delito. Pero el tema ya está en manos del Ministerio Público, que en mayo abrió diligencias a petición de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) de Málaga por el uso de ayudas públicas, fundamentalmente de la Junta. Según el sindicato, se podrían haber incumplido las condiciones para fomentar la viabilidad de la empresa y el mantenimiento del empleo, extremos a los que obligarían las subvenciones. CSIF denunció una presunta malversación de caudales públicos y apuntaba como posibles responsables tanto a Isofotón como al Ejecutivo regional por no controlar las partidas.

La historia de la compañía, un referente continuo en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), está plagada de altibajos. Nació en 1981 como un proyecto spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, bajo la batuta del profesor malagueño Antonio Luque. Esta fábrica para desarrollar células fotovoltaicas recorrió en sus inicios un camino desigual, con participación de la Junta incluida, hasta que en 1997 dio el gran salto al ser adquirida por el Grupo Bergé. Comenzó entonces una etapa de expansión internacional y gran crecimiento, sustentado en el apoyo de las políticas europeas a la energía solar. Su producción y ventas prácticamente se duplicaban cada año y en 2006 facturó 175 millones de euros, con un aumento desorbitado superior al 350% en cinco ejercicios.

La crisis y la irrupción de las empresas chinas y sus precios más baratos en el mercado de las placas solares, además de una gestión de la fábrica tachada de mala por los trabajadores, fueron determinantes para que Isofotón se fuera alejando progresivamente de sus tiempos de gloria. En 2008 cerró con pérdidas y la empresa ya planteó al año siguiente un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Bergé vendió la firma en 2010 al Grupo Affirma, dominado mayoritariamente por los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano.

Los problemas laborales se han ido intercalando a lo largo de 2013 con los económicos. En mayo aplicó un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre 354 trabajadores (la plantilla la formaban 669 empleados), con la indemnización mínima, y a principios de junio pidió el concurso voluntario de acreedores por una deuda de 184 millones de euros.