Hacienda multa a cientos de emigrantes por no declarar sus pensiones extranjeras
Afectados alegan que fueron informados de que esos ingresos no tributaban
Julio Pena trabajó en Bremen y Hamburgo más 20 años. Ahora, jubilado, parte de su pensión de 800 euros al mes se la paga España y otra parte Alemania. Como él, ya fuese por información errónea, desconocimiento o a propósito, muchos emigrantes retornados nunca declararon a Hacienda ese segundo pagador pese a que estaban obligados. Pero este año una de las vías de investigación específicas de la Agencia Tributaria se centra en las pensiones extranjeras. Las está revisando desde 2008, último año no prescrito, y ya son cientos los jubilados como Julio Pena que están recibiendo requerimientos y mul...
Julio Pena trabajó en Bremen y Hamburgo más 20 años. Ahora, jubilado, parte de su pensión de 800 euros al mes se la paga España y otra parte Alemania. Como él, ya fuese por información errónea, desconocimiento o a propósito, muchos emigrantes retornados nunca declararon a Hacienda ese segundo pagador pese a que estaban obligados. Pero este año una de las vías de investigación específicas de la Agencia Tributaria se centra en las pensiones extranjeras. Las está revisando desde 2008, último año no prescrito, y ya son cientos los jubilados como Julio Pena que están recibiendo requerimientos y multas.
La Agencia Tributaria indica que ha “detectado la existencia de un número elevado de contribuyentes que han declarado correctamente las pensiones obtenidas en el extranjero, pero también se han advertido contribuyentes que no lo han hecho”. Por eso justifica que “no corregir este comportamiento supondría hacer de peor condición a quien percibe sus pensiones en España y a quien percibiendo sus pensiones del extranjero ha cumplido con su responsabilidad de declararlas”.
Julio Pena es de Bueu, y en todo O Morrazo decenas de jubilados ya se han comenzado a movilizar. Se han reunido con la delegación en Galicia de la Agencia Tributaria para intentar que les rebajen las multas y han convocado una protesta frente a su sede pontevedresa para el 1 de julio. Pero aunque el problema se hace visible allí donde más brazos se llevó la emigración, la investigación afecta a toda España, admite la Agencia Tributaria.
“Estamos de acuerdo en que hay que tributar, pero desde ahora y sin multas, porque hasta este año nos decían que no era necesario”, protesta Pena. La Agencia Tributaria indica que siempre ha sido obligatorio declarar las pensiones extranjeras y que, más allá de algún error puntual, en sus oficinas no se ha transmitido lo contrario. Julio discrepa: “El año pasado les avisé de que tenía una pensión extranjera y me dijeron que no había que declararla”.
El caso de la madre de Cristóbal Fernández, de Lalín, es similar. Su marido trabajó en Suiza los últimos 15 años de su vida. Cuando murió, a ella le quedó una pensión de viudedad helvética que sumar a la española. “A nadie se le ocurrió que había que declararla”, reconoce su hijo, a quien lo que le parece mal es que ahora se multe de forma retroactiva. “Si hay amnistía fiscal para los que evadieron dinero a Suiza, debería haber más comprensión con los que trabajaron allí tantos años y mandaron dinero para aquí”, sentencia Cristóbal.
Para los afectados que menos cobran, el problema no es volver a hacer las declaraciones desde 2008 correctamente, sino la multa. Porque en algunos casos la pensión extranjera recibida es tan pequeña que, de declararla, el afectado no tendría que pagar más. Pero por no hacerlo en su momento será multado. Y esas sanciones de cuatro años ascienden a varios cientos de euros, cantidades importantes para jubilados con la pensión mínima.
A la vista de que la Agencia Tributaria aún está empezando a investigar esas pensiones extranjeras, un gestor consultado sugiere que al emigrante retornado al que aún no le haya llegado el requerimiento le resultaría mejor ponerse al día voluntariamente. Así la sanción será muy inferior a la que le caería si finalmente le llega la temida carta de Hacienda. La otra opción es esperar que la presión social que se avecina quiebre la férrea legalidad de los gobernantes.
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