Madrid destina 26 millones a incentivar contratos a jóvenes y de mayores de 45
Mariño insiste en que el planque discrimina a los parados más precarios es un programa piloto
El Gobierno de Madrid destinará 26 millones de euros como incentivo para la contratación de parados, principalmente jóvenes y de mayores de 45 años. Las empresas, autónomos y entidades privadas sin ánimo de lucro con menos de 10 trabajadores podrán contar con una subvención de 1.500 euros por cada contrato indefinido a tiempo completo y de mil por cada contrato de duración igual o superior a seis meses.
En el caso de que haya más de 10 empleados, las ayudas serán de 500 euros por cada año de duración, hasta un tope de mil euros, para los contratos en prácticas a jornada completa. Además...
El Gobierno de Madrid destinará 26 millones de euros como incentivo para la contratación de parados, principalmente jóvenes y de mayores de 45 años. Las empresas, autónomos y entidades privadas sin ánimo de lucro con menos de 10 trabajadores podrán contar con una subvención de 1.500 euros por cada contrato indefinido a tiempo completo y de mil por cada contrato de duración igual o superior a seis meses.
En el caso de que haya más de 10 empleados, las ayudas serán de 500 euros por cada año de duración, hasta un tope de mil euros, para los contratos en prácticas a jornada completa. Además se subvencionará con mil euros cada contratación indefinida a tiempo parcial, con la condición de que la jornada sea al menos la 50% de la ordinaria y los elegidos para hacerla superen los 45 años.
Denuncia ante el Defensor del Pueblo
La Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET) ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la Defensora del Pueblo por dar prioridad en el empleo a quienes cobran prestación.
ANDET ha remitido una nota de prensa en la que asegura que Madrid vulnera "los derechos fundamentales de igualdad y de acceso al trabajo", al tiempo que censura "la arbitrariedad en la actuación de la Administración".
Su responsable jurídica, Esther Tobeña, dice que la orden de Empleo "esquiva los trámites y requisitos formales que habrían impedido la aprobación de una medida claramente discriminatoria e incompatible con la legislación nacional e internacional".
El presidente de ANDET, Antonio Valenciano, añade que la medida "no solo es un abuso de autoridad por parte del Gobierno regional poniendo a miles de ciudadanos en riesgo de exclusión social sino que bajo una aparente legalidad antepone criterios económicos a derechos fundamentales".
En todos estos casos los contratados deberán llevar al menos un mes inscritos en las Oficinas de Empleo de la Comunidad. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, los beneficiados podrían ser unos 20.000
El presidente regional, Ignacio González, ha anunciado esta tarde en la Asamblea de Madrid que va a destinar 22 millones para becas para ciclos de grado superior de Formación Profesional. Las becas irán destinadas a los alumnos que a partir del próximo curso se matriculen en algún ciclo de grado superior en centros privados. Las becas irán en función de la renta per cápita familiar. Estas becas vienen a sustituir el concierto en FP de grado superior. Por su parte, la consejera de Empleo, Cultura y Turismo, Ana Isabel Mariño, se ha referido a la polémica por el programa de las oficinas de empleo que discriminaría en sus ofertas a los parados más precarios. “Se trata de un plan piloto que de momento no vamos a hacer extensivo. Es un programa para cuatro oficinas, ahora no puede ser extendido al resto de oficinas. Es una prueba. Sí se va a seguir desarrollando en ellas para conocer los problemas en nuestro plan público de empleo para saber por qué solo conseguimos que se contraten al 3% de quienes están en ellas apuntados. No se va a hacer ninguna discriminación entre los parados”, ha insistido.
Mariño ha observado que en julio se conocerán los resultados del programa que ha levantado tanta polémica. “Tenemos que averiguar qué problemas tenemos en nuestro sistema para tener unos resultados tan malos. Tenemos que conocer también las necesidades del empleador, tenemos que hacer un estudio riguroso para saber qué necesitan los empleadores. El erario público aportar mucho dinero para que las oficinas públicas sean útiles y, si las conclusiones son positivas, valoraremos extenderlo a otras sedes”, ha concluido.