Las universidades recurren a la Justicia para cobrar la deuda del Consell
Irán al recurso contencioso-administrativo para reclamar pagos pendientes
Los últimos consejos de gobierno de las universidades públicas valencianas han manifestado la intención de emprender acciones legales para reclamar a la Generalitat pagos pendientes que rondan ya 1.200 millones de euros, de los cuales casi 800 corresponden a la llamada “deuda histórica”, según cálculos de Manuel Palomar, presidente de turno de los rectores valencianos. Este mismo martes, Palomar lo explicó al Consejo Social de la Universidad de Alicante. Y el lunes, Esteban Morcillo ante los consejos social y ...
Los últimos consejos de gobierno de las universidades públicas valencianas han manifestado la intención de emprender acciones legales para reclamar a la Generalitat pagos pendientes que rondan ya 1.200 millones de euros, de los cuales casi 800 corresponden a la llamada “deuda histórica”, según cálculos de Manuel Palomar, presidente de turno de los rectores valencianos. Este mismo martes, Palomar lo explicó al Consejo Social de la Universidad de Alicante. Y el lunes, Esteban Morcillo ante los consejos social y de gobierno de la Universitat de València.
Se trata de una decisión de consenso adoptada tres meses después de la última reunión mantenida entre los rectores, el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues y la consejera de Educación, María José Català. Desde entonces, la Generalitat se ha limitado a pagar la subvención mensual, tal y como se comprometió, antes de acabar cada mes. Al menos hasta marzo: este martes, día 30, las universidades no habían recibido la transferencia correspondiente al mes de abril. En estos tres meses la comisión técnica Generalitat-universidades se ha reunido, pero Hacienda ni siquiera ha comenzado a ponerse al día en el millonario atraso.
“Si solo recibimos las transferencias corrientes vamos a tener problemas para pagar la nómina después del verano”, advierte Palomar recogiendo una inquietud común a las cinco universidades públicas valencianas, que temen se repita la situación de falta de liquidez de los dos años anteriores. “Por eso hemos decidido presentar una serie de recursos contencioso-administrativos, para reclamar diferentes cantidades comprometidas”. En ese paquete recurrible entra la financiación de inversiones y de la investigación, así como transferencias corrientes o gastos financieros. Tan solo la deuda histórica queda por ahora exenta de posibles acciones legales que estudian los servicios jurídicos y los gerentes de las instituciones académicas. Por una razón: en 2011 la Generalitat reprogramó la deuda para enjugarla entre 2013 y 2023. Es decir, tiene todo el año en curso para empezar a hacerlo, pero parece improbable porque ni siquiera consta en los presupuestos de 2013.
La Generalitat adeuda a las cinco instituciones cerca de 1.200 millones
Las universidades públicas explica el rector alicantino, están “sobreviviendo con pólizas de crédito que tienen unos costes financieros muy importantes”. Y aún peor, como señala el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo: “Ya no podemos recurrir a créditos, porque prácticamente hemos tocado techo y porque la capacidad crediticia de las entidades bancarias es sumamente restrictiva y, en un contexto así, la Generalitat no es un gran aval”.
Paradójicamente, mientras la Generalitat aumenta su deuda con las universidades, la Universitat de València ha tenido que hacer frente a reclamaciones judiciales de empresas y proveedores por la vía contencioso-administrativa, viéndose obligada a pagar incluso intereses de demora por no pagar a tiempo. Las cantidades que reclamarán las universidades están respaldadas por acuerdos firmes, ya sea mediante convenio, bien mediante el plan plurianual de financiación que sigue en vigor porque no ha sido denunciado por la Generalitat. De agotarse la vía administrativa para reclamar, si las universidades no hacen uso de la contencioso-administrativa podría incluso prescribir la capacidad de reclamación.
No hay precedentes en la Comunidad Valenciana, pero si en la de Madrid, donde la Universidad Complutense ha ganado a la Administración autonómica tres juicios de reclamación de deuda por otros tantos planes de inversiones anuales, que suman 85 millones de euros.