El TSJC salva del derribo el parque eólico de la sierra del Tallat
Los magistrados dan la razón a Acciona y consideran válida la licencia de obras
La plataforma ciudadana Salvem el Tallat pretendía salvaguardar la sierra del mismo nombre —frontera geográfica natural entre Lleida y Tarragona— de la “agresión paisajística” que, a su juicio, supone la existencia de un parque eólico con 33 aerogeneradores que funciona en esos parajes desde 2007. Y ha estado a un paso de lograrlo. Hace dos años, una juez de Lleida ordenó “demoler las instalaciones” y “reponer los terrenos a su estado original”. Pero la empresa que explota el parque, Acci...
La plataforma ciudadana Salvem el Tallat pretendía salvaguardar la sierra del mismo nombre —frontera geográfica natural entre Lleida y Tarragona— de la “agresión paisajística” que, a su juicio, supone la existencia de un parque eólico con 33 aerogeneradores que funciona en esos parajes desde 2007. Y ha estado a un paso de lograrlo. Hace dos años, una juez de Lleida ordenó “demoler las instalaciones” y “reponer los terrenos a su estado original”. Pero la empresa que explota el parque, Acciona, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ahora le ha dado la razón. Los molinos de viento seguirán en pie.
La victoria provisional de los ecologistas y de los vecinos del Urgell se ha convertido en una derrota definitiva, ya que la sentencia es firme y no admite recurso alguno. La resolución del TSJC contradice las tesis de la juez de Lleida, que declaró nula la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Vallbona de les Monges para erigir los molinos de viento. “La tolerancia en esta materia lleva a una inaceptable situación de hechos consumados (...) con el impacto paisajístico que comportan”, subrayó la juez en aquella sentencia, ahora anulada.
En su demanda, la asociación ecologista Ipcena esgrimió que el parque afectaba a una zona de paso de aves migratorias y suponía un fuerte impacto visual en la ruta del Císter, en el triángulo formado por los monasterios de Poblet (declarado Patrimonio de la Humanidad), Vallbona y Santes Creus. La juez, sin embargo, solo atendió a razones de índole urbanística: para aprobar una instalación de la envergadura de un parque eólico debe contarse con un plan general que prevea una reserva de suelo. Y Vallbona no lo tenía, por lo que no podía autorizar su construcción. La licencia de obras, pues, era nula.
En su recurso de apelación ante el TSJC, Acciona argumenta, entre otras cosas, que la licencia se ajustó a derecho, que la juez había infrigido “el derecho a la libertad de empresa” y que su sentencia “no está motivada” y “peca de incongruencias”. El Consistorio, que presentó su propio recurso, sostuvo que los ecologistas desplegaron una “táctica temporal” de “mala fe” para lograr la demolición del parque.
La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, apela a la normativa urbanística en Cataluña para anular la sentencia de la juez de Lleida y evitar, así, el derribo de una instalación por la que Acciona invirtió 50 millones de euros. La sentencia es enrevesada y abstrusa. Su argumentacion escapa incluso a abogados expertos en la materia, consultados por este diario. Los magistrados aluden a distintos tipos de revisiones urbanísticas y de nulidades, y llegan a la conclusión de que deben estimarse los recursos de Acciona y del Ayuntamiento y anular la sentencia anterior.
Una juez de Lleida había ordenado previamente la demolición de los 33 molinos de viento
La abogada de los demandantes, Elena Moreno, especialista en derecho urbanístico y medioambiental, se ha mostrado sorprendida con la resolución del TSJC. Moreno considera que un fallo en sentido contrario hubiese abierto la puerta a que buena parte de los parques eólicos de Cataluña, por la misma razón, pudieran verse amenazados de derribo.
El embrollo jurídico del parque del Tallat, sin embargo, no acaba aquí. En una sentencia distinta, de octubre de 2012, el propio TSJC lo declaró ilegal al anular la autorización que la Generalitat dio a Acciona para poner en marcha la instalación. La sentencia no hace mención explícita a la posibilidad de derribo. En indéntica situación se encuentra el vecino parque de la sierra de Vilobí.