26 años para dos hermanos argentinos por traer 1.000 kilos de cocaína a España
Los condenados alquilaron un avión para transportar la droga a El Prat
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 13 años de prisión a dos pilotos argentinos por introducir casi 1.000 kilos de cocaína en España a través de una avioneta. Los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá, hijos de un brigadier, acordaron introducir la droga en 2010 para "obtener y compartir un extraordinario beneficio económico", según la sentencia.
Los hermanos Juliá viajaron a España para "conocer las rutas e instalaciones aeroportuarias disponibles". En noviembre de ese año, Gustavo Adolfo alquiló la nave con la que se haría el traslado: un jet Bombardier. Los acusados modificaro...
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 13 años de prisión a dos pilotos argentinos por introducir casi 1.000 kilos de cocaína en España a través de una avioneta. Los hermanos Gustavo Adolfo y Eduardo Juliá, hijos de un brigadier, acordaron introducir la droga en 2010 para "obtener y compartir un extraordinario beneficio económico", según la sentencia.
Los hermanos Juliá viajaron a España para "conocer las rutas e instalaciones aeroportuarias disponibles". En noviembre de ese año, Gustavo Adolfo alquiló la nave con la que se haría el traslado: un jet Bombardier. Los acusados modificaron la nave en Argentina para ocultar la droga. El avión llegó a El Prat el 2 de enero de 2011, tras haber hecho escala en Cabo Verde. La Guardia Civil inspeccionó la nave y halló la droga. En total, se trataba de 34 paquetes de cocaína con una pureza del 83%, con un valor en el mercado negro de 32 millones.
Otro de los acusados, Matías Miret, ha sido absuelto porque, según los magistrados, pese a que era el copiloto, no conocía las intenciones de los Juliá. En el juicio los acusados negaron los hechos. Gustavo "se presentó como un empresario", recoge la sentencia, y alegó que un empresario español le había contratado para un vuelo privado.
Los magistrados imponen a cada uno de los hermanos la pena de 13 años de prisión y el pago de una multa de 100 millones de euros por un delito contra la salud pública.