Hacienda destapa en ocho meses un fraude fiscal que ya supera el de todo 2011
“El defraudador profesional lo tiene más difícil”, dice el diputado de Hacienda
El diputado alavés de Hacienda, el popular José Zurita, compareció ayer ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales para detallar los datos de fraude fiscal destapado en lo que va de año. Zurita señaló que entre enero y agosto se ha descubierto una bolsa de fraude de 103 millones de euros, casi un 7% más que en todo 2011, cuando se quedó en 96,3 millones, y el doble que en todo 2008.
La comparecencia sirvió para adelantar estos primeros datos del año y mostrar el análisis solicitado por las Juntas Generales sobre los últimos cinco años en esta materia. En el estudio se obse...
El diputado alavés de Hacienda, el popular José Zurita, compareció ayer ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales para detallar los datos de fraude fiscal destapado en lo que va de año. Zurita señaló que entre enero y agosto se ha descubierto una bolsa de fraude de 103 millones de euros, casi un 7% más que en todo 2011, cuando se quedó en 96,3 millones, y el doble que en todo 2008.
La comparecencia sirvió para adelantar estos primeros datos del año y mostrar el análisis solicitado por las Juntas Generales sobre los últimos cinco años en esta materia. En el estudio se observa el incremento de las bolsas de fraude descubiertas por los inspectores de Hacienda en ese tiempo. Entre 2008 y 2012 se han levantado un total de 2.428 actas, y se han aflorado 306 millones de euros de fraude.
Sigue la polémica
- El cabeza de lista del PP por Álava, Iñaki Oyarzábal, aseguró ayer en una rueda de prensa que la razón para aplazar el Consejo Vasco de Finanzas es que en los comicios "cuele el programa electoral del PSE, que no se sostiene", porque los socialistas están "dejando la caja vacía". Ello obligaría a hacer ajustes, mientras el lehendakari y candidato, Patxi López, abandera una política frente a los recortes.
- Economía le respondió horas después en un comunicado que "se confunde y trata de confundir" con su acusación. En sus argumentos se "mezclan la tesorería con los asuntos del Consejo Vasco de Finanzas", señala el texto, lo que demuestra, apuntó, que Oyarzábal "no tiene demasiada idea de las competencias" del Consejo de Finanzas.
La conclusión es que “los defraudadores profesionales lo tienen cada vez más difícil”, según reseñó Zurita, un aspecto sobre el que se felicitaron todos los grupos presentes —PNV, PSE y PP, ya que los portavoces de Bildu y EB no acudieron por la huelga general—.
En nueve de cada diez casos se trata de una empresa la que comete un fraude, y son el sector servicios y el de fabricación los que más se repiten en los casos de personas jurídicas apreciados: suponen el 39% y el 38%, respectivamente. Les sigue la construcción (23%).
Los 103 millones aflorados suponen el doble que en el año 2008 completo
Dentro del 10% restante del fraude, el hallado entre las personas físicas, Zurita resaltó que casi la mitad (un 42%) son personas que realizan actividades profesionales, otro 32% son particulares, el 15% trabaja en el área de la construcción y el 11% restante, en otras actividades.
En la lucha contra ese fraude fiscal está contribuyendo también la propia ciudadanía desde este año, ya que en mayo pasado se habilitó un teléfono específico para recoger denuncias. Este medio ha tenido “bastante movimiento” en los cuatro meses que lleva en marcha. En total, han sido 59 las llamadas que ha recibido, “en general, serias”, según apuntó el diputado, ya que 27 de los casos se hallan en fase de tramitación y 19 en estudio. Las otras 13 han sido clasificadas como improcedentes. El diputado foral reconoció que estas cifras son considerablemente elevadas para su departamento, algo que achacó al “tirón” inicial de la medida, y apuntó a un posible descenso en el futuro.
En la comparecencia, el diputado foral avanzó que antes de fin de año presentará al Parlamento provincial la revisión del sistema de módulos y la norma foral con la que el equipo de Javier de Andrés quiere modificar los plazos de prescripción del fraude fiscal, con el fin de consensuar las nuevas normativas con los grupos.