CC OO y UGT auguran un “otoño caliente” por los nuevos ajustes
Los sindicatos rechazan las medidas y prevén movilizaciones Cierval afirma que la subida del IVA "es lamentable pero necesaria"
La reacción al duro ajuste anunciado hoy por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha hecho esperar. Los dirigentes de CCOO-PV y UGT-PV, Paco Molina y Conrado Hernández, respectivamente, han calificado de "injusto" que los recortes anunciados por Rajoy, "se carguen exclusivamente en la clase media y trabajadora". A su juicio, estos ajustes rompen el "pacto social", por lo que han augurado "un otoño caliente".
Además, Molina ha considerado "vomitivo, bochornoso y de...
La reacción al duro ajuste anunciado hoy por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha hecho esperar. Los dirigentes de CCOO-PV y UGT-PV, Paco Molina y Conrado Hernández, respectivamente, han calificado de "injusto" que los recortes anunciados por Rajoy, "se carguen exclusivamente en la clase media y trabajadora". A su juicio, estos ajustes rompen el "pacto social", por lo que han augurado "un otoño caliente".
Además, Molina ha considerado "vomitivo, bochornoso y deplorable" que los diputados del PP "jalearan" a Rajoy cuando anunciaban estos "recortes miserables", en especial al justificar el descenso de las prestaciones por desempleo en que los parados son "mal trabajadores" y que "servirán para estimular la búsqueda de empleo".
Así, ha señalado que la valoración de estas medidas "no puede ser más negativa" porque "ha reventado todos los consensos sociales y económicos. Ante esta "flagrante ruptura del pacto institucional", Molina afirma que el Gobierno debería someter a referéndum los ajustes porque no estaban en "ningún programa electoral", y de no hacerlo "quedará totalmente inhabilitado". Molina ha criticado especialmente que el Gobierno de Rajoy "haya estado negando cada una de las medidas que ahora pone encima de la mesa". "Estos sablazos solo los hace los malos gobernantes", ha recalcado.
Ante esta situación, ha avanzado que CC OO "no va a quedarse de brazos cruzados" y que estos recortes tendrán "una respuesta de movilización social". Probablemente se convoquen manifestaciones y concentraciones "inmediatas". Molina no ha descartado la convocatoria de huelgas.
Intersindical llama al personal público a la "desobediencia"
Por su parte, el secretario general de UGT-PV, Conrado Hernández, ha mostrado su "estupor e indignación" por estas "exageradas e injustas medidas que van siempre en la misma dirección, contra las clases medias y trabajadoras".
En ese sentido, ha lamentado que el PP no haya convocado a los agentes sociales para "buscar el equilibrio entre todos del esfuerzo" que debe hacerse para "dar esta cobertura a la banca" que ha acordado con la Unión Europea.
El sindicato analizará "indignadamente" los anuncios que se han hecho "negro sobre blanco", pero ha recalcado: "Lo que tenemos claro es que va producirse un otoño muy caliente porque aumentará la indignación y habrá una fuerte contestación".
Del mismo modo, ante lo que ve como una "agresión" del Gobierno, Intersindical Valenciana "llamará a la desobediencia del personal del sector público y a trabajar estrictamente a reglamento" y en un comunicado ha advertido de que "solo el PP será responsable de lo que pase a partir de ahora en la Administración".
Las medidas son "un mazazo a la economía de cientos de familias y consecuentemente van en contra del crecimiento del consumo como factor de impulso del crecimiento económico", según el portavoz del sindicato, Vicent Mauri, quien ha advertido: "Vamos a pedir al personal que exija las ordenes por escrito, que no utilice medios propios como coche o teléfonos propios para desarrollar su trabajo, que pase gastos por desplazamientos y que no dedique ni un minuto más de su tiempo personal en el trabajo".
Además, ha anunciado la elaboración de un manual "de las medidas de presión que "se pueden llevar a cabo dentro de la legislación vigente", lo que " pondrá en evidencia la dedicación extraordinaria de los trabajadores públicos".
La Federación Alicantina de Comercio ve en la subida del IVA "el golpe definitivo" al sector
Los trabajadores del campo también han alertado sobre el impacto del aumento del IVA. La Unió de Llauradors asegura que "representará un sobrecoste anual de más de 19,5 millones de euros para los agricultores y ganaderos valencianos". La Unió obtiene el resultado tras consultar los datos anuales que facilita Consejería de Agricultura de los principales costes de producción y añadiéndoles la subida del IVA de dos puntos (del 8 al 10%) y de tres puntos (del 18 al 21%), respectivamente. Los agricultores también temen un mayor presión de la distribución alimentaria, "la que fija las cotizaciones de lo que compra y no sería extraño que para evitar que el IVA afecte a sus ventas hagan absorber la subida a los agricultores con precios a la baja".
Tampoco han sentado bien las medidas en el sector del comercio. El presidente de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), Pedro Reig, ha afirmado que la subida del IVA es "el golpe definitivo" al sector de comercio, que "arrastra 23 meses de caída en las ventas". Reig ha señalado que el aumento del IVA "únicamente contribuirá a retraer aún más el consumo, como se demostró en la última subida de este impuesto en julio de 2010".
"El comercio, constituido mayoritariamente por microempresas y autónomos, recibe un golpe tras otro, y este último anuncio de la subida del IVA en tres puntos es el golpe definitivo a un sector que arrastra 23 meses de caída en las ventas", ha reiterado.
Reig ha lamentado que, igual que en 2010, el Gobierno "vuelva a recurrir a una política recaudatoria, en lugar de adoptar medidas tendentes a la reactivación del consumo y a la creación de empleo, con lo que nuevamente se castiga al consumidor y a las empresas, que soportaron la subida de hace dos años a costa de sus propios ahorros". Facpyme representa a 59 asociaciones que aglutinan a más de 10.000 pequeños y medianos comercios.
La subida del IVA también ha sido criticada por el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), Toni Mayor. Este ha pedido al Gobierno que la entrada en vigor se retrase al menos "hasta el 1 de octubre" para "no afectar a la temporada alta" turística.
Hosbec agrupa a 158 hoteles y 45.791 plazas entre Benidorm (casi 35.000 de ellas) y la Costa Blanca, aunque también tiene asociados establecimientos de otros puntos de la Comunidad Valenciana.
Compromís dice que la reducción de concejales será "la muerte de la pluralidad"
Mayor ha resaltado que la entrada en vigor de esta subida del IVA debe realizarse una vez concluya la temporada alta, para "que dé tiempo a repercutirla a los contratos de invierno y del verano que viene" y no afecte a la campaña que está en marcha.
Mayor ha señalado también que el incremento del IVA que se aplica al turismo del ocho al diez por ciento "no es trágico, pero sí malo" para un sector que "ya el año pasado asumió una subida de este impuesto de un punto".
En cambio, la patronal Cierval afirma que la subida del IVA "es lamentable pero necesaria". Así lo ha manifestado el vicepresidente de la organización, Salvador Navarro. Aunque son "medidas dolorosas", el IVA es el único impuesto capaz de poder aportar ingresos de una manera superior a otros al Estado, ha señalado. Para Navarro, esa subida del IVA "va a repercutir parte en el consumidor y una parte muy importante en las empresas, que van a tener que rebajar los precios al mercado".
El dirigente empresarial ha hecho hincapié en que la subidas del IVA "debería venir acompañada de una rebaja en las cotizaciones sociales", ya que en España son de las más altas en la UE.
Navarro ha manifestado que hay que recordar al Gobierno que a los empresarios "les parece muy bien las medidas apoyo a las entidades financieras para crear confianza pero deberían de obligar a que parte de esos recursos se dediquen obligatoriamente a dar crédito a la economía productiva", porque de lo contrario "no habrá generación de empleo".
La oposición ha arremetido contra el duro ajuste anunciado por Rajoy. José Manuel Orengo, el vicesecretario de Relaciones Institucionales de los socialistas valencianos en rueda de prensa en la sede del PSPV-PSOE en Valencia, ha afirmado:“Hoy es un día difícil. El Gobierno ha anunciado medidas durísimas, que van en la dirección contraria a la recuperación. A las subidas del IVA, la luz, se añaden bajadas de sueldo y de prestaciones”.
Orengo ha criticado con dureza que estas medidas van acompañadas del recorte de competencias de los Ayuntamientos. “Reducir las competencias de los alcaldes para resolver los problemas de los ciudadanos desde la proximidad que da el poder municipal es como una patada en el culo a la democracia y al municipalismo”.
“Desde el PSOE vamos a pedir a la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias que no se entregue a las directrices del PP, porque hay alcaldes muy molestos con el recorte propuesto del 30% de concejales, muchos de ellos de pueblos pequeños que no cobran. ¿Dónde está el ahorro?”, se ha preguntado Orengo.
“Los socialistas buscarán un gran acuerdo nacional con CiU, Izquierda Unida y el resto de fuerzas políticas para impedir este recorte competencial. Además, el partido presentará un recurso de inconstitucionalidad por considerar que atenta contra autonomía municipal consagrada en la Constitución”.
La portavoz de EUPV en las Cortes valencianas y coordinadora de la formación de izquierdas, Marga Sanz, ha advertido de que con los nuevos la Comunidad Valenciana, "que de facto ya estaba intervenida", sufrirá "una nueva segunda intervención que provocará una situación explosiva de paro, empobrecimiento, depresión económica y falta de democracia".
Para Sanz, las medidas "son un ataque directo a pensionistas, parados y trabajadores públicos, que verán mermados sus derechos de manera gigantesca", así como "indirectamente un golpe brutal a toda la mayoría social". Además, ha hecho hincapié en que "hace falta una respuesta inmediata de la calle, y que sean los ciudadanos los que hablen a través de un referéndum".
Por su parte, el portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera, ha denunciado que la reducción en un 30% del número de concejales "supondrá la muerte de la pluralidad política con la reducción y en muchos casos desaparición de las formaciones minoritarias en los consistorios".
Además, ha mostrado el rechazo de su formación a los recortes "económicos, sociales y también democráticos" anunciados por Rajoy. En su opinión, "estas medidas atentan directamente contra los más débiles, cargando los recortes sobre los parados, los empleados públicos y la economía familiar”.
La propia Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, ha puesto en entredicho la presión del Estado sobre los Ayuntamientos. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Según su lectura, el "grueso del sacrificio" ante la crisis económica se esté exigiendo a la administración local, por lo que ha sugerido que debería ser "más equitativo" y debería repartirse entre el Estado y las comunidades autónomas. "El sacrificio que se le exige al mundo local probablemente hay que hacerlo, yo no digo que no, pero me parece que no ha sido enunciado en la misma intensidad el sacrificio a otras administraciones", ha afirmado la alcaldesa de Valencia, quien ha asegurado que así se lo ha hecho llegar al Gobierno.
"Hoy por hoy la parte dura del esfuerzo ha sido la administración local", ha insistido Barberá, quien ha recordado que quienes han gobernado "con responsabilidad y manteniendo y conteniendo el déficit y la deuda, han sido mucho más los ayuntamientos que otros".
Un alcalde del PP: "No sé si los diputados aplaudirán tanto cuando les reduzcan a ellos"
El alcalde de Moncada (Valencia), Juan José Medina, del PP se ha preguntado si los diputados en el Congreso "van a aplaudir tanto cuando reduzcan también" el número de parlamentarios en la Cámara, como ocurrirá con los concejales de los Ayuntamientos, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que pretende recortar un 30% el número de ediles.
A Medina no le ha hecho "gracia" la reacción de los diputados populares a esta medida durante el debate en el Congreso. Como alcalde, se ha mostrado favorable a "reducir los concejales, si es necesario", pero también a "reducir diputados y lo que haga falta". “Si los funcionarios tienen que sufrir recortes, nosotros también porque estamos al mismo nivel, y si eso ayuda, estoy totalmente de acuerdo”, ha añadido.
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha lamentado que el "grueso del sacrificio" de los ajustes se esté exigiendo a la Administración local y ha expresado su deseo de que sea "más equitativo" y se reparta con el Estado y las comunidades autónomas. "El sacrificio que se le exige al mundo local probablemente hay que hacerlo, yo no digo que no, pero me parece que no ha sido enunciado en la misma intensidad el sacrificio a otras administraciones", ha afirmado la alcaldesa, quien ha asegurado que así se lo ha hecho llegar al Gobierno.
Ha defendido que el Ayuntamiento de Valencia, al igual que otros, han aplicado el plan de estabilidad "a rajatabla", por lo tanto "sí que habría que hacer algún sacrificio, pero todos no tenemos la misma culpa", ha afirmado, apuntado al Estado y a las autonomías, que representan un mayor porcentaje del déficit.
En cuanto a la delimitación de competencias, ha afirmado que le parece "fenomenal" evitar la duplicidad, ya que "no es normal que haya cuatro administraciones que lleven la misma competencia", pero ha pedido que se "lo piensen bien" antes de decidir.
Mientras, el alcalde de Gandia, Arturo Torró, se ha mostrado a favor de la reducción del número de concejales, pero ha pedido que también afecte a los funcionarios que trabajan en los consistorios. Según Torró, en el caso de Gandia el Ayuntamiento funcionaría igual con "un 20% o un 30%" menos de personal.
Para Compromís, la reducción del 30% de los concejales "no es una medida de ahorro económico sino totalmente ideológica, con la clara finalidad de blindar el bipartidismo político". El portavoz en las Cortes, Enric Morera, ha advertido de que la disminución de ediles "supondrá la muerte de la pluralidad política con la reducción y en muchos casos desaparición de las formaciones minoritarias en los consistorios".