Marbella podrá abonar su deuda al Estado con bienes de causas judiciales

El Ayuntamiento de Marbella viaja hacia la normalidad económica por un camino escasamente normal. La ruta para dejar atrás los estragos de 15 años de gobiernos corruptos del GIL en las arcas municipales está, de hecho, cuajada de excepciones. La última de ellas se conoció este miércoles: los Presupuestos Generales del Estado permitirán al Consistorio marbellí hacer frente a la deuda heredada con la Seguridad Social y con Hacienda entregando directamente los bienes —generalmente inmuebles— que le sean adjudicados al municipio en los procedimi...

El Ayuntamiento de Marbella viaja hacia la normalidad económica por un camino escasamente normal. La ruta para dejar atrás los estragos de 15 años de gobiernos corruptos del GIL en las arcas municipales está, de hecho, cuajada de excepciones. La última de ellas se conoció este miércoles: los Presupuestos Generales del Estado permitirán al Consistorio marbellí hacer frente a la deuda heredada con la Seguridad Social y con Hacienda entregando directamente los bienes —generalmente inmuebles— que le sean adjudicados al municipio en los procedimientos judiciales que mantiene abiertos a causa del expolio gilista.

El Ayuntamiento marbellí adeuda en la actualidad unos 270 millones de euros a la Seguridad Social y a Hacienda, según fuentes municipales. La disposición adicional número 71 de la Ley de Presupuestos para 2012 prevé, además, que los intereses de la deuda de Marbella con el Estado pasen al 1% frente al 5,5% actual. Además, el Consistorio presidido por Ángeles Muñoz, del PP, obtiene otra ventaja: el plazo de abono de la deuda se aumenta, a partir de la entrada en vigor de la ley presupuestaria a un máximo de 40 años. En la actualidad, el Ayuntamiento debía afrontar la deuda con Hacienda en dos años y con la Seguridad Social en cinco, según fuentes municipales.

La excepción hecha por el Gobierno con Marbella obedece al hecho de que el municipio malagueño es el único en la historia de la democracia que ha tenido que ser disuelto —tras la Operación Malaya en abril de 2006— por “gestión gravemente dañosa” para los intereses generales. Sin embargo, esta concesión puede suponer un agravio con otros consistorios en graves dificultades económicas. De hecho, en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha tratado el caso marbellí en reuniones técnicas de presupuestos y “se ha llegado a plantear al Gobierno ampliar estas condiciones a otros ayuntamientos en situaciones parecidas”. El Ejecutivo central ha desestimado de momento esta posibilidad, apuntan fuentes de la federación.

En diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Marbella calculaba que podría recibir unos 100 millones de euros por las sentencias judiciales firmes que le han sido favorables hasta ahora. Además, solo en el Tribunal de Cuentas hay embargadas propiedades que buscan garantizar el cobro de otros 11 millones de euros. Faltan por computarse algunos casos judiciales como el llamado caso Minutas, todavía pendiente de recurso, en el que el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, fue condenado a indemnizar al Ayuntamiento marbellí con 2,7 millones. En el caso Malaya, la gran trama contra la corrupción en Marbella, el fiscal pide que varios exconcejales gilistas encabezados por Julián Muñoz y Marisol Yagüe indemnicen solidariamente a la ciudad con cuatro millones de euros.

Ángeles Muñoz quiere que la Junta dé las mismas ventajas al préstamo de 100 millones

Aunque la disposición adicional 71 ya fue aprobada por el Congreso el pasado 23 de mayo, la alcaldesa Ángeles Muñoz viajó este miércoles a Madrid para presentar la iniciativa en el Senado. La regidora afirmó que las nuevas condiciones suponen “un giro radical para restablecer la normalidad” y “solucionar” los problemas económicos de Marbella. Muñoz recordó que el anterior Gobierno socialista rechazó aplicar esta medida excepcional, largamente reclamada por el consistorio marbellí.

Muñoz no se detiene ahí. Este jueves, en el Parlamento de Andalucía, el PP presentará una proposición no de ley para que la Junta aplique las mismas condiciones —40 años de plazo al 1% de interés— a la devolución del anticipo reintegrable de 100 millones de euros que el Gobierno andaluz entregó a la Comisión Gestora que entró a gobernar Marbella tras la disolución del consistorio.