Reus sopesa emprender acciones legales contra Prat y 11 ex altos cargos
El Ayuntamiento avaló un crédito de tres millones a una sociedad pública ruinosa creada conjuntamente con socios privados
El Ayuntamiento de Reus (Baix Camp, Tarragona), gobernado por CiU, estudia emprender acciones legales contra el exdirector general de Innova y actual presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, y otros 11 exadministradores de una empresa ruinosa, Shirota Functional Foods, dedicada a la investigación nutricional.
El Consistorio, que creó en 2007 esta sociedad con socios privados, tenía una participación minoritaria en ella. Sin embargo, el Ayuntamiento fue el que más arriesgó en la sociedad: los anteriores equ...
El Ayuntamiento de Reus (Baix Camp, Tarragona), gobernado por CiU, estudia emprender acciones legales contra el exdirector general de Innova y actual presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, y otros 11 exadministradores de una empresa ruinosa, Shirota Functional Foods, dedicada a la investigación nutricional.
El Consistorio, que creó en 2007 esta sociedad con socios privados, tenía una participación minoritaria en ella. Sin embargo, el Ayuntamiento fue el que más arriesgó en la sociedad: los anteriores equipos de gobierno (del PSC) firmaron un aval de tres millones de euros con cargo directo al Ayuntamiento para poder llevar adelante los negocios de Shirota Foods. La empresa cuenta con 15 empleados, la mayoría científicos, pero siempre ha generado pérdidas y ahora está quebrada. No puede devolver los créditos a los bancos y es el Consistorio el que tendrá que hacer frente a los pagos.
Hace unos días ya se ejecutó una parte del aval, 279.000 euros, y mañana tendría que abonar el resto, 2,7 millones de euros, algo que, de producirse, empeoraría aún más la delicada situación de las arcas del Ayuntamiento. Para frenar este pago inmediato, el consejo general del holding de empresas municipales Innova acordó ayer avanzar las deudas más inmediatas para poder devolver el resto del préstamo de 2,7 millones en 8 o 10 años. Con todo, dan por perdido el dinero. “Tendrá un coste, pero solo podemos actuar así para garantizar que el aval no se ejecute ya”, explicó ayer el alcalde, Carles Pellicer.
Los otros cinco administradores de Shirota provenían de la empresa privada reusense Morella Nuts
Por estas pérdidas es por las que el Consistorio proyecta emprender acciones legales contra los entonces administradores de Shirota Functional Foods, que actuaron con el beneplácito del exalcalde Lluís Miquel Pérez (PSC). La empresa está participada en el 45,8% por el Consistorio a través de diferentes sociedades. En el momento de la firma del aval, entre los administradores actuó como representante del Hospital Sant Joan de Reus Josep Prat; también figuraban Josep Morató (PSC), Ernest París (ICV), Empar Pont (ERC), el expresidente de Tecnoparc Àngel Cunillera —que ya ha sido denunciado por facturar 93.000 euros a la empresa que presidía— y Carles Manté, que hasta hace dos semanas aparte de presidir Shirota Foods, también era el presidente de la corporación de Salud del Maresme y la Selva.
Los otros cinco administradores de Shirota provenían de la empresa privada reusense Morella Nuts. El Ayuntamiento acordó ayer promover la disolución de Shirota Foods y en un futuro cambiar su papel en las empresas participadas por Innova con socios privados, que han llegado a generar un agujero de 88 millones de euros en las cuentas municipales. Así, se apuesta por liquidar la sociedad Tecnoparc, un parque tecnológico al que el Ayuntamiento concedió créditos participativos por valor de más de cinco millones de euros difíciles de recuperar, y fusionarla después con otra empresa de Innova.
El Consistorio también quiere deshacerse de las acciones de las otras dos aventuras ruinosas: Recane, empresa de capital riesgo, y Promimpuls 5C, de turismo. Para salir de esta última, tendrá que pagar 90.000 euros.
Además, dentro de la reestructuración del holding municipal, en las empresas de salud ya se han liquidado los contratos de 23 directivos y despedirán a otros ocho. Las indemnizaciones suman 411.000 euros, que el Consistorio prevé amortizar en menos de un año.