Los sindicatos argentinos protestan en las calles contra el proyecto de reforma laboral que impulsa Milei

Miles de personas se manifestaron este miércoles en las principales ciudades de Argentina contra la reforma laboral que promueve el Gobierno de Javier Milei. La movilización central se registró desde el mediodía en Buenos Aires, frente al Congreso, mientras los legisladores debatían el proyecto que pretende transformar el régimen de trabajo y que se votará cerca de la medianoche. La tensión en las calles fue en aumento y se desbordó cuando un grupo de manifestantes arrojó piedras y bombas molotov contra la policía y esta respondió con gases lacrimógenos y balas de goma. Al menos cuatro agentes antidisturbios resultaron heridos y más de una decena de manifestantes quedaron detenidos, según fuentes oficiales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Oliva, advirtió que quienes atacaron a los policías “enfrentarán todo el peso de la ley”. “No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol”, agregó. La jefa del bloque de senadores del oficialista La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, insinuó que los manifestantes violentos intentaban detener una votación que el oficialismo da por ganada: “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”.

Los disturbios ocurrieron cuando los sindicatos comenzaban a replegar las banderas de una protesta concurrida que hasta ese momento había sido pacífica. “No a la reforma laboral”, se leía en camisetas, pancartas y pintadas hechas en las paredes de la Avenida de Mayo que une la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino, con el Congreso, y que había cortada al tránsito por la manifestación. Los manifestantes marcharon al ritmo de bombos y cánticos contra Milei, mientras en los carritos apostados en los laterales humeaban hamburguesas y choripanes.

“Nunca una reforma laboral de la derecha benefició a los trabajadores”, había escrito sobre una cartulina un jubilado, que aseguraba marchar por sus hijos y por sus nietos. “Este Gobierno nos quiere hacer retroceder de siglo, que sea legal trabajar 12 horas por día sin que paguen horas extras”, lamentaba. “Sean eternos los derechos que supimos conseguir”, se leía en la bandera que sostenían dos docentes universitarias.

La manifestación fue convocada por la mayor organización gremial del país, la Confederación General del Trabajo (CGT). “El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias”, señaló la CGT en la convocatoria. Para la central obrera, se trata de “una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja”.

En la protesta confluyen trabajadores de otras federaciones, como las dos vertientes de la CTA. Pese al reclamo de los sectores más radicalizados, la CGT no llamó a una huelga general. La Confederación de Trabajadores del Transporte sí anunció ceses de actividades que afectarán al transporte aéreo, naval y al metro de Buenos Aires. También paran los empleados del Estado y de otros sectores, como el metalúrgico y el aceitero. De la manifestación participan, además, agrupaciones políticas vinculadas con el peronismo y con la izquierda.

La reforma laboral es el primer gran objetivo de Milei en 2026. Después del triunfo que obtuvo en las elecciones legislativas de octubre pasado, el Gobierno cuenta con una mayor bancada parlamentaria y con más respaldo de otras fuerzas. El proyecto de ley es presentado por el Ejecutivo como una “modernización” del régimen de trabajo que rige, a grandes rasgos, desde 1974, y que el peronismo, hegemónico en los sindicatos, ha sido históricamente reacio a modificar. La promesa de la ultraderecha es que la reforma permitirá reducir la litigiosidad y la informalidad laboral, que hoy afecta al 43% del empleo. Este miércoles se votará en el Senado y, de ser aprobada, pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

Entre otros cambios, la reforma propone aliviar las cargas de las empresas con la reducción de aportes a la seguridad social y la creación de fondos especiales para financiar las indemnizaciones por despido. También prevé habilitar la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas, crear un banco de horas, fraccionar las vacaciones durante todo el año y pagar los sueldos en cualquier moneda, en especie, comida o alojamiento.

Por otro lado, el proyecto incluye varias medidas que debilitarían el poder de los sindicatos. Por ejemplo, supedita el alcance de los convenios colectivos nacionales por rama de actividad a los acuerdos establecidos dentro de cada empresa. En la misma línea, limita el derecho de huelga para determinados trabajos definidos como esenciales.

“Hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia en más de 50 años”, celebró este martes la senadora Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, el partido de Milei. “Es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo”, aseguró Bullrich y precisó que el entendimiento incluye a partidos como el conservador PRO —habitual aliado del oficialismo—, la centrista Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales de distinto signo. La ultraderecha espera contar con el respaldo de 44 de los 72 senadores.

El Ejecutivo tuvo que hacer numerosas concesiones para garantizarse los apoyos suficientes. Según dijo Bullrich, el proyecto original sufrió 28 modificaciones. Los gobernadores provinciales consiguieron que se excluyera una rebaja del Impuesto a las Ganancias, que hubiera implicado una merma de 3 billones de pesos (más de 2.000 millones de dólares) en fondos que son coparticipables, es decir, que se distribuyen entre los 24 distritos federales del país. Los bancos lograrían que se retire la posibilidad de que los trabajadores acrediten sus salarios en billeteras virtuales. También los gremios obtendrían una concesión: el proyecto no incluiría, al menos durante dos años, la eliminación de aportes que realizan trabajadores y empresas a los sindicatos y sus obras sociales.

La principal oposición a la reforma laboral está representada, dentro del Senado, por los legisladores del kirchnerismo. Uno de los referentes nacionales del espacio, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció el martes en rechazo a los cambios impulsados por Milei y anunció que participará de las protestas frente al Congreso. “Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral”, dijo, “es una ley de precarización laboral”.