Revés judicial para Argentina: deberá pagar 1.330 millones de euros a acreedores con bonos atados al PIB

Argentina está obligada a pagar 1.330 millones de euros más intereses a tenedores de bonos que llevaron al país a juicio en el Reino Unido. La Corte Suprema rechazó este martes el pedido del Estado argentino para apelar y dejó así firme el fallo que lo había condenado por daños y perjuicios causados por el cambio de metodología para la medición del PIB para aquellos acreedores que tenían bonos atados al crecimiento de la economía, conocidos como “Cupón PIB”.

La decisión del máximo tribunal británico impide que Argentina pueda revertir el fallo adverso del año pasado y habilita a los demandantes a ejecutar la garantía de 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo como condición para poder apelar. La Cámara de Apelaciones se negó a tratar el caso y, meses más tarde, la Corte Suprema lo ha rechazado también.

En abril de 2023, el Tribunal Superior de Londres dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, poseedores de cerca del 48% de los bonos “cupón PIB”. Ordenó al Estado argentino a pagar 1.330 millones de euros por haber perjudicado a los acreedores cuando modificó la manera de calcular el producto interno bruto (PIB) en 2013. A raíz de ese cambio, Argentina revisó a la baja el crecimiento y, al ser inferior al 3%, evitó pagar un monto extra a aquellos tenedores de estos bonos.

Los “cupones PIB” fueron emitidos en 2005 y 2010 como parte del canje de deuda tras el cese de pagos de Argentina durante la crisis del corralito que explotó en 2001. Una de las cláusulas establecía que si el PIB de Argentina crecía más del 3,3% anual, los acreedores recibían un pago adicional. Tras el cambio metodológico establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Argentina informó de un crecimiento económico del 3,2% en 2013.

El organismo oficial de estadísticas arrastraba por aquel entonces —bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner— un gran descrédito por la manipulación de algunos datos oficiales, en especial la inflación. La entonces directora del Indec, Beatriz Paglieri, fue condenada a tres años de cárcel en agosto por el delito de “abuso de autoridad en concurso ideal con el de destrucción e inutilización de registros públicos”.

Los acreedores del bono “cupón PIB” se presentaron ante la justicia británica en 2019. El rechazo de la Corte Suprema británico a tratar el caso pone punto final a un litigio de cinco años.

Decisión oficial

“El Gobierno de Javier Milei debe decidir si abonará el fallo”, señaló a través de las redes sociales Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors. Maril, uno de los mayores conocedores de los litigios de Argentina en el exterior, consideró que acatar el fallo es clave para “la credibilidad internacional del país, fomentar la estabilidad económica y asegurar la prosperidad nacional a largo plazo”. El analista recordó que en 2014, Kirchner desafío a la justicia estadounidense por el fallo adverso obtenido en el juicio contra los fondos buitre por la reestructuración de deuda y dejó al país en suspensión parcial de pagos. El desembolso de 9.300 millones de dólares ordenado por el juez Thomas Griesa se postergó hasta 2016, con el conservador Mauricio Macri en el poder.

Desde que asumió la Presidencia, el pasado diciembre, Milei ha reiterado que Argentina honrará todas sus deudas, lo que hace pensar que esta no será una excepción. Por el momento, el Gobierno analiza con su equipo de asesores las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema, según informó este martes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El veterano político achacó la responsabilidad del revés judicial a “la manipulación de datos del INDEC durante el gobierno de Cristina Kirchner” y criticó que “las soluciones ‘creativas’ del populismo trajeron consecuencias económicas negativas que generaron el desprestigio del país”.

Argentina tiene pendientes otros juicios internacionales en los que están en juego montos muy superiores. El más importante tiene que ver con una demanda presentada ante la justicia de Nueva York a raíz de la expropiación del 51% de las acciones que la petrolera española Repsol tenía en la compañía YPF en 2012. Los demandantes exigen al Estado argentino una indemnización de 16.000 millones de dólares.

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