Semana negra para Argentina en los tribunales internacionales

Los fondos de inversión han ganado dos batallas en tribunales internacionales en menos de una semana contra Argentina. En el fallo de este miércoles, un juez británico encontró culpable al Estado sudamericano de haber alterado el mecanismo de cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) y, con ese cambio, evitar pagar intereses de deuda vinculados al crecimiento económico. Cinco días atrás, una jueza estadounidense le dio la razón a los demandantes en el juicio abierto por la expropiación de la petrolera YPF y consideró que fueron perjudicados en la operación por haberse incumplido el estatuto de la compañía. En ambos casos, se trata de juicios desencadenados por decisiones económicas tomadas durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En su sentencia, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, ordena a Argentina a pagar 643 millones de euros (704 millones de dólares) en concepto de daños e indemnizaciones a los cuatro fondos demandantes: Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Según Reuters, el juez también dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros (1.460 millones de dólares “en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%”.

Los fondos denunciaron al Estado argentino por los cambios realizados sobre el instrumento financiero conocido como “cupones PBI”. Se lanzó en 2005 para canjear títulos de deuda impagos desde la bancarrota de 2001 y como atractivo contemplaba un desembolso mayor a los bonistas si el crecimiento económico anual de Argentina superaba el 3,2%.

El importante crecimiento de Argentina durante la primera década del siglo hizo que los bonos se convirtiesen en un activo tentador. En 2012 el PIB retrocedió, pero al año siguiente, según la metodología vigente al momento de emisión de los bonos, que tomaba como base los datos de 1993, la economía argentina creció un 4,9%. Sin embargo, el Gobierno modificó la forma de medición y con ese nuevo cálculo, el avance del PIB fue inferior al 3% y, por ende, no se realizó el desembolso previsto, cercano a los 3.000 millones de dólares.

El origen del problema está en la manipulación de las estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) entre 2007 y 2015. El organismo fue intervenido y desde entonces comenzó a subestimar los datos de inflación y a arrojar cifras cada vez más alejadas de la realidad. Esa alteración estadística comenzó a desvirtuar otras mediciones, como la de la pobreza, que dejó de publicarse en 2013, y la del PIB. En este último caso, las estadísticas mostraron un crecimiento ininterrumpido de la economía entre 2003 y 2011, incluso en 2009, cuando estalló la crisis global de Lehman Brothers, con un avance del 0,5%. Al revisar los datos con la nueva metodología, se vio que ese año el PIB de Argentina se contrajo un 5,9%.

Los demandantes argumentaron que Argentina tenía propensión a manipular los datos económicos para ahorrar millones de dólares. Obviaron, en cambio, que el fraude estadístico los benefició en años anteriores al sobreestimar el crecimiento del PIB.

El Estado argentino puede apelar la sentencia, pero existe otra denuncia similar en Estados Unidos presentada por el fondo Aurelius. El juicio podría comenzar a final de año en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

Juicio por la expropiación de YPF

Ese tribunal es el mismo que el viernes pasado falló también contra Argentina en una causa vinculada a la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, cuando estaba bajo control de la petrolera española Repsol. La jueza Loretta Preska dio la razón al fondo Burford Capital y sostuvo que tiene derecho a una indemnización por parte del Estado sudamericano “por incumplimiento de contrato”. El monto de esa indemnización deberá resolverse en otro proceso judicial.

Burford había acusado al Estado argentino y a YPF de incumplir el estatuto de la petrolera, que obligaba a quien comprase más del 15% de la empresa a ofrecer el mismo valor a todos los accionistas y no sólo a Repsol. El demandante alegó además perjuicio porque al nacionalizar la compañía el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre la petrolera española y el Grupo Petersen de Argentina, que poseía el 25% de YPF. Esa decisión provocó que empresas de este grupo controlado por la familia Eskenazi se declarasen en quiebra. El fondo estadounidense adquirió el proceso de quiebra de ambas compañías, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, e inició una demanda ante los tribunales neoyorquinos.

En su fallo, la jueza Preska declaró culpable al Estado argentino, pero eximió de responsabilidad a YPF. La indemnización, que según los demandantes oscilará entre los 8.000 y los 20.000 millones de dólares, supondrá un notable daño patrimonial al Estado.

El revés judicial de este miércoles provocó caídas de hasta el 5% de los bonos argentinos en los mercados internacionales, aunque se redujeron a cerca del 2% al cierre de la jornada bursátil. El riesgo país, que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos frente al resto de los países, se situó en 2.432 puntos, un 3,4% más que un día antes.

Los fallos suponen un varapalo para la coalición gobernante, el Frente de Todos. Tanto la expropiación de YPF en 2012 como la decisión de cambiar la forma de medición del PIB en 2014 se realizaron durante el segundo mandato de Kirchner. La exjefa de Estado, hoy vicepresidenta, mantiene una pulseada con Alberto Fernández de cara a las candidaturas del peronismo para las elecciones del próximo octubre. También perjudica al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien jugó un rol clave en los hechos denunciados como secretario de política económica, primero, y titular de la cartera, después.

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