Javier Milei y el Congreso argentino se llevan pésimo, pero a veces...

Recién asumido, el presidente Javier Milei envió un megaproyecto de ley y se lo esquilmaron hasta que lo retiró. Envió otro proyecto, reducido, y se lo acotaron aún más. Luego propuso una reforma electoral y fracasó, también. Y durante los últimos 10 días, senadores y diputados lo desafiaron múltiples veces, en la que probablemente sea la peor semana legislativa del Gobierno, aunque el panorama se pondrá peor: los legisladores definirán si rechazan o aceptan la nominación de un candidato de Milei para la Corte Suprema. Si lo rechazan, pierde Milei; si lo aceptan, gana “la casta”.

La postulación del muy controvertido juez federal Ariel Lijo para sentarse en una de las cinco sillas del máximo tribunal del país puede terminar en un traspié mayúsculo para Milei, mucho mayor a todos los anteriores, aunque el libertario confía en que logrará su cometido. Sería un logro sustancial para su gestión y para “la casta” que él afirma detestar, con consecuencias que se extenderían mucho más allá de los cuatro u ocho años que el libertario pueda permanecer en la Casa Rosada. Porque dada su edad, Lijo podría perdurar en la Corte durante casi dos décadas, hasta cumplir los 75 años.

Para que Lijo ascienda a la cúspide del Poder Judicial argentino, sin embargo, Milei necesita que los mismos senadores a los que agravia e insulta una y otra vez le concedan una mayoría circunstancial de dos tercios de los legisladores presentes al momento de votar. Requiere para eso que los legisladores omitan el destrato que les propinó cuando asumió la Presidencia el 10 de diciembre y al inaugurar las sesiones del Congreso, el 1 de marzo. Si eso ocurre –y es todavía una pregunta abierta–, será porque los senadores actuarán movidos por sus propios intereses más que para satisfacer los deseos del libertario.

Los datos están allí, disponibles para quienes quieran verlos.

Primero, Milei insultó e insulta cada vez que puede a los legisladores, a los que les enrostra integrar una “casta” aislada de la realidad y de la sociedad.

Segundo, Milei se convirtió en el primer Presidente en ejercicio al que la Cámara de Diputados le rechazó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) desde el retorno de la democracia en 1983. ¿Cuál DNU? El que aumentaba en 100.000 millones de pesos –algo menos de 100 millones de dólares– los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Tercero, la oposición también aprobó en Diputados un proyecto de ley que, de ser aprobado también en el Senado, garantizaría el financiamiento presupuestario de las universidades públicas; Milei promete vetarlo si eso ocurre.

Cuarto, la oposición asumió las riendas de la estratégica Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un bastión clave.

Quinto, el Senado aprobó este jueves, también con dos tercios de los votos, el proyecto que fija una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, Milei ya dijo que lo vetará, aunque eso podría malquistarlo con esos mismos senadores a los que ahora necesita.

En semejante contexto legislativo, el Presidente quiere que Lijo llegue a la Corte. Lo impulsa aunque las estadísticas oficiales le adjudican los peores índices de eficiencia y celeridad –en particular en investigaciones sobre corrupción– de los tribunales federales porteños, los sondeos muestran que sólo entre el 12 y el 19 por ciento de los encuestados creen que sea un buen candidato, acumuló 32 denuncias ante el Consejo de la Magistratura y 328 impugnaciones –por su desempeño, su catadura moral, su incremento patrimonial o su formación académica–, y hasta se opuso la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al igual que el expresidente Mauricio Macri.

Pese a todo esto, el cuestionado candidato puede llegar a la Corte. Por un lado, porque el mismo Congreso ya mostró que en determinadas circunstancias puede darle el visto bueno a deseos de Milei –como cuando aprobó el más acotado proyecto de ley “Bases” o cuando Diputados declaró “servicio estratégico esencial” a la educación, la semana pasada–. Por el otro, porque el propio Lijo desarrolló una campaña silenciosa para seducir senadores, y buscar apoyos entre gobernadores, jueces, fiscales y empresarios, hasta acumular 3500 adhesiones, y el silencio –¿validatorio? ¿calculador? ¿cínico?– de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau.

Tan ajustada viene la votación, que el radicalismo cambió a un miembro de la Comisión de Acuerdos para favorecer a Lijo. Reemplazó, sin avisarle, a un senador que había anticipado que votaría en contra en la comisión por otro dispuesto a apoyar al Gobierno porque la provincia a la que representa –Corrientes– necesita a su vez la benevolencia de la Casa Rosada. Es decir, un toma y daca típico de la política. O, en términos mileístas, muy propio de “la casta”, acomodaticio y muy lejos de la refundación institucional que prometió Milei.

Así las cosas, el mismo Presidente que insulta y denuesta a “la casta” en cada ocasión que se le presenta, aplica ahora métodos de “la casta” para que “la casta” eleve a la Corte Suprema a alguien que como juez protege a “la casta”. Más “casta” no se consigue.

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