El Congreso argentino le depara una semana negra al Gobierno de Milei

El Congreso le marcó a Javier Milei los límites de su poder. Este jueves, la Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley, por amplia mayoría, una nueva fórmula de actualización de las pensiones que revirtió el ajuste previsional decretado por el presidente ultraderechista. Tras la aprobación, Milei anunció que vetará la norma, pese al vasto apoyo político que la respaldó. Fue la tercera derrota consecutiva del Ejecutivo esta semana en el Parlamento: la Cámara de Diputados había rechazado el miércoles otro decreto de Milei y el día anterior el oficialismo había perdido la conducción de una comisión bicameral clave. En los tres casos, el resultado fue la expresión de acuerdos alcanzados por la oposición más dura con los partidos hasta ahora aliados del Gobierno.

El recorte del gasto público que viene ejecutando la motosierra de Milei para lograr el superávit fiscal se basa en un 30% en el ajuste de los haberes jubilatorios —según diagnosticó la Oficina de Presupuesto del Congreso—. Si bien el presidente había fijado por decreto a fines de marzo aumentar las jubilaciones siguiendo la evolución de la inflación, había excluido una compensación total de la pérdida sufrida por los haberes durante los primeros meses de su administración, cuando la inflación se disparó solo en diciembre al 25% mensual.

Tras la media sanción de la Cámara de Diputados en junio pasado, el Senado aprobó por dos tercios de los votos un esquema que anula el decreto de Milei. El resultado fue apabullante: 61 senadores votaron a favor y solo ocho en contra. En la mayoría confluyeron el peronismo kirchnerista, principal fuerza opositora, con bloques que han apoyado distintas iniciativas del Gobierno, como la Unión Cívica Radical, el PRO del expresidente Mauricio Macri, el peronismo disidente y otras fuerzas provinciales. Los votos en contra fueron del partido oficialista, La Libertad Avanza, con apenas un aliado.

La nueva ley aprobada mantiene la actualización mensual de las jubilaciones atada al Índice de Precios al Consumidor, pero aumenta los haberes en un 8,1% —para compensar lo que habían perdido—. También establece un piso mínimo —no podrán ser inferiores a 1,09 canastas básicas por adulto— y prevé un incremento anual extra si los salarios registrados superan a la inflación. Se estima que implicaría un gasto adicional anual equivalente al 0,45% del PBI.

“El objetivo es mejorar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Ese es el corazón del proyecto”, explicó al inicio de la sesión el senador Mariano Recalde, del bloque kirchnerista Unión por la Patria. “Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que un acto de justicia mínima”, señaló el radical Martín Lousteau, quien destacó que “desde 2017 las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% del poder adquisitivo”.

El anuncio del veto

El Gobierno intentó hasta último momento evitar la aprobación. Cuando quedó claro que fracasaría, buscó que se introdujeran cambios, para que el debate volviera a Diputados. No lo consiguió.

Horas después de la sesión, casi a la medianoche, la Oficina del Presidente anunció que Milei vetará la ley. El comunicado del Ejecutivo consideró que la norma “tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”. Y cargó contra del Poder Legislativo: “En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”.

Al vetar la ley, Milei correrá el riesgo de que el Congreso refrende su aprobación y deje más expuesto al Ejecutivo. Para eso, ambas cámaras legislativas necesitan dos tercios de los votos. Tanto en Diputados hace dos meses como este jueves en el Senado la ley de movilidad jubilatoria contó con ese respaldo. Una opción más moderada que se evaluaba en la Casa Rosada era dictar un veto pero parcial, de algunos aspectos de la ley, y negociar un acuerdo con la oposición dialoguista.

Golpe a golpe

La sesión del Senado cerró una semana negra para Milei en el Congreso. Todo lo que podía salirle mal se concretó. El martes, una alianza eventual entre peronistas y radicales le había quitado al oficialismo la posibilidad de presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia: al frente del organismo que se ocupa de controlar a la central de espías y sus recursos fue nombrado el senador Lousteau, un representante de los sectores de la UCR más alejados del presidente.

El segundo golpe para el oficialismo lo había asestado el miércoles la Cámara de Diputados. Con 156 votos a favor y solo 52 en contra, los diputados tumbaron un decreto de Milei que aumentaba los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100.000 millones de pesos (unos 100 millones de dólares, al cambio oficial). Se trataba de fondos reservados, por los que no se deben rendir cuentas.

Una de las claves de las tres derrotas sufridas por el Gobierno fue el rol del PRO, el partido de Macri. Hasta el momento, el expresidente se había mostrado como un aliado de Milei, aunque sin incorporar a sus equipos en la administración ultraderechista. En las últimas horas, habría habido un encuentro entre ambos y habrían ratificado su mutua sintonía. Macri se ha ocupado de hacer saber que su malestar no apunta al presidente, sino a su entorno.

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