Un fallo judicial exige al Gobierno de Milei que envíe alimentos a los comedores populares
El Estado argentino no distribuye bolsas de comida desde la asunción del presidente, en diciembre pasado
Como parte de su disputa con las organizaciones sociales que representan a desocupados y trabajadores informales, el Gobierno de Javier Milei no entrega alimentos a los comedores populares desde que comenzó su mandato, en diciembre pasado. Desde esa fecha, permanecen en depósitos del Estado al menos 5.000 toneladas de comida compradas por el Gobierno anterior. En un contexto de crisis económica y pobreza creciente, la Justicia le ordenó este lunes al Ejecutivo que distribuya “de modo inmediato” los alimentos entre los comedores. Pero la Casa Rosada anunció que apelará el fallo.
Los datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) indican que en Argentina más del 41% de la población era pobre o indigente a fines de 2023. Hoy, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza trepó al 57,4% de la población y el 32% de niños y adolescentes sufre carencias alimentarias. Los comedores populares se multiplicaron en los últimos años para ofrecer alimentos gratuitos a los sectores pauperizados. Si bien en el registro público hay más de 40 mil inscriptos en todo el país, hasta el año pasado había 4200 comedores matriculados y, de esos, 2314 recibían asistencia estatal.
Ante la suspensión del envío de alimentos que venía realizando el Estado —en el marco de planes vigentes para combatir el hambre—, las organizaciones sociales que administran comedores realizaron múltiples reclamos administrativos y también protestas públicas. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien tiene a cargo la distribución de alimentos, fue denunciada por el incumplimiento de sus deberes como funcionaria.
En esa causa, un juez dispuso este lunes que Capital Humano “detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos” —el Gobierno ya admitió que en dos hay cinco mil toneladas de productos no perecederos— y le concedió 72 horas para que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”. Al argumentar su decisión, el juez Sebastián Casanello consideró que “el derecho fundamental a una alimentación adecuada, reconocido y protegido internacionalmente y al que el país le ha dado jerarquía constitucional, impone claramente el deber del Estado de garantizar su efectividad de manera integral, pues no hay vida sin salud y no hay salud sin derecho a la alimentación”.
“Vamos a apelar”
El Gobierno intentará revertir la decisión del juez. “Vamos a apelar”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sostuvo que “la Justicia no se puede entrometer en la política pública” y agregó que “estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, esto pasa en el resto de los países del mundo”, remarcó. La semana pasada, al conocerse la existencia de los depósitos con comida sin distribuir, Adorni había dado otra explicación: había asegurado que el reparto se había frenado porque según “las auditorías que ha hecho la ministra Pettovello, un buen porcentaje de los comedores” a los que el gobierno anterior enviaba alimentos “no existían o eran truchos (fraudulentos) o no tenían la cantidad de gente que decían tener”. El Gobierno de Milei ya denunció a dirigentes de diversas organizaciones sociales por supuestas coacciones e irregularidades en el manejo de los alimentos que intermediaban hasta el año pasado, bajo el gobierno del peronista Alberto Fernández.
“Cuéntenla como quieran, inventen relevamientos truchos, sigan con sus falsas generalizaciones, pero la única verdad es la realidad: ustedes le sacaron la comida a la gente. Respeten la resolución judicial”, le reclamó al Gobierno el dirigente social Juan Grabois, quien presentó la denuncia contra la ministra de Capital Humano. Grabois detalló que “la mercadería acaparada en los galpones está exclusivamente destinada a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios”, de acuerdo con los convenios de adquisición firmados por el Estado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aportantes de fondos para los programas contra el hambre. Además, el dirigente de Patria Grande recordó que, aparte, con otra normativa y otro financiamiento, existe un programa de asistencia por situaciones de emergencias climáticas y catástrofes naturales o accidentales.
La Iglesia católica se pronunció sobre la controversia con un claro reclamo al Gobierno. “Nos hemos enterado de la existencia de dos depósitos que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados”, dijo el domingo último el obispo Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. “No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados”, pidió.
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