Milei amenaza con quitar las ayudas sociales a quienes corten la calle para protestar

La tensión va en aumento en Argentina en vísperas de la primera protesta convocada contra el Gobierno de Javier Milei. El plan de mano dura del presidente contra las manifestaciones se pondrá a prueba este miércoles, cuando organizaciones de izquierda marchen a la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires contra el recorte de 20.000 millones de dólares de gasto público. El Ejecutivo, liderado por el ultraderechista, ha anunciado que las fuerzas de seguridad actuarán ante cualquier corte de calle “hasta dejar completamente liberado el espacio de circulación”. Una medida que la oposición considera una “criminalización de la protesta”. Este lunes, desde el Ministerio de Capital Humano, se redobló la amenaza: retirar toda ayuda social a quien corte una calle. Diputados opositores manifestaron que se trata de una medida inconstitucional y la denunciaron ante la Justicia.

“El que corta no cobra”, advirtió la ministra de Capital Humano, que incluye en sus atribuciones la ayuda social, Sandra Pettovello, en un breve mensaje difundido a través de las redes sociales oficiales. Sus palabras se dirigen a la población más vulnerable, que depende de los planes sociales para sobrevivir, para amedrentarlos y, además, inaugurar una nueva desigualdad entres las clases sociales: cortar una calle en la Argentina presidida por Milei tendrá un riesgo más alto para los pobres que para los ricos.

Los argentinos de bien a los que se dirige siempre Milei no cortan calles, parece decir entre líneas un mensaje que tiene memoria selectiva: durante la pandemia, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó y alentó protestas contra el largo confinamiento decretado por el Gobierno peronista y el escándalo del vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud.

En su breve mensaje, Pettovello señaló que “si bien es un derecho manifestarse, también lo es el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”. La movilización del miércoles está convocada por la tarde, cuando la mayoría de los argentinos regresa a sus hogares, pero, al margen del horario, la idea es mantener una política de tolerancia cero hacia los que incumplan el nuevo protocolo. Este obliga a manifestarse en la vereda en vez de marchar por la calle, como es habitual en Argentina.

El Gobierno espera un aumento de la conflictividad social por el deterioro económico que provocará su plan de ajuste del 5% del PIB para 2024, equivalente a unos 20.000 millones de dólares. Se prevé más inflación, más hambre y más pobreza. Pero ya desde antes, las protestas en Buenos Aires eran casi cotidianas. Cualquiera que haya paseado por los alrededores del Obelisco, la Plaza de Mayo o frente a los ministerios (ahora secretarías) de Trabajo y Desarrollo, es posible que encontrase alguna manifestación que obligaba a desviar el tránsito.

Milei quiere que deje de ser así, al igual que muchos de los que lo votaron, y exige que manifestantes respeten el paso de los automóviles y las señales de tránsito. Sin embargo, las nuevas reglas serán todavía más difíciles de cumplir en el caso de movilizaciones multitudinarias, como la del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer o la del 24 de ese mismo mes, cuando miles de personas se manifiestan contra la dictadura, en el aniversario del último golpe de Estado.

Organizaciones de derechos humanos advierten de que el nuevo protocolo de seguridad ataca el derecho a la protesta y persigue la organización social y política. “Más que una limitación del uso de la fuerza policial, hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, denuncia el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS).

Más del 40% de pobres

Desde que asumió la Presidencia, el 10 de diciembre, Milei ha reiterado que se mantendrá firme en su plan para transformar Argentina. “Se van a encontrar un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita”, señaló en su discurso de investidura. La cabeza visible de la represión de las protestas será Bullrich, quien ya encabezó la cartera de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Su trabajo será más fácil cuanta menos gente participe en las marchas, por lo que el Ejecutivo concentra sus esfuerzos en amenazas como la de este lunes.

El 40,1% de la población argentina es pobre y uno de cada dos habitantes del país recibe algún tipo de asistencia estatal, ya sea de forma directa o a través de una organización, según el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El Gobierno de Milei eliminará esa intermediación para restar poder a las organizaciones. Una medida que se toma basándose en uno de los estereotipos más extendidos sobre los beneficiarios de ayudas: que son acarreados a la fuerza a las manifestaciones. De lo contrario, creen, no protestarían. “Nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan”, señaló la ministra. Para asegurarse de que es así, suspenderán el control de los certificados de presencialidad que presentan las organizaciones sociales, una decisión contraria a la exigencia de presencialidad plena para todos los empleados públicos.

Además, la ministra de Capital Humano usó el miedo para desalentar la participación de menores en las protestas. “Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar”, advirtió. Para el CELS, el Gobierno de Milei “criminaliza a madres y padres que demandan mejores condiciones para sus familias y excluye [del derecho a la protesta] a quienes están a cargo de su cuidado”.

Denuncias anónimas

El mensaje de Pettovello se reprodujo en canales y redes sociales del Gobierno y, de forma abreviada, también en la aplicación oficial de Mi Argentina. “Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley vamos a cuidarte”, comienza la comunicación gubernamental en la app. Desde allí, el Ejecutivo anima a denunciar de forma anónima al 134 a cualquier persona a la que amenacen con retirarle la ayuda si se niega a cortar vías públicas. Termina con una felicitación que, en este contexto, es más bien una advertencia velada: “Que tengas una Navidad y un fin de año en paz”.

Lejos de calmar las aguas, las declaraciones del Gobierno crisparon los ánimos en la recta final de 2023. “Vamos todos a la calle”, arengó Eduardo Belliboni, uno de los referentes de la organización Polo Obrero. La elección de la fecha no fue al azar: el 20 de diciembre está asociado en la memoria de los argentinos a las grandes manifestaciones de 2001, que dejaron un saldo de 39 muertos y medio millar de heridos durante la crisis del corralito. Desde entonces, diciembre ha sido siempre un mes muy caliente en el calendario argentino y varios años se han registrado saqueos en supermercados.

Belliboni subrayó que las ayudas sociales ya están en riesgo por la inflación galopante, que es del 160% interanual y no deja de crecer. De continuar así, en pocos meses Argentina superará a Venezuela como el país con la mayor inflación mundial. “Los planes están congelados, así que no es que los van a dar de baja producto de que alguien se movilice, lo cual es ilegal porque las personas tienen derecho a manifestarse bajo cualquier circunstancia, sino que van a desaparecer producto del proceso inflacionario”, señaló.

Por su parte, los diputados del Frente de Izquierda optaron por plantar cara desde el frente legal. Este lunes solicitaron una medida cautelar ante los tribunales para que suspenda y declare inconstitucional el protocolo de Bullrich contra las protestas. A la espera de la palabra del Poder Judicial, el miércoles se verá la capacidad de movilización callejera de la izquierda y la respuesta del nuevo Gobierno.

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